 |
| Imagen www.vtv.gob.ve |
Lo de golpear a la democracia
cuando ésta no conviene es algo que data desde la propia implementación de las
reglas democráticas. En Venezuela, esta práctica se ha repetido insistentemente
desde que Hugo Chávez ganara las elecciones de diciembre de 1998. Se han
producido tantas modalidades de intentos de golpes de Estado que sería preciso
denominar a este fenómeno como golpismo del siglo XXI como estrategia
antidemocrática para buscar derrocar al socialismo bolivariano del siglo XXI.
Cada batalla que se pierde en las urnas se procura ganar por otra vía.
Mirando las estadísticas electorales, uno puede explicar por qué ese
comportamiento entre aquellos que nunca estuvieron acostumbrados a perder
durante tanto tiempo. Es lo que tiene el cambio de época en Venezuela (y en
muchos otros países de América latina): lo que antes era hegemonía es ahora
sustituida por otra, en la que el pueblo decide otro modelo
social-económico-político, con otro sentido común, otros significantes y
léxicos, otras preferencias. Y este cambio de época también parece haber
provocado que la oposición no acepte ni entienda que son ellos los perdedores
en cada cita electoral; una especie de autoengaño como mecanismo de defensa y
rechazo psicológico a aceptar la nueva realidad, 18 derrotas electorales de 19
convocatorias en los últimos años.
El año 2002 fue el primer capítulo de esta serie, golpismo del siglo
XXI, que lleva ya demasiadas temporadas. Primero, en abril, golpe al estilo
clásico, y luego, golpe petrolero en diciembre del mismo año. Ni lo uno ni lo
otro fueron fructíferos. A partir de ese momento, continuó el empeño en la
misma tarea pero de distintas maneras. Acudieron al revocatorio (año 2004) pero
tampoco les funcionó. Y así siguieron con esta labor copiando viejas fórmulas
y/o reinventando nuevos métodos más afines a los nuevos tiempos. La muerte de
Chávez abrió más –aún– el apetito golpista opositor. Después de perder en
octubre contra Chávez (por 11 puntos de diferencia) en 2012, buscaron derrotar
a Maduro en abril 2013, pero tampoco pudo ser. Nueva derrota. Como la eficacia
electoral brillaba por su ausencia, se tuvo que acudir a los viejos manuales de
desestabilización, de golpe a cámara lenta, de guerra económica. Marco ideal
para plantear un plebiscito inconstitucional: las elecciones municipales como
revocatorio contra Maduro. También lo perdieron a fines de diciembre de 2013.
¿Y después? Operación La Salida; un término claro pero inexistente en la
Constitución actual. La propuesta opositora, encabezada por el trío Leopoldo
López-María Corina Machado-Antonio Ledezma, no dio los frutos esperados pero sí
muchas muertes cosechadas. Las guarimbas (como disturbios violentos y cierres
arbitrarios de las calles) fueron rechazadas por la mayoría de los venezolanos
como así lo ratificó la encuestadora no oficialista Datanálisis. Finalmente,
tampoco tuvo lugar esa salida.
Este año, en una nueva temporada, el golpismo del siglo XXI busca cómo
hacer y qué provocar, para que se pueda lograr el cambio que nunca es
ratificado en las urnas. Después de tanta experticia, la oposición ha decidido
introducir todo a la vez en un mismo cóctel a modo de tormenta perfecta: más
guerra económica adentro, más presión económica internacional afuera, más
guarimbas, y a ello se suma el viejo manual de golpismo buscando a militares
que se den la vuelta con el apoyo de los Estados Unidos desde afuera. Así, lo
último sucedido ha sido el intento de golpe revelado recientemente (Operación
Jericó) en el que supuestamente ha estado involucrado el alcalde metropolitano
de Caracas, Ledezma, según las primeras indagatorias oficiales, siendo éste el
motivo de su detención.
Aunque los focos mediáticos han centrado su atención en el debate sobre
la legalidad o no de la detención de Ledezma, lo que realmente debe estar en un
primer plano es algo infinitamente más importante: la exigencia, demanda y
alegato a favor de la transición con absoluta irresponsabilidad constitucional,
por parte del señor Ledezma y aquellos que firmaron el 11 de febrero el llamado
“Acuerdo Nacional para la Transición”. Esta nueva versión de La Salida, ahora
llamada transición, sin apelar a las urnas ni a una consulta ciudadana, es
verdaderamente el objeto de la disputa. He aquí la cuestión: transición o no
transición. La transición, como tal, no es un término válido en la Constitución
actual. En Venezuela no hay instrumento legal que permita una transición
posible por fuera del cauce electoral; lo que hay es posibilidad de ir a
elecciones (presidencial, asamblea, etc.) para que se pueda proceder a una
transición política si así lo desea la mayoría ciudadana. Es tan así que cuando
se hace el simple ejercicio de buscar la palabra transición en la Constitución
Bolivariana, sólo aparece una vez, en la Disposición Transitoria decimoséptima
(La circulación de monedas acuñadas y billetes emitidos con el nombre de
“República de Venezuela” estará regulada por la reforma de la Ley del Banco
Central de Venezuela contemplada en la Disposición Transitoria cuarta de esta
Constitución, en función de hacer la transición a la denominación “República
Bolivariana de Venezuela”). Nada que ver con el sentido de transición que viene
procurando instalar la oposición como demanda, no constitucional. Y tampoco
nada que ver con la declaración de Psaki, directora de comunicaciones de la
Casa Blanca, que dejó claro que EE.UU. “no apoya una transición política en
Venezuela por medios no constitucionales”. Error, porque no hay transición
legal existente por vía constitucional en Venezuela, sino que hay que hacer
aquello que realmente no pueden ni quieren hacer, esto es, ir a las urnas, y
esperar que el pueblo mayoritariamente apoye una opción no chavista para el
futuro del país. Hasta el momento, la transición única posible avalada por la
mayoría venezolana es la transición al socialismo del siglo XXI a pesar del
constante golpismo del siglo XXI.
* Director de Celag, @alfreserramanci
Publicado en página12
No hay comentarios:
Publicar un comentario