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El accionar del juez municipal norteamericano Thomas Griesa no deja de
sorprender. Una de sus últimas originalidades fue la de autorizar por segunda
“única vez” al Citibank de Argentina a girar a los acreedores los 5 millones de
dólares que le depositó el Estado argentino para cancelar los vencimientos
asociados a los bonos Par. En la primera “única vez”, la autorización tuvo como
justificación la imposibilidad del Citibank de distinguir los bonos
pertenecientes a los acreedores que ingresaron al canje 2005 y 2010 de los
emitidos como indemnización a Repsol por la expropiación de la mayoría
accionaria de YPF. En esta segunda “única vez”, los argumentos fueron más
confusos pero cercanos a admitir una diferenciación entre los bonos de acuerdo
con su ley de emisión.
Vinculado con esto último, lo
particular del caso es que el juez Griesa se encuentra decidiendo sobre la
cadena de pagos de un bono emitido bajo ley argentina, donde el “contrato argentino
no es con el Citibank Nueva York, es con el Citibank Argentina, (que) es un
banco argentino que está aprobado por el Banco Central, o sea sometido a la
legislación argentina”, como señaló el ministro Kicillof. Es decir, el juez
norteamericano se arroga el derecho de intervenir sobre una operación económica
realizada en territorio argentino, bajo ley argentina y donde sólo intervienen
actores económicos argentinos.
Al respecto, la ley 21.382 de
inversiones extranjeras indica en su artículo 20 que “los actos jurídicos
celebrados entre una empresa local de capital extranjero y la empresa que
directa o indirectamente la controle u otra filial de esta última, serán
considerados, a todos los efectos, como celebrados entre partes
independientes”. Esa legislación, sancionada en tiempos de la última dictadura
militar y aún vigente, buscó dar un marco de impunidad al accionar del capital
extranjero en nuestro territorio. Amparadas en ella, las casas matrices de los
bancos extranjeros se excusaron de respaldar a sus filiales locales para
devolver los depósitos en dólares en tiempos del corralito. Es más, en lugar de
capitalizarlos, las casas matrices se llevaron los pocos dólares que tenían en
el marco de la crisis de la convertibilidad, girando el Citibank unos 91 millones
al exterior como utilidades entre enero y septiembre del 2001.
La primacía de la ley argentina
sobre el accionar de las filiales de empresas extranjeras que actúan en nuestro
territorio, por sobre la legislación extranjera que regula a la casa matriz en
su país de origen, tiene un precedente lejano en los tiempos del tercer
gobierno de Juan Perón. En su política de entablar relaciones comerciales con
Cuba desafiando el bloqueo norteamericano, el entonces ministro Gelbard acordó
la exportación a la isla de automóviles producidos por las filiales locales de
Ford, Chrysler, GM, sentando un precedente internacional en la materia. En
palabras de propio Fidel Castro: “¿quién debe decidir esa cuestión? ¿El país
donde operan las empresas, o el país donde están las casas? Es un problema de
soberanía lo que se discute..., en ningún caso anterior se habían visto en una
situación política como la de la Argentina, porque negar el permiso en este
momento habría constituido un de-safío muy serio y muy grave a la soberanía de
Argentina. Digamos que es la primera vez que se presenta esta situación en que
un país con una actitud política toma una decisión por la que las empresas se
ven en la necesidad de acatar la política del Departamento de Estado o acatar
la política del país donde residen” (Revista Crisis, junio 1974).
*Publicado en Página12 / Suplemento Cash
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