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Son
más de catorce años perdiendo elecciones tras múltiples candidaturas,
intentos de golpes de Estado, paros petroleros y otras tantas
estrategias de desestabilización. La última, del 14 de abril, fue la
gota que colmó el vaso para ciertos poderes económicos y sus
representantes políticos en Venezuela. Esta última vez, no se perdió
contra Chávez, sino contra el chavismo. Maduro ganó contra un Capriles
que sigue sin asumir dos medallas de plata consecutivas. El flanco
electoral, por tanto, no parece fructífero para derrocar a este gobierno
y, en consecuencia, los guardianes del capitalismo neoliberal han
optado por un significativo cambio táctico: profundización de la guerra
económica contra el pueblo venezolano.
El plan se centra en
desabastecimiento y escasez, acompañados de una campaña comunicacional,
interna y externa, para procurar crear las condiciones objetivas y
subjetivas, en formato de tormenta perfecta, para atestar el golpe a la
democracia que derribe al gobierno chavista. A ello cabe sumarle dos
conocidas armas de destrucción masiva: inflación y dólar. Esta maniobra
multinivel, “desabastecimiento-inflación-dólar-medios”, pretende
constituir un virtuoso circulo vicioso que logre la profecía
autocumplida: situación insostenible (El País), para que inevitablemente
tenga lugar un estallido social/rebelión popular (La Nación) con peleas
y muertes por los alimentos (Clarín).
Cuando la democracia se traduce a su máximo esplendor, los
oligopolios privados no están del todo satisfechos. La Venezuela para
todos deseada e impulsada por la revolución bolivariana es realmente lo
opuesto al patrón económico que Capriles (y compañía) defiende. El
chavismo logró marcar una línea divisoria entre dos modelos: una
economía capitalista (neoliberal) versus la economía socialista
bolivariana. La primera alternativa es la economía de mercado, del
capital, del vivir mejor concentrados para unos pocos, de las décadas
pérdidas. La propuesta chavista es la otra: una economía de pueblo, de
riqueza social distribuida, de la década ganada. De esta discordia surge
i- nexorablemente la disputa. En el campo electoral, siempre se dirimió
en las urnas a favor de la opción chavista. Sin embargo, en el plano
económico, aún la oligarquía económico-financiera no está dispuesta a
bajar los brazos y por ello actúa atentando contra los principios
democráticos más fundamentales.
Nadie cuestiona que la revolución bolivariana tiene todavía grandes
desafíos económicos estructurales para hacer sostenible este proyecto
emancipador: una revolución fiscal, una gestión eficiente, un cambio de
la matriz productiva. Estas políticas, ya fijadas en el Plan de la
Patria 2013-19, sin duda permitirán controlar la inflación, mejorar la
gestión del dólar y coadyuvar en la provisión de los bienes y servicios
que el pueblo exige. Sin embargo, no sólo son necesarias esas políticas,
sino que se necesita poner freno a la guerra económica que viene
desempeñando gran parte de la concentrada estructura empresarial
privada. La yihad capitalista contra el pueblo venezolano no tiene fines
inmediatos de mejorar su tasa de ganancia siendo capaces de acaparar
sin vender, sino que el fin es tener una mayor rentabilidad en cuanto a
poder político. La clave es que apuestan a un plan de desgaste en las
próximas municipales, para procurar el asalto completo en las
legislativas y/o revocatorio del 2015. Y para ello la inflación es un
mecanismo ideal, en forma de golpe de mercado, para reemplazar a los
golpes militares que tumban gobiernos democráticos. Es cierto que los
precios son altos, más de lo deseado, pero igualmente cierto es que la
inflación es una cuestión heredada; la inflación promedio de las décadas
neoliberales (34 por ciento) es superior a la década chavista (22 por
ciento). La inflación no se explica por las políticas expansivas de
gastos, sino por la estructura oligopólica. Pero además, la inflación
esta íntimamente relacionada no con la escasez de dólares, sino con el
acaparamiento/fuga de los mismos por parte de quienes hubieron de
emplearlos en la importación de bienes necesarios para la población.
A la oposición chavista, partidaria y empresarial, nacional e
internacional, le molesta que Venezuela no esté aislada; que sea miembro
pleno de Mercosur; que China sea su gran aliada; que crezcan las
relaciones económicas con Rusia, India e Irán; o que ahora sea Unasur o
Celac donde se toman decisiones regionalmente. Les molesta que no puedan
pedir auxilio al FMI, a los Estados Unidos, o acudir al Ciadi para
tener que dirimir sentencias a su favor. Les molesta que la democracia
sea eso, democratización también de la economía. Como canta Carlos
Puebla, “aquí pensaban seguir ganando el ciento por ciento”.
* Doctor en Economía.
Publicado en Página12
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