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| Imagen www.argentina.ar |
La AFIP allanó esta semana la firma Dart
Sudamericana SRL, perteneciente a Kenneth Dart, dueño también del fondo
buitre que se encuentra litigando en Nueva York contra nuestro país por
la cuestión de la deuda. Se trata de la filial local de la mayor empresa
de vasos térmicos de Estados Unidos, con sede en paraísos fiscales, y
que desarrolla sus actividades en 17 países. La AFIP sospecha que la
firma habría realizado maniobras de sobrefacturación de importaciones
para fugar divisas al exterior, y operaciones para reducir los pagos del
Impuesto a las Ganancias. Fugar divisas y evadir impuestos no es otra
cosa que una forma de saqueo de riquezas y trabajo argentino, aunque se
realice con un suave guante blanco.
La noticia constituye un buen punto de partida para reflexionar sobre el
rol de la inversión externa, y para ponderar cuáles deben ser las
acciones estatales tendientes a regular la operatoria de las grandes
corporaciones globales, en consonancia con la búsqueda de un desarrollo
económico, social y cultural, que nos vaya dando cada vez mayores
niveles de autonomía sobre nuestros recursos naturales y humanos.
En un reciente informe sobre la Inversión Extranjera Directa (IED) en la
región, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
sostiene que la inversión extranjera tiende a reforzar el patrón de
especialización preexistente y que "los patrones sectoriales de destino
de la IED se van orientando cada vez más hacia la explotación de los
recursos naturales –en particular en América del Sur–". Pero, en
realidad, como agrega el informe, el "cambio de la estructura productiva
es justamente una de las necesidades más importantes que tiene que
enfrentar la región" y por ello "es urgente medir el impacto de la IED
en términos de su contribución al empleo, a las exportaciones, al valor
añadido local y, en un sentido más dinámico, al cambio estructural".
Queda muy clara entonces la necesidad de reflexionar respecto de este
tipo de inversiones, particularmente si en la mayoría de los países de
la región refleja severas deficiencias. En nuestro caso, los
condicionantes de la inversión externa se encarnaron, por ejemplo, en lo
ocurrido en el sector de los hidrocarburos, experiencia que derivó en
la renacionalización de Repsol-YPF, tras una funesta gestión privada que
condujo a la pérdida del autoabastecimiento energético, un tópico
demasiado relevante como para ser dejado en manos del sector privado. La
reestatización de la empresa más grande del país y la declaración de la
producción de hidrocarburos como de interés público fueron dos de las
decisiones soberanas más trascendentes de los últimos tiempos.
En Argentina, según la CEPAL, la entrada de inversiones quedó
completamente contrarrestada por las rentas empresarias. En rigor,
también habría que contemplar ciertas operaciones dudosas o directamente
sospechadas de ilegalidad, como la sobrefacturación de importaciones de
las filiales, bien ejemplificadas con el presunto accionar de Dart, o
el endeudamiento intrafirma entre la matriz ultramarina y su casa local.
Estas se vinculan a los denominados precios de transferencia,
transacciones que se realizan entre empresas del mismo grupo localizadas
en distintos países, con el único fin de fugar divisas de países como
el nuestro, y también para pagar menos impuestos, como parte de una
estrategia de maximización del lucro ejecutada a escala global. Como
sabemos, para las grandes corporaciones capitalistas multinacionales,
maximizar ganancias es su tótem más sagrado, está en su naturaleza.
En este contexto, resulta determinante revalorizar el accionar de los
estados nacionales y dotarlos de herramientas para que puedan
direccionar y regular al inversor externo en pos de los objetivos para
el desarrollo del país.
Según el mismo informe, en 2012 las multinacionales instaladas en
nuestro país reinvirtieron en promedio un 64% de sus ganancias locales,
duplicando la media del período 2007-2011 (30 por ciento). Esto no
obedeció a un comportamiento benigno de las "fuerzas del mercado", sino
que, por el contrario, tuvo su origen en una serie de regulaciones
estatales tendientes a disminuir la salida de divisas al exterior,
aunque algunas de ellas no están formalizadas. El sentido positivo de
ese tipo de medidas debería comenzar a formar parte de un nuevo plexo
normativo que remplace al actual, heredado de la etapa neoliberal y
moldeado para garantizarle sa las inversiones externas la mayor tasa de
ganancia, esquema que se contradice con los verdaderos intereses de
nuestro país y la mejora de la vida de nuestro pueblo.
La situación planteada nos enfrenta al desafío de cambiar la ley vigente
de inversiones extranjeras de la dictadura (Ley 21.382), que contiene
una gran cantidad de "podrán" y ningún "deberán"; es decir, otorga
derechos plenos a los inversores extranjeros, sin exigir ninguna
obligación a cambio. Sería un paso importante para seguir sosteniendo la
política de recuperación de autonomía económica. En el mismo sentido,
también habría que desactivar los 52 tratados bilaterales de inversión
que firmó nuestro país en los tiempos de sumisión al neoliberalismo.
En suma, podemos concluir que resultan valorables las acciones del
Estado que tuvieron como resultado una clara mejoría en materia de
reinversión de utilidades. Todo indica también que se impone la
necesidad de contar con un nuevo marco legal para las inversiones
externas, de forma tal que aporten al desarrollo de nuestro país, y no
al revés. Se trata de uno de los cambios necesarios para seguir
profundizando el modelo productivo con mayor inclusión social.
*Publicado en Tiempo Argentino
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