Una parte de los argentinos, imposible de cuantificar por ahora, parece estar decidiéndose a dar pelea a grandes sectores del poder que combaten incansablemente contra el gobierno de la presidenta Cristina Fernández, empezando por los grupos empresarios que concentran gran cantidad de medios de difusión.
Los motivos de la ofensiva contra el gobierno, que se profundizó cuando en las elecciones legislativas de 2009 el oficialismo retrocedió de mayoría simple a primera minoría en el Congreso Nacional, son tantos que parece imposible enumerarlos en un artículo periodístico: prácticamente todas las medidas gubernamentales son criticadas y repudiadas por una oposición política que va de la derecha a la izquierda, entre ex adversarios que ahora coinciden de manera sorprendente.
Esa coalición que forma mayoría circunstancial en el Congreso tiene una caja de resonancia incondicional, fiel, infaltable: los medios de difusión privados, en especial los del grupo Clarín, que incluye diarios, radios, canales de televisión abierta y por cable y una agencia de noticias.
El control de la información y su manejo discrecional por parte de unos pocos empresarios periodísticos, que fueron además cómplices de los crímenes de la dictadura militar (1976-1983) es uno de los factores más evidentes de la democracia inmadura e incompleta que padecen los argentinos.
La presidenta Fernández tomó la decisión de enfrentar a este grupo poderoso, capaz de jaquear y condicionar a los gobiernos elegidos democráticamente, apoyándose en una serie de organizaciones que venían bregando por la derogación de la ley de radio y televisión de la dictadura. Así, antes de la renovación legislativa, logró aprobar una ley de medios audiovisuales que busca romper la concentración en unas pocas manos de las licencias que el estado mismo adjudica, abriendo la comunicación a otros sectores como pueblos originarios, universidades, movimientos sociales, cooperativas, sindicatos.
La aprobación legislativa de la norma fue apenas el primer capítulo de un enfrentamiento que continuó y continuará. Ahora los empresarios de medios y dirigentes políticos opositores que les responden trabaron la aplicación de la ley mediante fallos aprobados por jueces que están en sus cargos desde la época de la dictadura, otra de las deudas gravísimas de la democracia argentina.
Pero esto es sólo una parte: los medios privados y los políticos que se sustentan en ellos rechazan cualquier acción gubernamental, no importa de qué se trate, como el pago de deuda con reservas excedentes del Banco Central, la política de administración de impuestos, un proyecto de reforma política… Todo esto salpimentado con un estado de censura informativa gracias al cual por la gran mayoría de los medios privados se retacean o minimizan los anuncios gubernamentales, las pocas decisiones judiciales favorables al oficialismo y hechos como el respaldo expreso a la presidenta que le dio en marzo la secretaria de Estado norteamericana, Hillary Clinton, para su política de pago de deuda externa.
El gobierno y las fuerzas que lo apoyan no lograron estructurar una reacción ante esta coalición, por qué no decirlo, dominante. Pero una serie de fenómenos por ahora aparentemente focalizados dan cuenta de un principio de resistencia y sobre todo ponen en evidencia que hace falta crear un espacio, un ámbito, político, social y comunicacional, en el que se pueda expresar algo diferente.
Comienzan a circular mensajes electrónicos, aparentemente espontáneos, de personas que describen cuáles son las medidas del gobierno con las que están de acuerdo y que no quieren que el mandato de la presidenta sea interrumpido.
Otras acciones emergen de los seguidores de un programa que emite el canal público de televisión, llamado "6, 7, 8", que realiza un análisis crítico del tratamiento periodístico en el país.
A través de la red Facebook comenzaron a comunicarse entre sí telespectadores, reivindicando la necesidad de un espacio alternativo de comunicación, hasta llegar a autoconvocarse en manifestaciones públicas en varios puntos del país, una de las cuales reunió en Buenos Aires a entre 10 mil y 15 mil personas.
"6, 7, 8" parece ser el espacio en el cual se siente representada una parte de los argentinos cuya magnitud está por verse: son esos argentinos que apoyan los aumentos a jubilados y pensionados, que quieren la democratización de los medios y de la información, que desean conocer todas las noticias y no sólo las contrarias al gobierno que publican los medios privados, que están hartos de la misoginia periodística que presenta a la presidenta como incapaz de gobernar sin su marido, Néstor Kirchner, que se cansaron de que una suerte de cadena de canales de TV privados se coaligue para presentar al país al borde de la catástrofe, con un derrumbe económico inminente y, claro que no podía faltar, cada vez más asaltos, más secuestros, más violaciones, más asesinatos, más inseguridad.
Son argentinos que parece que se cansaron de la práctica que hace que, cuando la presidenta dice que "el de los derechos humanos no es un problema de derecha e izquierda", el canal "noticioso" del grupo Clarín ponga en pantalla un sobreimpreso invirtiendo absolutamente el concepto: "El de los derechos humanos es un problema de derecha e izquierda", como lo hizo el 24 de marzo.
Esta clase de acciones y maniobras de los medios las pone en evidencia "6, 7, 8", que además, para burlarse del mensaje descalificador de los medios privados, puso al aire una canción de uno de sus conductores cuyo estribillo dice: "yo soy la mierda oficialista". La frase comenzó a ser usada en manifestaciones de apoyo al gobierno, en carteles y camisetas, evocando aquella reivindicación orgullosa de los ecuatorianos, los "forajidos", después de que así llamó el presidente Lucio Gutiérrez, en abril de 2005, a manifestantes que repudiaban sus políticas.
Esta acción de resistencia en principio mínima comenzó a tener trascendencia. Los conductores del programa dan cuenta asiduamente de mensajes de televidentes que denuncian que en varios puntos del país la señal del canal público sufre interferencias cuando este espacio está al aire. Y dijeron que ocurrió especialmente en una situación, en la ciudad andina de San Carlos de Bariloche, suroeste del país, cuando comenzaron a tratar uno de los casos más oprobiosos de injusticia que se registra en Argentina: la entrega por la dictadura militar, en 1976, de dos niños a la empresaria dueña de Clarín, Ernestina Herrera de Noble, quien se niega a que esas dos personas cotejen su ADN con los de familiares de desaparecidos.
Avanzando abril, dada la suspensión de la ley de medios audiovisuales, están siendo convocadas movilizaciones y actos de protesta contra los jueces que impiden aplicar la norma. Una de esas marchas partirá del Congreso, que aprobó la ley, y llegará a la sede de los tribunales, en Buenos Aires. Son muestras de que los "forajidos" argentinos se cansaron de permanecer arrinconados y enmudecidos, y parece que quieren tener visibilidad cuando dicen: "yo soy la mierda oficialista".
Por: Hugo Muleiro
Periodista argentino, ensayista y docente
Publicado en TeleSURtv.net
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