LA DEUDA DEL EMPRESARIADO

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Por Ernesto Mattos *


Todo proyecto de nación tiene sus protagonistas: por un lado el Estado, el empresariado (nacional y extranjero) y sus diversas cámaras (grandes a microempresas) y el trabajo organizado en diversas centrales sindicales. De modo esquemático, durante el período 1989-2001 el Estado propuso un proyecto de nación: cierre de empresas, modernización del principal sector que provee de divisas (el agro) y flexibilización laboral que, para finales del año 2001, tuvo un desempleo del 25 por ciento. Tengamos en cuenta que la ley de inversiones extranjeras (decreto 1853/93) eliminaba la posibilidad de diferenciación entre capital nacional y extranjero en las actividades económicas en territorio argentino. Los únicos beneficiados en ese período fueran las grandes empresas organizadas en la Unión Industrial Argentina y el capital foráneo que, al mejor 2x1 y con el instrumento legal de Reforma del Estado, lograron profundizar las privatizaciones. Por otro lado, el sector agropecuario se modernizó y amplió sojización de las tierras.

Los resultados de este período son conocidos, pero siempre es bueno tenerlos presentes: del total de empresas privadas, entre 1996 y 2002 cerraron 38 grandes y en el espacio de las pequeñas y microempresas el número fue de 4690 y 24.381, respectivamente. Los sectores económicos, de pequeñas y microempresas, más afectados por el cierre estuvieron en: agropecuario (-5293), industria manufacturera (-8127) y comercio (-10.972). Pero estos cierres fueron parte de un plan organizado que plasmó los intereses económico-políticos de las grandes empresas, algunas nacionales, que acompañaron la estrategia económica del capital trasnacional junto a las transformaciones del sector agropecuario y el interés de la banca extranjera que tomaba predominio en el financiamiento al sector privado. El Estado nacional se ponía en manos de los industriales pro importación, mercado externo y salarios bajos con niveles altos de desempleo.

Esta situación se revirtió a comienzos del 2003, el Estado nacional procuró utilizar los resortes de la económica política para ampliar el mercado interno, proteger las industrias, mantener tarifas que aporten a la competitividad de las empresas y salarios que recuperaran la capacidad de compra año a año. No sólo se volvió a discutir el salario mínimo vital móvil que estuvo congelado durante los noventa, sino que se realizaron transferencias a las familias de bajos ingresos para que la brecha de desigualdad se achicara. Resultado de ello es el actual 6,9 por ciento de desempleo, esto es lo que diferencia un proyecto de nación actual del implementado entre 1989 y 2001. Al recordar la situación de las empresas privadas en el período de convertibilidad, en la actualidad entre 2003 y 2013 se crearon entre pequeñas y microempresas unas 46.212 y 138.521. El Estado nacional retomó la idea de mercado interno y capitalismo nacional con mejoras en la distribución del ingreso.

Pero como todo tiene un “pero”, en estos momentos en los que la recuperación del sector privado es un hecho, falta profundizar estos logros, papel que también le compete al sector privado beneficiado para discutir las recetas liberales de otras gremiales empresarias. Así como apareció Aciel (Asociación Coordinadora de Instituciones Empresariales Libres) y fue el brazo de la UIA para enfrentar a la Confederación General Empresaria (CGE), en la actualidad no hay una entidad que centralice y organice el reclamo de las pequeñas y microempresas para enfrentar al Foro de Convergencia Empresarial donde se aglutinan las cámaras empresarias de las trasnacionales (británicas, norteamericanas, españolas) y la industria cómplice de los noventa para ejercer presión en las políticas económicas. La primera tarea pendiente del empresariado argentino (pequeño y micro) es constituirse como fuerza y trazar lazos estratégicos con otras cámaras afines, recobrar y proponer, al mejor estilo Gelbard, un Plan Trienal para la Reconstrucción y Liberación Nacional que contenga propuestas construidas desde “abajo” y debata la ley de inversiones extranjeras, el arrendamiento, el rol de la banca, la regulación del comercio interior y exterior, la sustitución de importaciones sectorial, el rol del empresariado en el capitalismo actual, políticas diferenciales para cada sector económico, fletes marítimos, la integración productiva de la región, etc. En síntesis, lograr, con la experiencia que hubo, recuperar el rol que tuvo, por ejemplo, el Instituto de Investigaciones Económicas y Financieras de la CGE para el debate de las políticas económicas.

El Gobierno organizó desde “arriba” la recuperación económica, pero en estos momentos se requiere un empresariado que organice desde “abajo” propuestas no sectoriales sino de un Proyecto de Nación, que aporte y disputa en el debate. Porque todos los logros de este período no sólo dependen de los trabajadores y el Gobierno, sino de concretar la segunda tarea pendiente, que comenzó la CGE, la “Liberación Nacional”, sino todo el financiamiento y protección del Estado en este período no habrá de tener sentido, y como dijo alguien: “Si no es así, prefiero el olvido”.

* Investigador del Ciges y del Centro Cultural de la Cooperación.