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Desde sus orígenes el proceso
bolivariano fue identificado por Washington como una excrecencia que debía ser
rápidamente removida del hemisferio. Intentó por todos los medios pero nada resultó:
ni el golpe de estado, ni el paro petrolero, ni el acoso diplomático, político
y mediático rindieron sus frutos. En el terreno electoral el predominio de
Chávez era aplastante: resistía a pie firme los embates y su pueblo lo seguía
con entusiasmo. La Casa Blanca escaló la agresión una vez desatado el lento
pero implacable asesinato por etapas del Comandante. Y después de su muerte la
ofensiva asumió características aún más brutales.
Toda discreción fue dejada de lado: bandas mercenarias del uribismo entraron
a sembrar violencia y muerte por todo el país, como hoy lo hacen los “mareros”
que a diario (¡sí, a diario, según me informara una alta fuente oficial de El
Salvador!) Obama suelta de las cárceles norteamericanas para enviarlos, con
todos sus papeles en regla, a ese sufrido país centroamericano para que
siembren el caos y la destrucción. Se intensificaron los esfuerzos para
“fortalecer a la sociedad civil” con millones de dólares para fabricar o
alquilar políticos de opereta (Capriles, López, Ledesma, etcétera); periodistas
otrora ciegos ante los estragos de la corrupción e intelectuales desilusionados
porque el “pueblo” que anhelaban redimir no era blanco como los obreros polacos
de Lech Walesa sino mestizos o negros como Chávez, lo que constituye una
afrenta insoportable.
A falta de respuesta política en el marco electoral los dineros fluían
copiosamente hacia Caracas: partían desde Washington, vía Usaid o la NED,
volaban a Madrid desde donde el rufián lamebotas de George W. Bush, José M.
Aznar, lo redistribuía entre sus compinches de América Latina con la bendición
de ese colosal monumento al narcisismo llamado Mario Vargas Llosa. Pero todo
era en vano: cual redivivo Cid campeador tropical, aún después de muerto Chávez
seguía ganando elecciones. Ajustadamente, pero las ganaba con Nicolás Maduro en
la presidencial de Abril del 2013 y luego, por paliza, en las municipales de
Diciembre de ese mismo año.
Fracasados todos estos intentos, la guerra económica, perfeccionando
el plan criminal perpetrado contra el Chile de Allende, se desencadenó con toda
la furia. Desabastecimiento programado, acaparamiento de artículos de primera
necesidad, carestía, feroz devaluación de la moneda, contrabando en gran
escala, terrorismo mediático sin freno ni medida, asesinatos selectivos y, a
principios de 2014, plan sedicioso materializado en las siniestras “guarimbas”
(barricadas callejeras) con un saldo de 43 muertos, la mayoría fuerzas de
seguridad del gobierno y simpatizantes chavistas, y destrucción de vehículos,
instalaciones gubernamentales, escuelas, universidades y hospitales valuadas en
centenares de millones de dólares. Sus responsables, en la cárcel, se quejan de
que son “prisioneros políticos” cuando sus actos se encuadran en el delito de
sedición que en cualquier otro país del mundo los hubiera enviado a la cárcel
de por vida. En la “dictadura bolivariana”, en cambio, la justicia obró con una
asombrosa lenidad y al cabecilla de estos crímenes le impuso una sentencia de
poco más de trece años. En España o Argentina hubiera recibido prisión perpetua
y en Estados Unidos pena de muerte. Pero así es la “dictadura” chavista.
Fracasados todas estas conspiraciones el imperio intensificó la guerra
económica: junto a sus infames criaturas, el Estado Islámico, abatió el precio
del petróleo de poco más de 100 dólares el barril a algo menos de 30. No
contento con ello el presidente Barack Obama emitió una orden ejecutiva que si
no fuera criminal por sus consecuencias sería un hazmerreír universal:
“Venezuela es una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y la
política exterior de Estados Unidos”. Fue la voz de orden para que los perros
guardianes del imperio se lanzaran con toda ferocidad contra la revolución.
Desde entonces la vida cotidiana se ha complicado hasta tornarse un irritante
calvario. Por eso en las elecciones para la Asamblea Nacional del pasado 6 de
diciembre la oposición obtuvo una mayoría de dos tercios, a favor del desánimo
de más de dos millones de chavistas que no le dieron sus votos a la derecha
pero se abstuvieron de participar en el comicio. La Asamblea acaba de aprobar
una ley de amnistía que liberaría a todos los condenados por los crímenes
cometidos en el episodio sedicioso de comienzos del 2014. El Tribunal Superior
dictaminó la inconstitucionalidad de la ley y el presidente Maduro declaró que
jamás promulgaría un engendro semejante, que abriría la puerta a la violencia y
la impunidad en Venezuela. La situación se aproxima a un empate catastrófico de
fuerzas pero el chavismo, sin duda alguna y más allá de sus problemas y
titubeos, tiene claramente al pueblo de su lado que con certero instinto sabe
que la derecha viene con el cuchillo en los dientes y dispuesta a aplicar un
escarmiento ejemplar. Los que antes dudaban de que esto podría ser así las
didácticas lecciones del macrismo en la Argentina los persuadieron de que un
retorno de la reacción tendría consecuencias terribles.
Dado lo anterior no sorprende que en los últimos días se haya
producido una intensificación de la ofensiva destituyente. El Washington Post
publicó un editorial descaradamente golpista este 12 de Abril diciendo que
“Venezuela necesita desesperadamente una intervención política de sus vecinos,
que para eso disponen de un mecanismo apropiado en la Carta Democrática Interamericana
de la Organización de Estados Americanos, la OEA, un tratado que contempla la
acción colectiva cuando un régimen viola las normas constitucionales”. El
periódico, usualmente considerado por los neoliberales como el paradigma de la
“prensa imparcial e independiente”, se lamenta que los países de la región no
asuman sus responsabilidades para preservar la democracia en Venezuela pese a
que, asegura, tal como están las cosas “probablemente no tarde demasiado en
producirse una explosión”.1 El WP no hace sino reflejar lo que poco antes
planteara un documento del Comando Sur, denominado “Operación Venezuela
Freedom-2” y rubricado el 25 de febrero del corriente año con la firma de su
actual jefe, el almirante Kurt Tidd . En él se afirma que “si bien (la oposición)
está enarbolando el camino pacífico, legal y electoral (para provocar la
destitución de Maduro), ha crecido la convicción de que es necesario presionar
con movilizaciones de calle, buscando fijar y paralizar a importantes
contingentes militares que tendrán que ser dedicados a mantener el orden
interno y seguridad del gobierno, situación que se hará insostenible en la
medida en que se desaten múltiples conflictos y presiones de todo tipo”. Dice
lo obvio: la derecha jamás creyó en las reglas del juego democrático. Cuando
las acepta es por conveniencia, no por convicción. Y las abandona ni bien las
circunstancias aconsejan seguir el camino de la restauración violenta. En
Venezuela y en todas partes, es fundamental no equivocarse en este punto. Toda la
alharaca que la oposición antichavista arma en relación al referendo
revocatorio es un taparrabos: lo que quiere es “la salida” de Maduro, por obra
y gracia de la violencia.
Abril parece ser el mes de las definiciones en la política venezolana.
“En Abril es cuando” dijo el presidente Nicolás Maduro en una reunión con los
participantes del Encuentro de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales
que tuvo lugar la semana pasada. El 11 de Abril del 2002 se produjo el golpe de
estado contra Chávez, y el 13 el pueblo lo reinstaló en el Palacio de
Miraflores. No es casual el ataque del WP justo en estos días, ni que una de
las organizaciones sediciosas que asolaron al país en el pasado, Voluntad
Popular, haya convocado una marcha para el próximo 19 de Abril para exigir la
“salida” del presidente Maduro. Tampoco lo es que el Secretario General de la
OEA, Luis “Judas” Almagro, declarase hace pocos días en una entrevista a El
País de España que era inadmisible mantener la neutralidad en Venezuela “cuando
hay presos políticos y la democracia no está funcionando”. Almagro recibió una
clara orden de sus jefes de ocuparse sólo de fustigar a Venezuela y de
olvidarse de las masacres perpetradas en Honduras (Berta Cáceres), México
(Ayotzinapa), Colombia (130 militantes de Marcha Patriótica asesinados en el
último año) y Paraguay (Curuguaty), para no mencionar sino los casos más
emblemáticos. La OEA ratifica su condición de Ministerio de Colonias de Estados
Unidos, como Fidel y el Che oportunamente la caracterizaran.
*Publicado en Página12
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