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El acuerdo de congelamiento de precios en los
supermercados por sesenta días renueva dos grandes debates de la
economía que son altamente estratégicos para la gestión del Estado: las
causas de la inflación y las limitaciones al mercado.
Desde la ortodoxia han salido a criticar los acuerdos de precios
con gran cantidad de argumentos, que apuntan a la intervención del
gobierno y a la imposibilidad de sostenerlos.
El tema es el funcionamiento de los mercados; para Fernando
Navajas, de Fiel (El Cronista, 29/10/12) “el desarrollo de las
instituciones económicas del capitalismo ha tratado de lidiar con el
balance entre los incentivos individuales -el motor del progreso
económico- y las patologías de fallas diversas que van desde la
concentración y el abuso de poder dominante hasta fallas colectivas o de
coordinación de un sistema de decisiones descentralizadas. Todas estas
cosas son el colesterol malo (de la economía), los mercados no”. Ante
esta proposición surge la pregunta: ¿dónde se produce la concentración y
el abuso de poder dominante si no es en el propio funcionamiento de los
mercados? Esta postura evidencia que para defender el libre mercado se
utilizan argumentos muy abstractos, que no pueden validarse en la
realidad.
Juan Cerruti (El Cronista, 13/02/13) se refiere a los acuerdos de
precios y en un juicio más amplio que abarca las diversas aristas de la
intervención del gobierno expresa que “el planteo del kirchnerismo
debería ser al sistema, no a las empresas que se desenvuelven en base a
las reglas establecidas”. Deja bien en claro que las empresas son
inimputables, todas funcionan a la perfección, ninguna aumenta precios, o
mantiene el precio con igual envase y menor cantidad de producto; el
problema es la regulación.
Bajo las premisas neoliberales, los mercados concentrados son un
defecto no buscado, sin embargo la realidad evidencia que esa
concentración es hija de la libertad de mercado. Además, la existencia
de una elevada concentración en la economía favorece las conductas de
los formadores de precios. Según la Encuesta Nacional a Grandes Empresas
(Enge), en 2011 la participación de las 500 empresas más grandes
alcanza al 32% del PIB de los sectores en los que actúan. Para ese año,
las 50 empresas de mayor tamaño explican el 52,1% del valor agregado de
las 500 más grandes, dato que da una gran idea de concentración al
interior de las mayores empresas.
Repasando la fabricación de productos de consumo masivo, se observa
que el 80% del aceite que se consume lo producen dos empresas: Molinos
Río de la Plata y Aceitera General Deheza; en lácteos, el 78% lo manejan
La Serenísima y Sancor, mientras que en los enlatados, como tomates y
arvejas, la posición dominante la ejerce Arcor, con el 70%.
También se suman a la lista sectores elaboradores de insumos
intermedios críticos, tales como el aluminio primario (Aluar es el único
productor), la siderurgia (Siderar produce el 99% de la chapa laminada
en frío), materias primas que a través de su incidencia en el envasado
terminan afectando la oferta de productos de consumo masivo. Estos
sectores, junto con la petroquímica (dos empresas producen el 89% de los
fertilizantes), generan insumos esenciales para muchos otros sectores
productivos. En el eslabón de la distribución minorista, tres grandes
cadenas de supermercados concentran entre el 75% al 80% de las ventas
totales.
Volviendo a las 500 grandes, lo más llamativo es la evolución de la
tasa de ganancia; partiendo de una tasa de utilidad sobre ventas del
8,2% anual para el período 1993/2001, la tasa comienza a recomponerse en
2003 (9,5% anual) para alcanzar valores que fluctuaron entre el 11% al
13% a partir de 2005 y hasta 2011. Puede decirse que cuentan con un
importante colchón de rentabilidad que les permitiría participar de un
acuerdo de precios a más largo plazo.
Un dato relevante de las estadísticas de la Enge es el escaso peso
que poseen los salarios sobre el valor de producción, que para el total
de las 500 empresas llegaba al 12% en el período 1993/2001, bajó
drásticamente al 8% entre 2007 y 2009, para luego incrementarse
levemente al 10% en 2011. Si comparamos ambas cifras puede observarse
que el período de mayor tasa de ganancia se asocia a una menor
participación salarial.
Estos datos deben compararse que la reveladora encuesta de
D'Alessio IROL realizada para el Instituto para el Desarrollo
Empresarial de la Argentina (IDEA), allá por octubre del año pasado,
donde los encuestados, en su mayoría representantes de esas 500
empresas, reconocieron que luego de las paritarias el 49% trasladó el
aumento de salarios a sus precios. Más precisamente, un 29% lo trasladó
en la misma magnitud y en un 20% lo aplicó por encima del porcentaje que
resulta de la paritaria, entre 5 y 10 puntos más (BAE 31/10/12). Creo
que el análisis de los datos expuestos indica el carácter de la puja
distributiva: no son los salarios los que empujan los precios, sino las
decisiones arbitrarias de las propias empresas, como una forma de
incrementar su rentabilidad.
Los acuerdos de precios son una herramienta válida para encarar el
tema pero no resuelven por sí mismos la cuestión. En este aspecto, debe
resaltarse que también hubo cuestionamientos por lo acotado del período
de acuerdo de precios. La Federación de Supermercados y Asociaciones
Chinas calificó como "insuficiente" el congelamientos de precios por dos
meses y remarcó que es necesario hacerlo "extensivo en el tiempo" y "a
otros proveedores de insumos" (La Nación, 11.02.13).
Las políticas de acuerdos de precios deben trabajarse intensamente
con todos los actores involucrados, y deben estar necesariamente
asociadas a un control de costos efectivo de las empresas formadoras de
precios. Es una ardua tarea, que exige el desarrollo de gran cantidad de
recursos humanos en el Estado, pero que es necesario comenzar a
transitar con mayor intensidad, para poder elaborar nuevas regulaciones
que controlen los precios en las distintas etapas de la producción y
comercialización, evitando conductas abusivas.
El tema principal para resolver las subas de precios es realizar
una profunda reforma impositiva, que haga recaer la mayor parte de la
tributación sobre los impuestos progresivos, a las ganancias, bienes y
fortunas personales. En especial, para controlar la puja distributiva,
convendría aplicar una alícuota impositiva vinculada con una tasa
razonable de ganancia para cada sector, por encima de la cual la
tributación tendería a ser total. El objetivo es que deje de ser viable
aumentar precios para acrecentar la ganancia, dado que el incremento
adicional iría fundamentalmente al fisco vía impuestos.
Adicionalmente, resulta interesante evaluar la aplicación, sobre
los principales insumos de los alimentos, de políticas que permitan
separar el precio internacional del doméstico; también se podría
fomentar la creación de mercados de abasto populares y estatales en la
mayoría de las ciudades, gestionados con mecanismos de democracia
participativa.
Queda claro que la sociedad está reclamando actuar sobre la
inflación, y aquí surge también la puja ideológica, entre las “mágicas”
recetas ofrecidas por los neoliberales para enfriar la economía y los
que deseamos que la economía siga creciendo con mejor distribución del
ingreso, con soluciones para los aumentos de precios que resultan mucho
más complicadas de alcanzar por los intereses que se afectan; hacerlas
viables es el gran desafío.
*Publicado en Tiempo Argentino
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