EJEMPLOS DE INTERVENCIÓN

Por Pablo Dragún* y Alejandra Moreno**

Durante el conflicto del Estado nacional con las entidades vinculadas al sector agropecuario suscitado a partir de la Resolución 125/2008, que modificaba el régimen de retenciones a la exportación, surgieron algunas voces que no sólo atacaron la existencia del esquema sino también la lógica de las retenciones, y algunos fueron más allá, afirmando que no debe existir intervención estatal en la operatoria del sector agropecuario.

Afortunadamente, una vez corridas las anteojeras de tanto “fogueo mediático”, las retenciones a la exportación ya no son puestas en tela de juicio por la mayoría de los dirigentes, ya que se observa el efecto captador de la renta extraordinaria asociada a un factor fijo de producción, cuestión que fue explicada en profundidad por numerosos economistas y que permite que haya una mayor equiparación de tasas de ganancia. Incluso algunos actores vinculados al agro comentan por lo bajo que el esquema ideal para equiparar rentabilidades y captar las rentas extraordinarias era aquel de las retenciones móviles.

Sin embargo, se mantienen algunas voces que critican la intervención del Estado en la operatoria comercial del sector agropecuario. Afirman que con el libre juego de la oferta y la demanda se producirían mejores resultados y que la existencia de organismos de control y fiscalización dificulta a los pequeños productores antes que simplificarles la tarea. Cabe destacar que el sector agropecuario posee características particulares de mercado con importantes asimetrías. Por un lado, existen muchos oferentes atomizados y pocos compradores, lo que da una característica de oligopsonio. Por otro, una tendencia a la concentración económica por la existencia de fuertes economías de escala, así como en la comercialización internacional, donde existen unos pocos traders que concentran el flujo del comercio. Un tercer factor que es dable destacar es la existencia de un alto componente de riesgo sujeto tanto a variables de mercado como a variables climáticas. Ambas han presentado fluctuaciones violentamente cambiantes en los últimos años. Una última cuestión de suma relevancia la constituye la revolución tecnológica y la proliferación de la agricultura de contratos, que añade una mayor disparidad en la distribución de fuerzas de los agentes que se desenvuelven en un entorno donde el poder está desbalanceado.

Estas características derivan en la necesidad de intervención estatal, no sólo en la Argentina sino en todo el mundo, donde proliferan organismos de regulación y control del sector agropecuario. Algunos ejemplos son el Grain Inspection, Packers and Stockyards Administration (Gipsa) en Estados Unidos, que regula el cumplimiento de las leyes de granos y carnes y controla todo el desempeño de las cadenas; la Comisión Canadiense de Lechería (CDC), que establece cuotas de producción de leche por región y precios sostén; diversos organismos del tipo “junta de granos” en países de Europa del Este (Ucrania, Rusia y Turquía) que monopolizan las compras de granos en el mercado interno y externo utilizando su capacidad de stock para regular el mercado y estabilizar los precios de la industria, entre otras funciones. En la órbita más cercana, se puede mencionar al Instituto Nacional de Carnes (INAC), que es el organismo de regulación del mercado cárnico en el Uruguay que controla las ventas al mercado interno y la exportación, y la Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) en Brasil, que realiza compras de diversos productos en el mercado, especialmente de la agricultura familiar –con la obligación legal de abastecer un 30 por ciento de las compras institucionales estatales de la misma– forma stocks para regular el mercado doméstico y además regula los precios de los productos agrícolas.

Más allá de estos ejemplos puntuales, en todo el mundo el sector es regulado y controlado por el Estado dadas sus características antes descriptas. De hecho, en los momentos en que el Estado argentino se alejó de la función regulatoria, fundamentalmente durante la última dictadura militar y en la década del ’90, se verificó una fuerte concentración de la producción en detrimento de los productores de menor escala, que, cuando no fueron absorbidos por productores más grandes o más capitalizados, quedaron en inferioridad de condiciones para competir.

En conclusión, el adecuado funcionamiento del sector agropecuario requiere de una firme intervención estatal, que garantice el cumplimiento de las normas e impida que se establezcan prácticas abusivas de los actores más fuertes. Un marco regulatorio y políticas públicas activas se hacen necesarias para fortalecer a los pequeños productores para integrarse en torno a las distintas redes de producción agropecuarias. Por ello, cuando se pide “menos Estado” para que funcione mejor el sector, habría que ver quiénes son los beneficiarios reales de dicha ausencia. Una estrategia del sector agropecuario para un desarrollo sustentable se debería realizar con “más y mejor estado”.

* Economista UBA y AEDA.
** Economista UCA y AEDA.
Publicado en Página12