Cuando desde la acción política de un gobierno, no se pueden corregir y eliminar la pobreza y la indigencia, sólo suele tener dos causas fundamentales: o son politicas directamente contradictorias con esos objetivos por decisión de quienes las implementan, o resultan de imposible resolución positiva por las maniobras de aquellos actores económicos que dominan los sistemas productivos, industriales y comerciales locales, asociados a los intereses de las corporaciones transnacionales que las subsumen en sus estructuras de poder, mucho más dominantes que los gobiernos que les sirven de pantalla para sus maquiavélicas maniobras especulativas.
Analistas económicos aseguran que, producto de la actual pandemia, se ha duplicado en el Mundo la cantidad de personas que padecen hambre y desnutrición. En nuestro País, las tasas de pobreza e indigencia han trepado más de lo esperable después del huracán neoliberal del gobierno macrista. Mientras tanto, los precios de los alimentos no paran de crecer, producto de las alzas de los precios internacionales de los comodities y de la especulación permanente de los dueños de la economía.
Atrapado en la vorágine impuesta por el Poder Real, el gobierno se ve constreñido a proponer salidas “consensuadas” con los poderosos propietarios de las decisiones económicas y financieras, acciones que anuncian su fracaso cada día en las góndolas de los supermercados.
Las buenas intenciones son derrotadas todo el tiempo por la bestialidad comunicacional al servicio de la destrucción programada de la capacidad de compra de alimentos por el grueso de la sociedad. La justeza de los discursos que anuncian medidas tendientes a frenar el proceso inflacionario inducido por el Poder, llegan distorsionadas a los oidos de “la gente”, grupo de aparente anomia frente a lo que sucede y a lo que se le comunica, gracias a la persistencia mediática ejercida durante décadas de infamias periodísticas y relatos fantasmagóricos de la realidad.
En medio de semejante situación, emerge como prioritario, antes que la disminución inflacionaria (y para que ésta pudiera darse), la posibilidad de contar con voces propias para relatar lo que sucede de verdad, los hechos traducidos al idioma de la necesidad popular, el imprescindible conocimiento de lo auténticamente cierto, expresado por y desde el mismo Estado, en tanto manifestación administrativa del Pueblo que lo conforma.
Inútil será legislar, promulgar o decretar, cuando de inmediato o antes de hacerlo, ya se destruye lo que la aplicación de esas medidas pudieran representar de beneficiosas para la población. La canalla mediática, expresión perversa de las comunicaciones, acciona con la impudicia y la impunidad que les provee su participación en el “festín” financiero, evasor y corrupto del Poder Real. Cuestión que se complementa con jueces y fiscales de nula moral y amplios bolsillos, manifestación histórica de una oligarquía que la ha provisto de sus más encumbrados apellidos (y sus prosapias antinacionales y antipopulares).
El tema pasa, entonces, por el poder comunicacional que pueda disponer el Estado y su Gobierno. Pero tanta ha sido la prédica de los “dueños de la verdad” impuesta a repeticiones infinitas de mentiras disfrazadas, que se ha impuesto aquello de que no se debe ejercer el derecho a la información desde el pensamiento de quienes gobiernan (salvo que sean adláteres o marionetas de los dueños del Poder Real). Transmitido hasta el paroxismo, esta ridiculez se ha hecho carne en la ciudadanía, que termina pidiendo a gritos que los verdugos mediáticos le digan donde poner la cabeza para ejecutarles sus conciencias.
Si ha tenido algo de rescatable esta pandemia maldita, es que ha desnudado aún más al Poder y sus influencias. Ya sin tapujos ni vergüenzas de ningún tipo, se amenaza desde las pantallas al Gobierno con eliminarlo del camino de sus ambiciones, por personajes “periodísticos” que no podrían pasar el proceso selectivo para una comedia en un teatro de mala muerte. Sabiondos “analistas” económicos nos aseguran el fracaso de lo que no se propuso todavía, método mafioso por excelencia para advertirle al Gobierno lo que le espera si no “obedece” sus órdenes.
No puede demorarse mucho más una toma de decisión para combatir tamaña incongruencia con los valores democráticos y la doctrina que, se supone, guía las decisiones del actual Gobierno popular. La pobreza y la indigencia no son sólo números estadísticos para solazarse con su conocimiento certero, sino que representan el fracaso absoluto ante una demanda social que no tiene tiempo residual para soportar tamaña incongruencia con la inmensa riqueza generada en nuestra Nación.
Ahora mismo deberá comenzarse a ponerse blanco sobre negro en la situación padecida y, fundamentalmente, crear las soluciones reales con las necesarias afectaciones a los poderosos. El miedo a sus inmensas capacidades mediáticas, deberá ser combatido con la urgente construcción de voces alternativas que comuniquen la verdad mirada desde el Pueblo, que sufre la maldición de esa otra pandemia, eterna, de aumentos de precios, pobrezas y miserias. Es tiempo de lanzar la contraofensiva popular, de dejar las trincheras del temor a las “balas” mediáticas enemigas, que juegan con lo más preciado, con la vida de una mayoría que debe asumir su dimensión y protagonizar esta imprescindible batalla por la Verdad y la Justicia Social.
No hay comentarios:
Publicar un comentario