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ENFRENTAR A LOS SECTORES MEDIO Y POPULARES. Otro de los objetivos
omnipresentes en la construcción de sentido que formula la derecha es
profundizar la brecha entre sectores medios y sectores populares. Trátese del
tema que se trate –inseguridad, saqueos, protesta social, movilizaciones
públicas– y ya sea en noticieros, programas de debate, magazines y hasta en la
propia ficción, el discurso dominante trasunta el odio hacia los sectores
trabajadores, sindicales, pobres y marginales. Estigmatizan ciertos ámbitos
comunitarios, ciertos hábitos de vida, ciertas prácticas, vestimentas y hasta
cierto porte físico con los cuales identifican a la pobreza, y consiguen, no
sin éxito, que las capas medias les teman, los agredan o los desprecien, sin
más. Intentando fracturar, con ello, la alianza social que más posibilidades
tiene en sí misma de resistir y doblegar al proyecto oligárquico históricamente
dominante en nuestro país y en la región.
Correlativamente con esto, denuestan la organización popular. Es decir, plantean como políticamente correctas aquellas movilizaciones que son producto del individualismo, y que se alientan desde las grandes cadenas de medios. Estas movilizaciones no tienen posibilidad alguna de construir un sujeto colectivo, que no tenga liderazgo unificado, unidad de concepción ni objetivos comunes. Al estar configuradas a partir de ese individualismo exacerbado, cada individuo expresa una demanda particular, aislada, y a partir del intersticio dejado entre su demanda y el de otro individuo, se convierten en objetos pasivos de un proyecto de poder y de sociedad elaborado eminentemente por fuera de ellos.
No hay sujeto social ni político. Cuando se denuesta aquellas marchas que se integran a partir de las organizaciones sociales acusando a los asistentes de concurrir a cambio de una prebenda, lo que se persigue es, por un lado, descalificar a las organizaciones convocantes, y, por otro lado, atacar la posibilidad de integración de un sujeto social y político cohesionado, integrado a partir de un liderazgo unificador, una unidad de concepción o cosmovisión común, y una esperanza o destino compartidos.
OTRO OBJETIVO DEL PODER: ENFRENTAR A LA SOCIEDAD CON EL ESTADO. Otro de sus objetivos: enemistar a la sociedad con el Estado, mostrándolo como un agente de corrupción e ineficiencia, en detrimento de su principal función de promoción de derechos.
Un tema polémico que también debe ser desmontado desde una construcción discursiva contrahegemónica, es la utilización de la cadena nacional de medios.
Ninguna persona ostenta mayor legitimidad político-electoral que un presidente. O una presidenta. Y si los medios hegemónicos fueran verdaderamente republicanos e ‘independientes’ –de lo cual se precian falsamente– informarían acabadamente las iniciativas presidenciales. Al no hacerlo, obligan a la autoridad legítima del país a que recurra a las herramientas institucionales de que dispone para la divulgación de sus acciones. Aun así, se trata de una cadena que podría calificarse como ‘defensiva’, si se la compara con la uniformidad aplicada por las cadenas hegemónicas en términos de la información emitida, su tratamiento, intensidad, modalidad, estilo y repetición hasta el infinito a todas las horas del día.
También debe ser debatida la pauta publicitaria. No sólo la oficial, sino en su totalidad. Los grupos económicos, y sus voceros en el ámbito político, insisten con el reiterado argumento de que la pauta publicitaria oficial debe ser regulada por cuanto su financiamiento proviene ‘del bolsillo de todos los argentinos’. En este tema cabe una primera aclaración, y es que la partida para la publicidad oficial alcanza tan sólo el 6% del total de la pauta publicitaria. La segunda aclaración es que la publicidad de las grandes firmas privadas, también proviene de los recursos de todos los argentinos, que son quienes consumen sus productos. Si han conseguido esos recursos a través de su tasa de ganancia, es, inclusive, porque las políticas públicas han hecho lo suyo en términos de posibilitarles dicho crecimiento en las ventas. Es decir, en un caso vía impuestos, en el otro vía consumo, son los ciudadanos y ciudadanas quienes financian el total de la pauta publicitaria de un país, y, por lo tanto, el tema debe abordarse en su totalidad. En la práctica, los medios más poderosos suelen ejercer una gran presión sobre las empresas para impedir que anuncien en los medios más pequeños, incrementando la tendencia monopólica.
No obstante todo esto, los grandes medios han naturalizado la idea de que actúan a voluntad sobre el 94 por ciento de la pauta privada, y además aspiran a imponerle al Estado –legitimado por las mayorías– lo que debe hacer con el 6 por ciento restante. El campo popular debe invertir este razonamiento construido astutamente por el discurso hegemónico, y plantear que, por el contrario, es el Estado quien tiene la legitimidad necesaria para regular los destinos de la pauta publicitaria general –pública y privada– con un sentido democrático.
Lejos de interferir en la libertad de expresión, el abordaje integral de la pauta publicitaria es una medida democratizadora. Aquí también es la intervención activa del Estado quien democratiza.
Correlativamente con esto, denuestan la organización popular. Es decir, plantean como políticamente correctas aquellas movilizaciones que son producto del individualismo, y que se alientan desde las grandes cadenas de medios. Estas movilizaciones no tienen posibilidad alguna de construir un sujeto colectivo, que no tenga liderazgo unificado, unidad de concepción ni objetivos comunes. Al estar configuradas a partir de ese individualismo exacerbado, cada individuo expresa una demanda particular, aislada, y a partir del intersticio dejado entre su demanda y el de otro individuo, se convierten en objetos pasivos de un proyecto de poder y de sociedad elaborado eminentemente por fuera de ellos.
No hay sujeto social ni político. Cuando se denuesta aquellas marchas que se integran a partir de las organizaciones sociales acusando a los asistentes de concurrir a cambio de una prebenda, lo que se persigue es, por un lado, descalificar a las organizaciones convocantes, y, por otro lado, atacar la posibilidad de integración de un sujeto social y político cohesionado, integrado a partir de un liderazgo unificador, una unidad de concepción o cosmovisión común, y una esperanza o destino compartidos.
OTRO OBJETIVO DEL PODER: ENFRENTAR A LA SOCIEDAD CON EL ESTADO. Otro de sus objetivos: enemistar a la sociedad con el Estado, mostrándolo como un agente de corrupción e ineficiencia, en detrimento de su principal función de promoción de derechos.
Un tema polémico que también debe ser desmontado desde una construcción discursiva contrahegemónica, es la utilización de la cadena nacional de medios.
Ninguna persona ostenta mayor legitimidad político-electoral que un presidente. O una presidenta. Y si los medios hegemónicos fueran verdaderamente republicanos e ‘independientes’ –de lo cual se precian falsamente– informarían acabadamente las iniciativas presidenciales. Al no hacerlo, obligan a la autoridad legítima del país a que recurra a las herramientas institucionales de que dispone para la divulgación de sus acciones. Aun así, se trata de una cadena que podría calificarse como ‘defensiva’, si se la compara con la uniformidad aplicada por las cadenas hegemónicas en términos de la información emitida, su tratamiento, intensidad, modalidad, estilo y repetición hasta el infinito a todas las horas del día.
También debe ser debatida la pauta publicitaria. No sólo la oficial, sino en su totalidad. Los grupos económicos, y sus voceros en el ámbito político, insisten con el reiterado argumento de que la pauta publicitaria oficial debe ser regulada por cuanto su financiamiento proviene ‘del bolsillo de todos los argentinos’. En este tema cabe una primera aclaración, y es que la partida para la publicidad oficial alcanza tan sólo el 6% del total de la pauta publicitaria. La segunda aclaración es que la publicidad de las grandes firmas privadas, también proviene de los recursos de todos los argentinos, que son quienes consumen sus productos. Si han conseguido esos recursos a través de su tasa de ganancia, es, inclusive, porque las políticas públicas han hecho lo suyo en términos de posibilitarles dicho crecimiento en las ventas. Es decir, en un caso vía impuestos, en el otro vía consumo, son los ciudadanos y ciudadanas quienes financian el total de la pauta publicitaria de un país, y, por lo tanto, el tema debe abordarse en su totalidad. En la práctica, los medios más poderosos suelen ejercer una gran presión sobre las empresas para impedir que anuncien en los medios más pequeños, incrementando la tendencia monopólica.
No obstante todo esto, los grandes medios han naturalizado la idea de que actúan a voluntad sobre el 94 por ciento de la pauta privada, y además aspiran a imponerle al Estado –legitimado por las mayorías– lo que debe hacer con el 6 por ciento restante. El campo popular debe invertir este razonamiento construido astutamente por el discurso hegemónico, y plantear que, por el contrario, es el Estado quien tiene la legitimidad necesaria para regular los destinos de la pauta publicitaria general –pública y privada– con un sentido democrático.
Lejos de interferir en la libertad de expresión, el abordaje integral de la pauta publicitaria es una medida democratizadora. Aquí también es la intervención activa del Estado quien democratiza.
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