Si hay un acierto sustantivo que el kirchnerismo tuvo a lo largo de estos años fue la identificación de los poderes reales en la Argentina y, a partir de allí, elaborar una estrategia que intentara autonomizar al sector político, que incluye al Estado, de las corporaciones.
Se habló mucho en 2010 de la mentada “profundización del modelo nacional y popular” en la Argentina. Una de las primeras veces que retumbó la frase en público fue cuando Néstor Kirchner la pronunció en el acto recordatorio de la muerte de Eva Perón que se realizó en la Avenida Paseo Colón el 26 de julio pasado. Allí, en el palco junto a la CGT, las organizaciones sociales y las juventudes, el ex presidente anunció la decisión de llevar adelante esa misión y lograr que en la Argentina la distribución del ingreso se divida en un 50% para el capital y un 50% para el sector del trabajo, cifras que fueron alcanzadas en nuestra historia sólo durante los gobiernos de Juan Domingo Perón (1946-1955 y 1973-74). Una de las aspiraciones del kirchnerismo, entonces, fue y es llevar al país al mismo esquema de justicia social distributiva del peronismo clásico.
Se podría decir que la “profundización del modelo” tiene dos aspectos diferentes: el cuantitativo y el cualitativo. El primero está relacionado con la mejora de la distribución de la riqueza, el achicamiento de la brecha y la desigualdad social, la transferencia de recursos de un sector a otro de la producción –del campo a la industria o del sistema financiero a la tecnología de punta–, de los índices de desocupación, de ingreso, etcétera. El segundo está relacionado con aspectos que tienen que ver con cuestiones filosóficas e ideológicas, si se quiere: la dignidad de los trabajadores, el rol del Estado, los límites de la intervención en la economía, las formas de la hegemonía del frente nacional y popular, la circulación del poder de decisión, entre otros tópicos que podrían enumerarse. Mariano Fontela, en su reciente libro Peronismo y Ciencias Sociales, aplica esta diferencia a las mejoras de las condiciones de los trabajadores durante el primer gobierno de Perón: el concepto de “Justicia Social”, dice, está compuesto, por un lado, por los avances en “las condiciones materiales de los asalariados”, pero también por el elevamiento de la “cultura social” y los “aspectos espirituales” de esos mismos sectores. Ese esquema puede replicarse para otros ámbitos de la política.
Tras la muerte de Kirchner, importantes sectores de la militancia se entusiasmaron con la posibilidad de acelerar el proceso de cambio iniciado en 2003. La “profundización del modelo” se convirtió en el latiguillo de aquellos que vieron la posibilidad de “ir por más” gracias al imponente apoyo político que surgió en la plaza ese duro 27 de octubre y los días siguientes. Cierta urgencia, hija del entusiasmo, llevó a muchos a intentar apurar los tiempos en términos de una profundización cuantitativa. Sin embargo, la pelea de fondo en nuestro país estaba en otro lado.
Si hay un acierto sustantivo que el kirchnerismo tuvo a lo largo de estos años fue la identificación de los poderes reales en la Argentina y, a partir de allí, elaborar una estrategia que intentara autonomizar al sector político –que incluye al Estado– de las corporaciones. Primero fueron las Fuerzas Armadas, la Iglesia y los representantes de los productores sojeros. Luego fue el turno del andamiaje de medios de comunicación que reproducen el discurso hegemónico de la matriz histórica del poder concentrado. Se trató en cierta medida de la discusión por quién construye el relato de estos años. Pero, también, durante ese mismo proceso hubo una guerra silenciosa pero fundamental para el futuro de los argentinos: se trata de la disputa por la forma que el capitalismo debe tomar en la Argentina de los próximos años. Y el corazón de esa disputa es, claro, la puja distributiva.
Casualmente, tanto el gobierno de Néstor Kirchner como el de Cristina Fernández se fueron distanciando de algunos “socios” tradicionales del Estado argentino como el Grupo Techint, por ejemplo, se enfrentó directamente con el CEO de la Shell, Juan José Aranguren, adversario desde hace varios por la instauración del “modelo” y, claro, con el Grupo Clarín, desde la sanción de la Ley de Medios de Servicios Audiovisuales.
La semana pasada, en un mismo día, se produjo una batalla económica que pasó inadvertida para la mayoría de los argentinos, excepto para Tiempo Argentino. En forma absolutamente arbitraria, las tres empresas decidieron aumentar los precios para alguno de sus productos: Techint, las chapas laminadas en frío y en caliente –de las que depende la producción de automóviles y electrodomésticos, dos de las industrias que más crecieron en estos años, por ejemplo–; Shell, la nafta –con la incidencia que eso tiene en los demás puntos de la cadena de precios–; y Clarín decidió aumentar la facturación de Cablevisión aprovechándose del lugar monopólico que ocupa en el mercado. Como si se tratara de una estrategia de pinzas conjuntas, las tres empresas golpearon en un punto sensible para la opinión pública como es el tema de la inflación.
El gobierno, entonces, decidió responder con una medida que significó un paso en la “profundización cualitativa” del modelo nacional y popular, y que no es otra cosa que ampliar el espacio de intromisión del Estado en el mercado. Y lo hizo con la Ley de Abastecimiento en la mano, un recurso que los ciudadanos de a pie deberían defender en estos tiempos como una herramienta vital para poner a resguardo sus propios intereses. Promulgada el 25 de junio de 1974, unos días antes de la muerte de Perón, la norma fue pensada para un contexto duro como era la crisis mundial del petróleo y una fuerte puja distributiva que tensionaba la inflación. En su artículo segundo, la letra fría dice: “El Poder Ejecutivo podrá: a) Establecer, para cualquier etapa del proceso económico, precios máximos y/o márgenes de utilidad y/o disponer la congelación de los precios en los niveles vigentes o en cualquiera de los niveles anteriores; b) Fijar precios mínimos y/o de sostén y/o de fomento; c) Dictar normas que rijan la comercialización, intermediación, distribución y/o producción; d) Obligar a continuar con la producción, industrialización, comercialización, distribución o prestación de servicios, como también a fabricar determinados productos, dentro de los niveles o cuotas mínimas que estableciere la autoridad de aplicación... f) Prohibir o restringir la exportación cuando lo requieran las necesidades del país; g) En caso de necesidad imperiosa de asegurar el abastecimiento y/o prestación de servicios, intervenir temporariamente, para su uso, explotaciones agropecuarias, forestales, mineras, pesqueras; establecimientos industriales, comerciales y empresas de transporte…” En el artículo cuarto agrega: “Serán reprimidos… quienes: a) Elevaren artificial o injustificadamente los precios en forma que no responda proporcionalmente a los aumentos de los costos, u obtuvieren ganancias abusivas…
b) Acapararen materias primas o productos, o formaren existencias superiores a las necesarias, sean actos de naturaleza monopólica o no, para responder a los planes habituales de producción y/o demanda”.
Interesante. Esta semana, tanto el diario Clarín como La Nación publicaron importantes notas editoriales para denostar la Ley de Abastecimiento, que es una herramienta indispensable para controlar aquella inflación que sea producto de la especulación política y económica de los empresarios. Interesante, repito, porque los poderes concentrados y sus voceros tienen muy en claro cuáles son los intereses de los grandes grupos económicos y ponen el grito en el cielo cuando un Estado –en forma contradictoria, caprichosa, incluso– decide utilizar los instrumentos institucionales para intervenir en un mercado que de libre tiene poco y nada. El otro gran atacado fue, claro, el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, quizás uno de los funcionarios que –también con sus contradicciones, sus caprichos, su estilo poco “formal”– haya defendido como pocos el bolsillo de los argentinos en estos años.
La profundización cualitativa del modelo es quizás menos rimbombante y produce menos placer estético para algunos apóstoles que, por ejemplo, la “defensa de los intereses del pueblo trabajador y la igualdad social”. Sin embargo, los argentinos deberíamos tomar conciencia de que la verdadera batalla consiste en legitimar ideológica y públicamente el rol del Estado como interventor del mercado. Posiblemente, en los meses que van de acá a las elecciones, la disputa ya no sea sólo por el relato, sino también una fuerte pelea económica entre las corporaciones y el Estado argentino. Y será una buena oportunidad para que el hombre y la mujer común analicen a conciencia pura sobre su futuro y sus propios intereses.
*Periodista, escritor, politólogoPublicado en Tiempo Argentino
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