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| Imagen de www.taringa.net |
Durante
los últimos años, las patronales agropecuarias han alertado
permanentemente sobre la crisis que vive el campo, señalando como
principal culpable a los derechos de exportación, conocidos como
retenciones. Más recientemente, se suma a los reclamos terminar con la
obligación de liquidar divisas al tipo de cambio oficial. Según el
relato opositor, la intervención estatal estaría ahogando a uno de los
sectores más competitivos de la economía.
En primer lugar, vale preguntarse si existe una crisis en el campo
argentino. Algunos indicadores del sector señalan lo contrario. En
relación con el precio que recibe un productor de soja, los datos
muestran que en el primer trimestre de 2001, el precio internacional
rondaba los 190 dólares por tonelada, que al cambio de la
convertibilidad y con retenciones del 5 por ciento daban al productor
unos 181 pesos. En la actualidad, la soja cotiza a 540 dólares, que
descontando las retenciones del 35 por ciento y al cambio oficial de 5
pesos por dólar, da un valor de 1755 pesos por tonelada. Ello implica un
incremento de 870 por ciento en el precio que recibe el productor por
tonelada producida, entre comienzos del 2001 hasta el presente. En el
mismo lapso, los precios al consumidor aumentaron –según índices
provinciales– entre 490 y 530 por ciento, es decir, muy por debajo del
incremento de los precios percibidos por el productor sojero.
Otros indicadores confirman el auge de rentabilidad que vive el
sector. En el mismo lapso, el valor de la hectárea en la zona núcleo
pasó de 4000 a 16.000 dólares y las hectáreas sembradas con soja pasaron
de 11,6 a 19,7 millones. Sin embargo, no todos ganan lo mismo en el
negocio de la soja. Mientras que, según cálculos de Di Giovambattista,
Hang y Laborada, un productor que es propietario en Santa Fe recibe una
rentabilidad bruta del 148 por ciento, su margen de rentabilidad se
reduce al 53 por ciento si no es propietario y debe arrendar el campo.
Si bien ese margen no está nada mal, si se lo quiere mejorar, la
política que corresponde es la de regulación de los arriendos.
Paradójicamente, la Federación Agraria, que se autoproclama
representante de los pequeños y medianos productores, se opuso, en 2009,
a la sanción de una ley de arrendamientos que se estaba tratando en el
Congreso.
La eliminación de las retenciones a la soja, o su liquidación a un
dólar superior al oficial, generaría una crisis en el otro campo. Aquel
que no produce soja, pero que tiene pactado los arriendos y otros
insumos en quintales de esa oleaginosa. Es el caso de la mayor parte de
los tamberos y de gran parte de los productores ganaderos, que verían
incrementar sus costos y no tardarían en reclamar un aumento en el
precio de sus productos, so pena de pasarse a soja. El alza del precio
de distintos alimentos que tienen sus costos atados a la oleaginosa
terminaría generando reclamos salariales, presionando sobre los costos
empresarios, exacerbando la inflación y la presión sobre la cotización
del dólar.
Si se quiere preservar el poder de compra del salario, la
competitividad industrial y evitar una crisis del campo que no vive de
la soja, pero produce alimentos que se consumen en el país, el camino a
recorrer es el inverso al que solicitan las organizaciones patronales
agrarias. Debe reducirse la rentabilidad de la soja y fomentar una
agricultura diversa que abarate los alimentos. Ya en 1815, el economista
inglés David Ricardo sostenía que “el interés del terrateniente siempre
es opuesto al de todas las demás clases de la sociedad. Su situación no
es nunca tan próspera como cuando los alimentos están escasos y caros,
mientras que para todas las demás gentes es un gran beneficio tener
alimentos baratos”
*Publicado en Página12
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