INFANCIA Y ADOLESCENCIA

EL ALTO COSTO DEL ABANDONO
Hace un tiempo, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe decidió crear un Área específica dentro de su estructura, destinado a controlar el cumplimiento de los estándares internacionales en materia de trato digno. Sin embargo, hasta el momento no se ha registrado la implementación, y los lugares de detención continúan padeciendo las condiciones, no ya indignas, sino repugnantes para la vida de los allí alojados.
Desconocemos las razones del atraso de la acción de la nueva Área de la Corte Suprema, pero el caso es que las cárceles continúan incumpliendo los más mínimos requisitos exigidos por la propia Constitución Nacional y los Tratados Internacionales a los que a través de ella ha adherido nuestra Nación. Si esto es grave para las cárceles destinadas a los adultos, imaginemos lo que significa para los menores de edad sometidos a encierro: malos tratos, crueldad, degradación, torturas, son moneda corriente en esos lugares, supuestamente destinados a la recuperación y re-inserción social de estos jóvenes.
No es que no haya herramientas creadas a los efectos de tratar de paliar y mejorar esas escandalosas situaciones. En el año 2007, por decreto 1582, el Poder Ejecutivo Provincial creó la “Comisión de seguimiento del proceso de optimización del sistema de alojamiento de menores en conflicto con la Ley Penal”. En 2008, por decreto 1454, el Poder Ejecutivo crea el llamado “Comité de crisis”, dependiente de la Dirección Provincial de Justicia Penal Juvenil.
Los pomposos y largos títulos no han logrado tapar la absoluta nulidad de sus acciones. Como más claro ejemplo, está el Instituto de Rehabilitación de Adolescentes de Rosario (IRAR), depósito de chicos pobres y desamparados, donde lejos de generar las condiciones exigidas por las Leyes para sus recuperaciones, se manifiestan las más perversas situaciones degradantes de sus condiciones humanas.
Mientras tanto, la sociedad, obnubilada por los mensajes casi medievales de los medios (¿o miedos?) de comunicación, acepta gustosa el encierro y el maltrato de estos jóvenes. Sólo son pobres y delincuentes, a los que hay que desechar o esconder bajo la alfombra de la hipocresía con la que disimulan la aceptación de los escandalosos desfalcos de los grandes grupos económicos, que evaden impuestos, giran fondos al exterior y pretenden esclavizar a los trabajadores con sueldos miserables. Con la misma hipocresía miran para el costado ante los millonarios negocios del tráfico de armas, de drogas, de niños, de mujeres, de órganos. Lo importante parece ser mantener “a raya” a estos jóvenes delincuentes, que no son otra cosa que la “espuma” de un mar de pobreza a la que sólo quieren eliminar matando a los pobres y no a las causas profundas y estructurales que le dan origen.
Nada es inocuo, y menos gratis. Sólo basta mirarse en el espejo de lo sucedido en un Instituto paraguayo similar al IRAR, donde por las iguales y tremendas condiciones de vida de los internos murieron 12 de ellos y muchos fueron lesionados o heridos en un incendio. Llevado el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ésta dictaminó y condenó al Estado paraguayo al pago de indemnizaciones que, sumadas, pasan los 3.500.000 dólares.
El caso del IRAR ya ha sido presentado a la Corte mencionada, y nuestro Estado Provincial puede llegar a ser condenada a resarcir los daños engendrados a los internos, costo que deberá asumir toda la población, aún aquellos que por su visión obtusa, mediocre y egoísta, alientan los maltratos y hasta las muertes de estos jóvenes desechados de la sociedad en los “agujeros negros” de la “Injusticia” provincial.
Prof. Claudia Saldaña
Diputada Provincial