EL CENTRO DE ESTUDIOS POPULARES Y LA NUEVA LEY DE SERVICIOS AUDIOVISUALES
En los últimos años se han venido sucediendo importantes cambios socio-políticos en toda Latinoamérica, y nuestro País no ha sido ajeno a ello. El alejamiento de las políticas económicas imperantes durante las décadas anteriores en la Región, que aún mantienen sus resabios negativos, ha logrado modificaciones positivas en las economías, que renovaron la esperanza de sus millones de empobrecidos habitantes en obtener por fin el acceso a una vida más digna.
La puja por la decisión de que políticas aplicar en los ámbitos económicos, sociales y culturales no es fácil, y requiere de acciones cada vez más precisas y coordinadas, que generen mayor credibilidad en las mayorías populares, que a pesar de sus deseos de cambios o mejoras, termina dudando, en razón del permanente bombardeo publicitario de quienes dominan los principales y más masivos medios de comunicación, aliados incondicionales del poder económico concentrado del que ya forman parte.
Los medios de comunicación audiovisuales han logrado una influencia innegable en las conciencias de todos quienes formamos parte de esta sociedad. Lo cual no debiéramos considerar como malo, si los mensajes fueran variados, de diferentes orientaciones ideológicas o filosóficas, de manera de permitirnos a todos y cada uno de nosotros elaborar esos mensajes y traducirlos libremente en conciencia subjetiva.
Sin embargo, hace mucho tiempo ya que esa posibilidad ha dejado de ser tal. En base al interés del aumento inacabable del lucro, que parece ser el único objetivo de las empresas que poco a poco se fueron adueñando de la mayoría de los medios audiovisuales, lo fueron tiñendo todo de un monocorde mensaje, destinado a acercar primero y atrapar después a los oyentes y televidentes en una telaraña donde todo conduce a la anulación o, al menos, al debilitamiento de la voluntad consciente de cada individuo, y por transición, de toda la sociedad.
Un objetivo realimenta a otro, y el poder económico concentrado de los propietarios de medios terminó uniendo sus fuerzas al de un sector político, generando un supra-poder que multiplicó aún más su influencia sobre la sociedad toda.
Ese supra-poder está realizando ahora enormes esfuerzos para impedir que un nuevo régimen legal les disminuya (no les anule) el desproporcionado nivel de influencia que posee. Y para hacerlo utiliza justamente aquello que es el nudo de la cuestión: su posición dominante. Esto, que es innegable aún por esos mismos poderosos propietarios masivos de medios, es lo que hace imprescindible y urgente el cambio legal.
La actual propuesta de Ley de servicios audiovisuales, elaborada mediante un sistema tan democrático como nunca se ha dado para Ley alguna, se muestra como un claro medio para lograr un régimen que asegure por fin la equidad que el Pueblo se merece.
Escuchar a los silenciados, oír lo que nadie nos dice, ver lo que otros nos mienten u ocultan; no pueden ser razones que legislador honesto alguno pueda rechazar. Es preciso que aquellos que por una insana pasión opositora intentan frenar o impedir la sanción de esta nueva Ley, revean en profundidad sus posiciones y comprendan que ningún avance es totalmente inocuo, y ningún nuevo marco legal es perfecto, pero que vale la pena hacer el esfuerzo necesario para contribuir, mediante una nueva herramienta legal, en la construcción de una nueva sociedad, más justa y libre, donde al fin se escuchen todas las voces.
Arq. Roberto O. Marra
Vice-Presidente
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