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Se
ha escuchado decir a algunos senadores “justicialistas” que sus
votos a favor de los proyectos del Poder Ejecutivo es porque sólo a
él le corresponde la responsabilidad de gobernar, porque para ello
fue elegido por la “gente”. “No nos votaron a nosotros”,
aclaran. Y oscurecen, porque opacan el estado de derecho, olvidan la
Constitución que nos rige, liberal pero vigente; desatienden las
obligaciones que el Senado tiene, junto a Diputados, de representar
al Pueblo que los votó también, como parte de este sistema de
representación que (se supone) está para servir de contrapeso a las
acciones del Poder Ejecutivo.
Resulta
interesante, cada tanto, leer lo que esta Constitución
(desfalleciente) dice sobre temas que parecen de exclusividad del
ejecutivo, pero no lo son tanto. Entre las atribuciones establecidas
en el Artículo 75, está, según el Inciso 7, “Arreglar el pago de
la deuda interior y exterior de la Nación”. Sin embargo, el
ejecutivo acaba de establecer un convenio con el FMI por una suma
sideral sin que el Congreso participara. Además, desde el inicio de
su gestión viene tomando deudas que han multiplicado varias veces la
existente al inicio de su mandato, sin que estos senadores hayan
participado ni de cerca en esas decisiones fatales para nuestro
futuro.
Más
preocupados en salvar sus pellejos de las represalias judiciales y
mediáticas prometidas por los gerentes que ocupan los cargos
ejecutivos y conocen algunas de sus “trapisondas”, mienten en
parecer “republicanos” y partícipes de la “gobernabilidad”,
atados al carro de la destrucción económica, social y moral de una
Nación que casi, casi, está por dejar de serlo.
Tan
solícitos como estos supuestos “representantes”, son los
gobernadores. En ellos, casi sin excepción, se da esta particular
manera de “defender” sus provincias, degradando la vida de sus
habitantes, aceptando cuanta medida disponga la runfla de mafiosos
que ocupa la Rosada, en el mismo y podrido nombre de la
“gobernabilidad”, sutil forma de denominar la entrega absoluta de
la población a los designios fatales de las retrógradas políticas
nacionales. Para justificar tales despropósitos, se habla de la
imposibilidad de enfrentar al gobierno nacional sin recibir a cambio
revanchas presupuestarias que ahoguen a las provincias que se
atrevan. Con lo cual, la ética ha pasado a mejor vida, envuelta en
la mortaja despiadada del neoliberalismo que no se cansa matar.
La
falsa valentía de la que hacen gala cuando las campañas
electorales, la profusión de frases de pretendidas autonomías que
(saben) no cumplirán, son ya parte de un paisaje de miserias morales
que solo sufren los de abajo. Los mismos a los que recurren una y
otra vez para ensalzar sus oídos y destruir poco después los sueños
que, prometen, estarán al alcance de las manos.
Aquellos
“justicialistas” que olvidan la Constitución, también han
enterrado hace mucho las “20 Verdades” en la tumba de sus
falsías. Pretendidos defensores de lo que no respetan, actúan una
pertenencia que ya no tienen, levantando sus manos a requerimientos
del Poder que los sustenta, tanto como al payasesco personaje de una
mala película que ocupa el famoso sillón del “insigne”
endeudador primigenio.
Y no
conformes con semejante latrocinio ideológico, se erigen en jueces
de la pertenencia al origen peronista de quienes no concuerden con
sus acciones cómplices, capacidades que, en apariencia, le fueran
otorgados por una muy especial “divina providencia”, que suele
pasearse por los pasillos parlamentarios a la hora de la votaciones,
bajando o subiendo brazos que solo parecen impulsados por las
indignas prebendas que anulan la voluntad popular.
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