DONDE MUERE LA VERDAD

Por Roberto Marra

En el ámbito del derecho, tener o no pruebas hace la diferencia entre ser encontrado culpable o inocente. Las investigaciones que se realicen para encontrar esas pruebas debieran permitir descubrir una realidad ajustada a una verdad que se respalden con elementos fehacientes, palpables material e intelectualmente. A partir de allí, solo en base a ello, se podrá establecer la responsabilidad del acusado. Todo lo demás serán opiniones interesadas de las partes en disputa.

Eso es, en realidad, una expresión de deseos, una teoría del funcionamiento del Poder Judicial, una idealización correcta pero pocas veces concretada con fidelidad en lo cotidiano. Porque ese Poder, como cada institución del Estado, está atravesado por la ideología y los intereses de las personas que ejercen las cargos destinados a aplicar las leyes. Los jueces, fiscales y defensores no nacieron a la vida judicial desde la nada, sino trayendo sus idearios, sus pertenencias de clase y sus prejuicios morales (o inmorales).

En nuestro País, el Poder Judicial está constituído, en su mayor parte, por herederos. Los apellidos de los jueces se suelen repetir desde hace más de cien años, a los que se agregan los paracaidistas sin prosapia en sus apellidos, pero con pretendidas intenciones de sumarse al “selecto” grupo de estos “nobles” de la “Justicia”.

A partir de eso, poco es lo que se puede pretender de estos personajes a la hora de “hacer justicia”, con las honrosas excepciones que se deben salvaguardar. A las pruebas (justamente) nos debemos remitir, cuando desde hace años la persecusión judicial se ha convertido poco menos que en un deporte de los poderosos, socios indiscutibles de los jueces enquistados en los despachos tribunalicios, que cumplen con fruición su labor destructiva del honor de decenas de acusados sin pruebas, pero culpables.

El trabajo de demolición de la verdad no la concretan solo los jueces y fiscales y sus mandantes del Poder Real. Para que el resultado de sus causas sin fundamento jurídico tengan el “éxito” que necesitan para sus intereses, el “jurado popular” de “la gente”, como remedo del cine yanqui y sus ilusorias pantomimas leguleyas, determina la culpabilidad de los acusados gracias al gran ojo investigador de los medios, que con sus “periodistas-fiscales” les proveen de las inventadas “pruebas”, casi siempre consistentes en opiniones de sabiondos de paneles vergonzosos en programas televisivos que destilan brutalidad e ignorancia.

Mientras, detrás de este entretenimiento pseudo-jurídico, pasan las verdaderas corrupciones, donde los perversos evasores de las leyes y el dinero se regodean con los botines que obtienen con la destrucción del estado de derecho, del desarrollo soberano y la justicia social. Para cuando llegue la reacción popular, tendrán, casi seguro, otros jueces sentados en los despachos de los miserables tribunales de la In-justicia.