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La conjunción de diagnósticos
negativos exagerados acerca de las variables económicas que dejó el gobierno de
Cristina Fernández de Kirchner, con afirmaciones falaces sobre el impacto de
las primeras medidas económicas difundidas por el equipo liderado por el
ministro Alfonso Prat-Gay y la insólita eliminación de todos los indicadores
estadísticos del Indec-Todesca, facilitan el maquillaje u ocultamiento del
extraordinario ajuste sobre el salario y las jubilaciones del gobierno de
Mauricio Macri. La fábula de la crisis para justificar medidas regresivas de la
distribución de la riqueza no es sólo un recurso de marketing electoral o de la
gestión de gobierno, sino que está respaldada por documentos teóricos de
economistas. Esas investigaciones académicas postulan la necesidad de una
crisis para poder avanzar en profundas reformas regresivas en términos
sociales. Y si no se presenta la crisis, como fue el intento fallido del
establishment durante el año pasado, la tarea es construir el sentido de la
existencia de una crisis o, en forma más fulminante, instrumentar medidas
(megadevaluación, tarifazo, shock inflacionario, despidos) para provocar una
crisis culpando de ella a la herencia recibida.
Vale reiterar para grupos con Síndrome CCLD (Capacidad de Comprensión
Lectora Diferente), que se manifiesta en síntomas que impiden incorporar
contextos e ignoran otros escritos publicados en esta misma columna, que la
economía argentina enfrentaba diversas tensiones en los frentes cambiario,
inflacionario, laboral, fiscal y del sector externo. Pero el abordaje de esas
tensiones no requería inventar o construir una crisis y menos asegurar que
había una única vía para encararlas, como pretenden los representantes de la
ortodoxia y sus voceros amarillos. Lo que sucede es que para implementar el
programa de ajuste necesitaban de un escenario de crisis que no fue y, por lo
tanto, sólo les quedó la estrategia de distorsionar la evolución de variables
clave, como reservas internacionales, inflación, empleo público, crecimiento
económico, déficit fiscal y desocupación.
El presidente en comisión del Banco Central, Federico Sturzenegger, es
conocedor y divulgador de la teoría que postula la necesidad de una crisis para
habilitar socialmente un ajuste. En su primer libro publicado con Mariano
Tommasi, destacado economista de la Universidad de San Andrés y uno de los 200
intelectuales y figuras de la cultura que firmaron una carta pública invitando
a la población a votar por Macri en el ballottage, The Political Economy of
Reform (1998, Massachusetts Institute of Technology, London, England) incluyó
la investigación de Allan Drazen y Vittorio Grilli. Estos dos economistas
escribieron “The benefits of crises for economic reforms”, publicado por
primera vez en National Bureau of Economic Research (Cambridge, diciembre
1990). Es un texto de justificación teórica del ajuste. Un documento típico de
economistas convencionales: ecuaciones matemáticas y regresiones econométricas
para demostrar el postulado ideológico-político enunciado. Luego de desmalezar
las ecuaciones, se arriba a la conclusión de Drazen y Grilli: “Las pérdidas de
bienestar asociadas a distorsiones económicas y crisis permiten a las
sociedades aceptar medidas que serían imposibles de hacerlo en circunstancias
menos críticas. En otras palabras, las crisis pueden elevar el bienestar si son
la única manera de inducir importantes cambios de la política económica”. La
propuesta es provocar una crisis para poder aplicar un ajuste con respaldo
social. No es cinismo de economista sino la producción teórica en función de
diseñar e implementar el ajuste.
Esa teoría fue aplicada con el nivel del tipo de cambio. La fuerte
devaluación de Macri, que aún no ha alcanzado la plenitud de acuerdo a la
evolución de la paridad en la última semana, tuvo su explicación estructural en
el atraso cambiario y en la existencia de una brecha con la cotización ilegal
denominada blue. Pero fue fomentada con la supuesta inexistencia de reservas internacionales
disponibles en el Banco Central. El ajuste cambiario era justificado por la
crisis de reservas. El aspecto más notable de este relato ficcional fue que
quienes aseguraban que la caja estaba vacía y que los yuanes eran papelitos de
colores cambiaron el discurso cuando pasaron a ser funcionarios de Economía y
del BC. El objetivo ya estaba cumplido: conseguir legitimidad social y política
para una fuerte devaluación. Luego, con un pase mágico, las reservas del Banco
Central dejaron de ser negativas y volvieron a sumar unos 25 mil millones de
dólares, como ha estado informando diariamente la entidad monetaria conducida
por Federico Sturzenegger, y los papelitos yuanes sí eran reservas y pudieron
ser canjeadas una parte por dólares (unos 3100 millones). Con el shock
inflacionario la mejorar de la competitividad pretendida con la devaluación
quedará en la nada, en cambio se ha pulverizado de ese modo el poder
adquisitivo del salario y las jubilaciones, principal objetivo de esa medida
regresiva.
El desborde de las cuentas públicas es otra de las sentencias que se
reiteran para preparar el terreno del ajuste. La cifra que se repite sin ningún
respaldo documental es que el déficit fiscal heredado alcanza el 7 por ciento
del Producto Interno Bruto. Economistas de la city y analistas de grandes
medios repiten esa cifra. El aspecto inquietante es que también lo hace el
ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay. Las estimaciones más
rigurosas no registran semejante porcentaje. El último informe de la consultora
Econométrica, del radical antikirchnerista Mario Brodersohn, afirma que el
déficit fiscal (neto de rentas de la Anses y BCRA) cierra 2015 en 4,7 por
ciento del PIB, pero la eliminación de retenciones, como el nuevo mínimo de
Ganancias para personas físicas, lo elevaría a casi 5,5 por ciento del PIB en
2016. Estiman que “la parcial quita de subsidios a amplios sectores del GBA,
permitirá reducirlo a 4,0 por ciento del PIB” en este año. El déficit fiscal no
es del 7 por ciento.
El reciente Informe de Coyuntura Económica de la Universidad Nacional
de Avellaneda también indica que la situación fiscal no presenta el
“descalabro” que denuncian las consultoras de la city, para proyectar que el
déficit fiscal para 2015 fue de 3,9 por ciento del PIB, “en línea con el
proyectado por el FMI para los países en desarrollo (4,1 por ciento) y no muy
distinto al esperado para los países de América Latina”. Explica que durante el
2015, para reactivar la actividad económica, el gobierno de CFK fortaleció la
política fiscal expansiva como herramienta contracíclica. En consecuencia el
déficit se incrementó en 1,5 puntos del PBI en relación al exhibido en 2014.
Los especialistas de la Universidad Nacional de Avellaneda apuntan que
es erróneo inflar el porcentaje del déficit, eliminando los ingresos de la
Anses y el BCRA en el cómputo del resultado fiscal. Explican que de esa forma
se reducen los ingresos de manera errónea, sin respetar las formas de
imputación contable que sugiere el FMI y utilizada por la mayoría de los países
del mundo. Destacan que “una cosa es cuestionar las formas de financiamiento
del sector público y otra, engrosar el déficit eliminando discrecionalmente una
fuente de ingresos genuina”. Inflar el déficit fiscal para mostrar cuentas
públicas en crisis sólo tiene el objetivo de justificar el ajuste.
En realidad, en los primeros 30 días del gobierno de Mauricio Macri
hubo un expansión del déficit por la eliminación de retenciones, disminución de
impuestos a autos de alta gama, más subsidios a la lechería, la no aplicación
de Ganancias en el medio aguinaldo de los trabajadores que ganan hasta 30 mil
pesos, y el bono de fin de año de 400 pesos para titulares de AUH y
jubilaciones mínimas. Cuando Prat-Gay presente los números fiscales argumentará
sobre la magnitud del déficit que ayudó a aumentar, vía para implementar el
ajuste que ha comenzado de la peor manera con el empleo público.
El macrismo recibió como herencia una economía con inmensos desafíos y
tensiones pero desendeudada con el sector privado, con una tasa de desempleo
baja y una actividad económica con signo positivo pese al contexto
internacional adverso. El inédito apagón estadístico, las declaraciones
desmesuradas de funcionarios y la construcción de una crisis sólo vienen a
justificar y a conseguir legitimidad social, facilitada por un impactante
blindaje mediático, para instrumentar un ajuste regresivo sobre el poder
adquisitivo de trabajadores, jubilados y sectores medios. Los masivos despidos
de trabajadores del Estado es el primer paso.
*Publicado en Página12
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