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Por Andrés Asiain *
Una de las creaciones discursivas de los economistas
opositores es que la política económica del kirchnerismo se compone de medidas
descoordinadas que, a modo de parches, se van tomando ante la irrupción de
diversos avatares económicos. Esa falta de visión estructural de la situación
económica impediría delinear un programa de medidas que resolviera en forma
coordinada los problemas de fondo. Para evitar seguir atacando los síntomas
superficiales de la enfermedad económica y, en cambio, enfrentar las causas
profundas de lo general, haría falta elaborar un “plan integral”.
Por lo general, al momento de dar precisiones sobre los contenidos de dicho plan, los economistas que lo enarbolan como bandera suelen escaparle al bulto y expresar una serie de generalidades y frases inconexas. La causa de la imprecisión podría ser la de carecer de un plan real o, tal vez, la razón se encuentre en aquella frase de un ex presidente que alguna vez afirmó: “Si yo hubiera dicho lo que iba a hacer, no me votaba nadie”. Con menos cintura política, un economista neoliberal de frecuente aparición mediática delineó el domingo pasado los componentes del plan integral opositor que muchos no se atreven a formular:
“Se tiene que abrir
(el ‘cepo’) el 11 de diciembre, como parte de un plan integral que ataque
alguna de las distorsiones. Esto implica un plan antiinflacionario que en
simultáneo baje el gasto público y los subsidios, suba las tarifas, devalúe el
peso al menos un 50 por ciento y ponga las tasas de interés en línea con la
inflación real. También debe anunciarse ese día que se acatan los fallos de la
OMC, el Ciadi, la sentencia de Griesa y se solicita un programa con el FMI”
(Clarín, 15/3/2015).
Al respecto, no es
difícil imaginar los resultados de ese plan antiinflacionario en el marco de
una devaluación del 50 por ciento, con incremento de tarifas y tasas de
interés. El experimento similar de Celestino Rodrigo, el 4 de junio de 1975,
generó un salto espectacular de las tasas de inflación que, desde ese momento,
pasaron a superar el ciento por ciento anual por casi dos décadas.
Abrir las
restricciones a la compra de dólares en el marco de semejante estallido
inflacionario daría un fuerte impulso adicional para la fuga de capitales. A
esa creciente demanda de dólares se sumaría la del pago de la sentencia Griesa,
los remanentes en el Ciadi y las requeridas para pagar las importaciones
provocadas por la apertura económica que se esconde tras el reclamo de acatar
los fallos de la OMC. La consecuente pérdida masiva de reservas internacionales
pondría a cualquier gobierno contra las cuerdas, obligándolo a negociar un
rescate financiero frente al FMI, condicionado al ajuste del gasto público que
forma parte del plan.
La baja del poder de
compra del salario, vía aceleración inflacionaria provocada por el aumento de
tarifas y del dólar, junto al menor gasto público y la contracción del consumo
y la inversión inducido por el impacto de la apertura importadora sobre la
producción y el empleo, provocaría una fuerte crisis de la actividad económica.
Ese “achicamiento” de la economía nacional iría mermando las importaciones a
fuerza del infraconsumo de la población, para terminar induciendo menores
compras de insumos y maquinarias importados.
De esa manera, el plan
integral de la oposición lograría finalmente sus verdaderos objetivos:
reconstruir una Argentina dependiente de los gestores del crédito internacional,
con un mercado interno reducido a fuerza del empobrecimiento de nuestra
población
*Publicado en Página12
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