TURROS Y CURROS

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Por Luis Bruschtein*

Mauricio Macri y Sergio Massa crearon inquietud sobre el futuro con sus declaraciones de fin de año sobre la política de derechos humanos. Ese territorio de la conciencia ciudadana motorizado masivamente alrededor de los organismos de derechos humanos, un territorio en latencia, que se mantiene magmático y eruptivo desde la salida de la dictadura, comenzó a revolverse como en sus mejores épocas.

Hubo aclaraciones, algunos paréntesis y puntuaciones, pero quedó en el aire la sensación de que un cambio político implicará necesariamente un cambio en las políticas de derechos humanos. Es una obviedad, pero no debería serlo si se pudiera concebir a estas políticas como planteos constitutivos de la democracia argentina y el Estado, es decir, como políticas de Estado. No se trata de una expresión de deseos o de principismo, ya que sólo implica reconocer un hecho de la realidad basamental de estos treinta años de democracia. La herida fue tan profunda, que la acción de restaurarla y todas las alternativas negativas o a favor que se sucedieron en los diferentes gobiernos y en los procesos sociales se convirtieron en la marca indeleble de la transición democrática argentina. El acervo ético de esta nueva democracia se fue consolidando sobre la experiencia que construyeron los organismos de derechos humanos en su resistencia pacífica y humanística a la dictadura. En el imaginario colectivo representan la opción más clara en la antinomia dictadura-democracia.

La dimensión de la herida a los derechos humanos no se mide por un número como trató de instalarse en un falso debate que, no por nada, coincidió con las declaraciones de Macri y Massa. Reducir la dimensión del horror y su impacto en la sociedad a una discusión aritmética revela una mirada increíblemente mezquina. La democracia avanzó al poder certificar más de diez mil desaparecidos, del total estimado en treinta mil, en un contexto totalmente desfavorable. Se logró certificar esa cantidad a pesar del pacto de silencio de los represores, de la desaparición de toda la documentación y la destrucción de pruebas y fundamentalmente a pesar del miedo que subsistía y que se sumaba a la impunidad de los asesinos que tenían todavía gran influencia o estaban insertos en el aparato del Estado, eran protegidos por los grandes medios y apañados por el poder económico. A pesar de todos esos obstáculos se pudo identificar a diez mil desaparecidos.

La otra cifra es una estimación, puede que sean menos, no es una cifra exacta, no puede serlo, discutirla como si lo fuera es falsear el debate. Es una cantidad aproximada a partir de testimonios de sobrevivientes y otras consideraciones que surgen en los últimos años de dictadura y que es muy difícil corroborar más de treinta años después. Ex prisioneros y represores arrepentidos estiman entre cuatro y cinco mil los desaparecidos que pudieron haber pasado por la ESMA. Otro tanto sucedió en el campo clandestino de Campo de Mayo y otro tanto en centros de Córdoba como La Perla o La Ribera. Pero estos son sólo cuatro o cinco de los más importantes. Está comprobado que en los primeros meses de 1976 llegó a haber 610 campos clandestinos de detención (no lugares de paso de detenidos) en todo el país. A fines de ese año se verifica la existencia de 364 y en 1977 quedan 70. Esa cifra se va reduciendo hasta 1980, cuando quedan unos pocos.

Hubo algún personaje símil servicio de inteligencia hablando como ex montonero circulando por canales de televisión para decir que junto con el ya fallecido ex secretario de Derechos Humanos, Eduardo Duhalde, inventaron durante el exilio en Europa la cifra de treinta mil para “competir” con el Holocausto (seis millones de personas). La cifra del Holocausto es estimativa también, pero solamente la discuten los pro nazis. Si un incansable luchador como Duhalde estuviera vivo, despreciaría esa versión miserable.

Certificar miles de desapariciones en todo el país fue extremadamente complicado por el miedo que instaló la dictadura y que se mantuvo durante muchos años en democracia con las políticas de impunidad. No solamente estaban protegidos por el Estado, sino que además, muchos represores se mantuvieron en cargos jerárquicos militares y policiales. Durante todos esos años, se pasearon por las calles y tenían gran influencia sobre diferentes niveles del Estado. En cambio, la mayoría de los desa-parecidos provenía de sectores muy humildes y los que les sobrevivieron ni siquiera tenían militancia. Los que discuten la cifra de treinta mil desaparecidos que manejan los organismos de derechos humanos y quieren una cifra exacta, “realista”, “certificable”, se la tienen que reclamar a los represores y no a los organismos de derechos humanos. Plantear ese debate con los organismos, y no con los represores, implica asignarles a los organismos una responsabilidad que no les compete a ellos sino a los represores que mantienen su pacto de silencio y que sólo van aceptando las cifras de desapariciones que se han podido “certificar”. Plantear este enfoque para un debate de los derechos humanos resulta éticamente pobre, pero hacerlo para confrontar con los organismos y usando los argumentos de los represores, en sintonía con dos candidatos presidenciales de la oposición que deciden hablar al mismo tiempo sobre un tema del que no hablan nunca, resulta por lo menos llamativo.

Otro sector minoritario dentro del movimiento de derechos humanos sostiene que todos los avances se han logrado en estos once años sólo porque la movilización y la protesta popular se los arrancaron al Estado. Visualizan al Estado como un bloque homogéneo cuya voluntad política ha sido siempre contraria a la anulación de las leyes de impunidad, a la realización de los juicios a los represores, a la recuperación de los nietos de las Abuelas, a la preservación de los centros de la memoria y muchas otras acciones, algunas más relacionadas con el presente, como el juicio y castigo a los responsables de la muerte de Mariano Ferreyra o la prohibición de llevar armas de fuego a efectivos policiales que intervienen en alguna marcha.

Pero para realizar cualquiera de esas acciones, tiene que haber habido una voluntad política desde el Estado que acompañó el reclamo popular. El reclamo solo, si no tiene una expresión política de poder que lo represente, difícilmente pase alguna vez de la protesta y deje de ser una expresión testimonial que pocas veces alcanza su objetivo y que suelen ser prácticamente inofensivas para el sistema.

Al revés de lo que piensan estos sectores, hubo una voluntad política que, no solamente representó, sino que en muchos casos impulsó estas propuestas. Desde 2003 muchas de las áreas que involucran a los derechos humanos desde el Estado son gestionadas directamente por representantes de los organismos más emblemáticos de la resistencia contra la dictadura y después contra el neoliberalismo. Es imposible entender estos últimos once años sin tener este aspecto en cuenta. La expresión más revulsiva de la sociedad desde la salida de la dictadura encontró en el 2003, en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, un canal institucional a nivel del Estado y transformó en políticas de Estado los reclamos del movimiento de derechos humanos.

Sin embargo, los procesos a nivel del Estado no son lineales ni homogéneos. La permanencia durante años de un juez como Alfredo Bisordi, que frenaba los juicios a los represores, o hechos recurrentes como la desaparición y muerte del adolescente Luciano Arruga y su encubrimiento, involucrando a funcionarios judiciales y policías de la Bonaerense, ponen de manifiesto que al mismo tiempo hay una parte importante de ese mismo Estado que obstaculiza los cambios e incluso disputa espacios y atribuciones y acciona sobre la sociedad. Por lo general esas disputas incluyen reacciones corporativas defensivas ya sean judiciales, militares o de la corporación implicada en cada caso. El proceso político que comienza en el 2003 acepta al Estado como un territorio a transformar, una zona en conflicto.

En ese camino –que puede ser discutible o no– se logró cristalizar reclamos que mantuvieron en vilo a la sociedad durante los veinte años previos de democracia. No hay “curros” ni “revanchismos” en la esencia de las políticas de derechos humanos. Son en realidad dos palabras encubridoras de otras que han sido superadas y perdido valor, palabras absolutorias, palabras de impunidad para los crímenes del terrorismo de Estado. Hay cuestiones muy concretas que es importante que los candidatos expliquen con precisión, sin generalidades ni sanateadas, sobre la continuidad de los juicios y el respeto de las condenas, sin leyes o decisiones exculpadoras, sobre el respaldo a la búsqueda de las Abuelas y sobre el mantenimiento de las políticas de memoria.

*Publicado en Página12