DERECHOS DE LA INFANCIA

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Por Roxana Mazzola *

La creación de la Asignación Universal por Hijo implicó un cambio en relación con los planes de los ’90. Desde hace un quinquenio, miles de niños nacen con un derecho a la seguridad social garantizado, a la par que promueve su salud y educación. Comenzaron así a repararse derechos esenciales en la niñez.

Su impacto es de envergadura porque son 12 millones de niños hasta 17 años en el país según el Censo Nacional 2010, y más del 50 por ciento de los hogares tienen chicos hasta esta edad, remarcando un gran reto para las políticas públicas. Además, nos encontramos ante dobles transiciones familiares, una para los sectores populares y otra para aquellos que al contar con mejor posición, retrasan la maternidad y se desarrollan profesionalmente. No basta el esfuerzo individual para modificar su sentido, sino que expresan la combinación producida entre factores demográficos, culturales, distributivos y en el acceso a oportunidades diferenciales. Por tanto, requieren de la intervención del Estado a favor de la justicia social.

El nuevo paradigma de la “protección ampliada” en la infancia que integra la AUH, a su paso a lo largo de estos años, trasciende, transforma e interpela a otros paradigmas de antaño con los que convive, como el de los ’90 e inicios del siglo XX, más restrictivos, y el de los ’50, apto para otros tiempos.

Cinco puntos a resaltar para un balance a 5 años de la AUH:

1. Es una conquista social. Esta política fue creada a fines de 2009 para sostener el consumo de los sectores populares frente a la crisis internacional de 2008. Resulta de luchas por la justicia de larga data. Desde el planteo de Evita en 1951 en La razón de mi vida cuando proponía reconocer un ingreso por el trabajo que las mujeres realizan en el cuidado de los integrantes del hogar, hasta las diversas marchas en años más recientes. En el 2000 el Frente Nacional Contra la Pobreza (FreNaPo) y la Consulta Popular impulsada por la CTA solicitaban un ingreso a la niñez y extender las jubilaciones. Tres millones de firmas avalaron el pedido y participaban los movimientos sociales, las organizaciones de desocupados, entre otros. A esto se suman los proyectos de ley presentados por diputados y senadores. Actualmente y más allá de algunos prejuicios vigentes, el consenso sobre la medida e impacto positivo es generalizado tanto desde todo el espectro político como en el ámbito académico.

2. Integración al sistema de seguridad social y derechos de la niñez. El decreto de creación de la AUH se integra al plexo normativo de la ley de asignaciones familiares (AAFF), es decir, es parte del sistema de seguridad social y no una medida aislada. Se incorpora así un componente no contributivo al régimen de asignaciones familiares, históricamente contributivo y que sólo recibían los hijos de trabajadores formales. Significa un cambio sustancial en políticas de protección social que conciben a la seguridad social de forma más amplia, justa y actualizada. Además, se enmarca conforme a lo establecido en la ley de protección y promoción de los derechos del niño, sancionada en 2005. Aquí no se hizo un uso retórico de los derechos como sucedía con los planes, sino que se avanzó con hechos: mientras en 1997 sólo 35 por ciento de chicos de Argentina contaba con este derecho, ahora supera el 80 por ciento, según estadísticas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. En los pasos que siguen hay aspectos mejorables en cobertura, beneficios, corresponsabilidades y sobre todo el avance concreto y experiencia acumulada en estos años sientan las condiciones para que actualmente se debata una nueva ley de todo el sistema de asignaciones familiares, no sólo de la AUH como reclaman algunos. Además hay mucho por difundir para que sea entendido y apropiado como el derecho que es y no un plan asistencial. Superar el paradigma de la “protección restringida” de la infancia que caló muy hondo en la sociedad, hasta en los propios destinatarios de la medida, tiene que empezar a cobrar un lugar central avanzando en la transformación cultural.

3. Rol distributivo de la Nación en el territorio. La AUH y AUE expresan la recuperación del rol del gobierno nacional en la distribución en un país federal. Realiza una inyección de recursos en las economías locales nada desdeñable (más de 10 mil millones anuales), en especial en las regiones más pobres, a favor de la infancia. Además, las incompatibilidades establecidas con otros beneficios permitieron una mejor asignación de recursos, integrando o absorbiendo medidas bajo este programa. Valga destacar que las familias no se vuelven ricas, sino que calculemos que son dos hijos en promedio por hogar que perciben la AUH, de modo que 644 pesos por hijo son 1288 pesos mensuales. De ello, 80 por ciento se percibe directamente y el 20 por ciento restante una vez al año cuando se comprobó la asistencia escolar y controles de salud. Esto implica que la AUH actúa como un motorizador e interpela las capacidades en salud y educación a cargo de las provincias. En este sentido, por ejemplo, la política se articuló con el Plan Nacer-Sumar en salud, que ya tiene 10 años de vigencia, el cual ha introducido una novedosa modalidad de transferencias condicionadas a resultados desde la Nación a los municipios y cuenta con robustas evaluaciones de impactos que evidenciaron sus efectos favorables en la salud de la población materno-infantil. Hay que seguir profundizando los efectos distributivos territoriales de estas medidas, en su articulación con las políticas subnacionales y mejorando capacidades estatales.

4. Transparencia y universalismo a través de la selectividad. La política puso en jaque viejas formas en el otorgamiento de beneficios y sus recursos no se volcaron al “juego y las drogas” como algunos decían, sino que son las madres quienes administran los recursos y destinan a cuestiones de primera necesidad (alimentos, útiles escolares, darles un gusto a los hijos, incorporar productos de tocador, contar con un fondo para emergencias médicas, compra en cuotas de zapatillas). Por otra parte, el mecanismo de acceso establecido es más simple en relación con lo que sucedía con los planes de los ‘90 y otras medidas implementadas en América latina en las que a los destinatarios se les aplica un cuestionario extenso, a menudo invasivo, para definir quién accede y quién no. Se sitúa en una misma puerta de entrada, la Anses, y establece una estrategia que combina instrumentos de focalización demográfica (todos los chicos hasta 17 años) más otros ligados a la condición laboral de los padres. De este modo, se potencia el uso de las nuevas tecnologías para simplificar, utilizando determinados “medios” para garantizar el “fin” de la universalización del derecho a todos los niños.

5. La familia como unidad de las intervenciones, actualización y efectos integrales. Con la AUH, en la práctica, y más allá del debate teórico, cambió la “unidad” hacia la que se dirige la política social: la familia con hijos se convierte en el eje central. Las bases de datos que se fueron consolidando estos años permiten contar con un respaldo estratégico para planificar y potenciar políticas para el grupo familiar con chicos hasta 17 años. Además, al partir de una base de ingreso garantizado es posible pensar en otro estadio, que mejore las condiciones y amplíe las oportunidades de desarrollo de la infancia. En este sentido, actualmente se están complementando y articulando políticas, por ejemplo, una madre joven puede percibir el apoyo del Programa Progresar por estudiar, más contar con el derecho a la seguridad social por su hijo. Con ello se promueve la finalización de estudios básicos de padres y/o tutores o jóvenes, especialmente de las mujeres, favoreciendo la ampliación de capacidades. No se ha estimulado la “vagancia”, sino que en todo caso con la AUH y AUE lo que se generó ha sido que una familia no sea explotada por debajo de ciertos parámetros mínimos. Además, el monto no quedó congelado como pasaba con los planes, sino que más allá del debate pendiente sobre la cuantía, anualmente se fue actualizando junto con los aumentos de las asignaciones familiares tradicionales que es equivalente a su monto mayor, dotando de carácter progresivo a la inversión. Hay que aprovechar la potencialidad integradora que tiene la medida.

El balance a 5 años de la implementación de la Asignación Universal por Hijo es positivo y su consenso, generalizado. Tres retos a considerar con especial atención:

a. Apropiación de los derechos, capacidades y nueva ley del sistema de asignaciones familiares. Los viejos paradigmas aún conviven y están presentes en discusiones diarias y en el propio Estado. La readecuación de la fisonomía del Estado conforme al horizonte establecido es un aspecto a profundizar y no neutral en este proceso, dada su repercusión directa en la calidad de vida y bienestar de los familias. Ello incide para que sea entendido y apropiado como el derecho que es y no un plan asistencial, además de la importancia de comunicar más qué significa la medida. El aprendizaje acumulado también permitiría ahora debatir una nueva ley de todo el sistema de asignaciones familiares, no sólo de la AUH.

b. Derecho al cuidado en la niñez. Hay que avanzar en universalizar jardines de infantes para promover el desarrollo infantil y facilitar que las mujeres trabajen, no estando tan exigidas. Los anuncios recientes de la ley para establecer la obligatoriedad de la educación desde la sala de 4 años y tendientes a universalizar la de 3 años, así como de creación de infraestructura edilicia, van en este sentido.

c. Derecho de acceso al crédito para sectores populares. También es necesario que los sectores populares no sean explotados por usureros, posibilitándoles invertir en insumos necesarios para vivir (zapatillas, electrodomésticos). Dado que los recursos de la AUH y AUE han permitido que las familias cuenten con un ingreso estable, ahora se requiere avanzar en una política pública que facilite el acceso al crédito a estos sectores del mismo modo que lo hizo la Tarjeta Argenta para jubilados y no dejar que un mercado especulativo lo haga.

Conocer y profundizar el nuevo paradigma de la “protección ampliada” de la infancia que esta política expresa junto a otras como el Conectar Igualdad, el voto a los 16, el Plan Nacer-Sumar, entre otras, así como continuar trascendiendo su convivencia con otros de antaño, es un compromiso que involucra a todos

* Autora del libro Nuevo paradigma. La Asignación Universal por Hijo, publicado por Editorial Prometeo, 2012.
Publicado en Página12