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A pesar del inenarrable espectáculo del asesinato y la mutilación de
los miles de niños, mujeres, ancianos y familias completas; de la destrucción
planificada de barrios enteros; de los hospitales y escuelas bombardeados; de
las infraestructuras fundamentales destruidas conscientemente; de los millares
de desplazados, se intenta justificar lo injustificable con el argumento de que
“los terroristas palestinos son los responsables”.
Mucho se ha escrito, y es
necesario que se siga escribiendo, sobre la inmensa falacia e hipocresía de
esta afirmación cuando a un pueblo entero se le vienen negando
sistemáticamente, durante décadas, los más elementales derechos. No incidiré ni
insistiré sobre ello, ni me referiré a la historia que lleva a esta historia.
Aunque es muy difícil no hacerlo, especialmente cuando se tiene ascendencia
judía, se está orgulloso de tenerla y, entre otros sentimientos dolorosos, se
experimenta una inmensa vergüenza por lo que viene sucediendo.
Por parte del Estado de Israel no
sólo se producen una y otra vez, entre otros delitos de derecho internacional,
masacres como ésta a la que acabamos de asistir, sino que se detiene y se juzga
a quienes son acusados de actos de terrorismo. Miles de palestinos pueblan las
cárceles israelíes. A las víctimas israelíes las instituciones del Estado de
Israel les otorgan amparo y reparación.
Nadie juzga, en cambio, a los
responsables de los crímenes cometidos por el Estado de Israel.
Es indiscutible que estamos ante
crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y/o genocidio. No lo niegan ni
aún quienes los justifican. El testimonio incontestable de las imágenes lo
acredita. Y no se trata en este caso de crímenes cometidos por una organización
terrorista, sino que el terrorista es el Estado mismo. Ni se investigan los
delitos cometidos contra los ciudadanos palestinos, ni a las víctimas
palestinas se les otorgan amparo y reparación.
Con ocasión de una de las
anteriores matanzas, la denominada Plomo Fundido, escribí en Página/12, el 27
de enero de 2009, un artículo titulado “Justicia universal para Gaza” en el que
señalaba que no había que tener dotes proféticas para aventurar que no actuaría
la Corte Penal Internacional y que de no perseguirse a los criminales, el
crimen, irremisiblemente, volvería a cometerse. Así ha sucedido.
En ese artículo llamaba a que se
aplicara el principio de justicia universal, que tanto colaboró para el final
de la impunidad que protegía a los grandes criminales en muchos de nuestros
países. Este principio jurídico se resume en que quienes cometen crímenes
contra la humanidad deben ser perseguidos por los tribunales de justicia de
todos los países del mundo, independientemente de la nacionalidad de víctimas y
victimarios y de los intereses particulares del Estado al que pertenecen dichos
tribunales. Constituye un avance de la civilización humana.
Como sabemos, la detención de
Augusto Pinochet en Londres, el juicio y la condena que cumple en una cárcel
española el marino y represor argentino Adolfo Scilingo, la extradición desde
México a España del también oficial de la marina argentina Ricardo Miguel
Cavallo y su posterior entrega a tribunales argentinos para que fuera juzgado
por sus crímenes, y las cientos de órdenes internacionales de detención que
fueron libradas por Baltasar Garzón contra los responsables de las violaciones
de los derechos humanos sufridas por los pueblos argentino y chileno,
constituyeron la más alta y efectiva aplicación de este principio, acorralaron a
los victimarios y confortaron a las víctimas que se sintieron acompañadas en su
lucha por la justicia.
Al calor de estos
acontecimientos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió una
Recomendación el 8 de diciembre de 1998, y una Resolución el 24 de octubre de
2003, instando a los países de América a que ejercieran la jurisdicción
universal.
El 4 de diciembre de 2001 fueron
presentados en las Naciones Unidas los llamados Principios de Princeton sobre
jurisdicción universal suscriptos por más de cincuenta notables juristas de
todo el mundo. En ellos se destaca que el principio de justicia universal se ha
convertido en una norma imperativa del derecho internacional y, por lo tanto,
ni siquiera es preciso que esté contemplado expresamente en las leyes escritas.
Sin perjuicio de ello, está incorporado en las constituciones y legislaciones
de muchos países del mundo. En su virtud, actualmente se tramitan ante juzgados
federales argentinos causas judiciales contra los responsables de los crímenes
perpetrados por el franquismo en España y la dictadura de Stroessner en
Paraguay.
Se trata de aplicarlo ahora no
respecto de crímenes pasados, sino actuales. Si se quiere hacer efectiva la
solidaridad y apoyo a las víctimas palestinas, si se pretende que los crímenes
no vuelvan a cometerse una vez más impunemente, se deben articular los medios
para que sus responsables sean perseguidos internacionalmente.
Los gobiernos de la mayor parte
de los países de América latina, y las organizaciones regionales en que se
integran, han expresado su consternación y condena ante los crímenes a través
de declaraciones y/o medidas de distinta índole. Es muy importante, pero
insuficiente.
Estamos ante los crímenes más
graves que pueden cometerse contra los seres humanos. Y los crímenes se
investigan en los tribunales de Justicia. Es necesario e imperioso que en
aplicación del principio de justicia universal y en cumplimiento de lo
establecido en las normas y principios del derecho internacional los delitos
sean investigados, se dicten contra los responsables órdenes internacionales de
detención y sean finalmente castigados.
Por el pueblo palestino, pero
también por los judíos que en el mundo, y en Israel, se oponen a este horror.
Justicia, justicia perseguirás. A perseguir justicia nos convoca la Torá, libro
sagrado de los judíos. Cumplamos su mandato.
*Publicado en Página12
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