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Por Fernando J. Pisani*
Rosario
y Santa Fe se han convertido en dos de las ciudades de mayor nivel de violencia
de la Argentina. Situación agravada por no existir un buen diagnóstico del
problema ni algún plan de ataque al mismo, sólo acciones aisladas.
Lamentablemente el mayor esfuerzo está orientado a endilgar las
responsabilidades en otros, sin asumir las propias. Por
supuesto que este no es un problema sólo de estas ciudades, ni de la provincia
de Santa Fe, ni de Argentina. Más motivo para concluir que ante la violencia o
la inseguridad no alcanzan las frases rimbombantes, sea para acusar al otro,
sea para anunciar alguna realización que en realidad no cambia nada.
Intentemos
por un momento despojarnos de los lugares comunes y de evitar acusaciones
fáciles de hacer (aún si son justas) y pensemos seriamente el problema. Porque
es un problema serio lo que está pasando en Rosario y en Santa Fe (el que pueda
pasar también en otros lugares no es un consuelo, ni sirve para evadir
responsabilidades).
Mientras
que la cantidad de homicidios en Argentina cada 100.000 habitantes es de 5,4
muertes, Rosario supera los 14,3 asesinatos, en un proceso de crecimiento
constante (Buenos Aires ciudad es 5,8).
En
el año 2007 hubo en Rosario 113 homicidios. Un año después 121. En el 2003
trepó a 130. Cuatro muertos menos en el 2010 -126-;y luego se incrementa
significativamente: 164 y 175 en 2011 y 2012 respectivamente.
Estos
números de por sí pueden no decir mucho, pero comparémoslo con una ciudad
parecida en su magnitud e influencia: Córdoba. Allí, de 89 homicidios en 2008
decreció a 79 en el 2009, bajó aún más en el 2010, con 45 subiendo un poco
-pero mucho más bajo que los años anteriores: 53 y 65 en el 2011 y 2012
respectivamente. Es decir, la tasa de la ciudad de Córdoba en menos de la
mitad a la de Rosario.
De
esta comparación no sirve deducir que el gobierno del peronista no K De la Sota
trabaja mejor que el de Bonfati del socialismo de Binner, o que el intendente
de uno realiza mejor trabajo social que el otro, o que el gobierno nacional
ayuda más a uno que a otro. Las cifras de Córdoba tampoco son para ponernos
felices, aunque lo significativo es que son decrecientes mientras que en Santa
Fe son crecientes.
Cuando
aparecen acusaciones contra Tognoli por vinculación con el narcotráfico, se
genera una crisis y una demanda de respuestas. (Las acusaciones se hacen cuando
era Jefe de la Policía de Santa Fe, designado por el gobernador Bonfati. Antes
de ese cargo, Binner, bajo su gobernación, lo había designado como Jefe de la
ex Drogas Peligrosas),
A
manera de diagnóstico y de “marcar la cancha”, Binner plantea que el problema
del narcotráfico es cosa del gobierno nacional, pues Santa Fe no limita con
ningún país productor de drogas, que las drogas vienen por las rutas nacionales
11 y 34 (agregando luego las 33, 9 y 65) y remata diciendo que el narcotráfico
es un delito federal. (Las citas textuales y contextualizadas de esas
declaraciones están al final del trabajo). Similares declaraciones pueden
encontrarse también del gobernador Bonfati y otros dirigentes del FPCyS y del
FAP.
Es
interesante analizar estos argumentos, no tanto porque explican por qué el
gobierno socialista no tiene ningún plan serio que enfrente la problemática,
sino porque expresan las ideas de una parte importante de la población,
incluyendo periodistas, formadores de opinión y políticos de diverso signo. Y
ocurre que con esos preconceptos es imposible enfrentar con alguna posibilidad
de éxito los incrementos del crimen, la violencia, la inseguridad, del
narcotráfico y del consumo de drogas.
Comencemos
a analizar los conceptos expresados.
“Es
un delito federal”
Para
Binner, que el narcotráfico sea un delito federal excusa al gobierno provincial
de mayores responsabilidades. Claro que su postura lo acerca más a los
Unitarios, pues si algo caracterizó a los Federales fue la defensa de un grado
importante de autonomía provincial en contra de los primeros que pretendían un
gobierno centralizado que lo decidiera todo.
Y
porque ganaron los Federales al hacer la Constitución (aunque a veces parece lo
contrario) es que cada provincia tiene su Legislatura, su Justicia, sus leyes,
su sistema educativo, sus impuestos, su policía.
Un
simple ejemplo: A nivel nacional (donde también están representadas las
provincias) se aprueba una ley nacional, por caso la que los autos deben
circular con las luces bajas prendidas. Esa ley no corre para las provincias
hasta que las provincias, una a una, en sus legislaturas y ejecutivo, adhieren
a dicha ley (incluso pudiendo modificar su aplicación, qué aplicar, qué no o
incluir otras cosas)
Para
otros temas, vinculados a la cosa pública común a todas ellas, las provincias
acordaron -mediante la Constitución y otras normas- que los lleve adelante el
gobierno nacional o el Poder Judicial Federal o el Congreso Nacional, según de
qué tema se trate.
Hablando
de delitos, por ejemplo, el contrabando es un delito federal, como el robo de
correspondencia, robo de bancos, imprimir billetes falsos, delitos
interprovinciales, pornografía infantil, tenencia y portación ilegal de armas
de guerra, tráfico de drogas, la trata de blancas.
Pero
que sean delitos federales no implica que las provincias se desatienda de esos
problemas, al contrario. ¿Acaso las policías provinciales hacen la vista gorda
a esos delitos o se excusan de intervenir? ¿Y si no para qué la policía de
Santa Fe tiene un Director provincial de Drogas Peligrosas, agentes, vehículos
y presupuesto para esas actividades, no ahora ni con Binner/Tognoli, sino desde
hace años? (En realidad la repartición tiene otro nombre, lo cambiaron hace
unos cuantos años, y pasaron a denominarla “Dirección General de Prevención y
Control de Adicciones”, pero la mayoría sigue usando el viejo nombre, aunque
los más precisos le agregan el “ex”)
Pongamos
un ejemplo de otro tema menos polémico.
La
trata de personas es un delito federal. Quien capta a una mujer para obligarla
a ejercer la prostitución está cometiendo un delito federal, pero allí no
termina el delito de la trata, pues implica varios aspectos, y algunos de ellos
son de jurisdicción provincial, incluso hay partes que son de jurisdicción
municipal o comunal. De hecho ediles de la Municipalidad de Rosario trabajan en
el tema haciendo sus aportes sin excusarse diciendo que es un delito federal.
(También la trata para el trabajo semi esclavo entra en estos problemas).
Obviamente para enfrentarla debe haber colaboración entre Nación y Provincias
pero cada una asumiendo sus propias responsabilidades. Lo mismo pasa con el
narcotráfico y otros problemas.
Justamente
atendiendo a ello, el órgano máximo que representa políticamente lo federal, el
Congreso Nacional, trató una demanda de algunas provincias y de muchísimas
ciudades de todo el país, incluso pequeñas localidades, que ven crecer el tema
de la drogadicción, que saben quién y cómo, pero están impotentes pues algunas
investigaciones policiales y decisiones se ven prolongadas excesivamente pues
el poder local no puede intervenir judicialmente sino que depende de la
justicia federal que se les presenta lejana (y muchas veces lo está).
Entonces
dictó una Ley Nacional, la Nº 26.052 “que
permitirá desfederalizar los delitos vinculados con la venta y distribución de
estupefacientes en menor cuantía, pasando a ser competencia de la Justicia
Provincial aquellas acciones delictivas donde se comercie, entregue, suministre
y faciliten estupefacientes fraccionados en dosis destinadas directamente al
consumo.”
Claro
que como somos un país federal, cada provincia decide si le interesa encarar la
parte que más directamente afecta a la población, y por lo tanto adherir a la
ley nacional, o si prefiere no hacerlo.
El
gobierno socialista por ahora a manifestado que no le interesa
Esto
no es un tema que tenga que ver con K o anti K. Por ejemplo el diputado
provincial Maximiliano Pullaro, de la UCR -y anti K-, a manifestado que "El narcotráfico avanza en las ciudades
y pueblos de la provincia y el país, en muchos casos se sabe quiénes venden
droga, y aquellos que tenemos responsabilidades públicas no podemos cruzarnos
de brazo o mirar para otro lado".
Sin
embargo, frente a los dos proyectos de ley que existen en la legislatura, uno
en senadores y otro en diputados, para adherir a la ley (no son los primeros proyectos
no aprobados, la ley data del 2005), el titular de la cartera de seguridad
santafesina anticipó su rechazo a esta idea. "El tema de la droga y el narcotráfico es un delito federal donde
nosotros somos una fuerza de colaboración", resumió Raúl Lamberto.
Por
supuesto que hay varios motivos por los cuales uno podría objetar la adhesión
(por ejemplo sectores de la Justicia santafesina se oponen porque implica más
causas para tribunales desbordados; además implementarlo no es fácil e implica
una dinámica hoy inexistente de trabajo coordinado para que no sea peor el
remedio que la enfermedad, etc), pero el argumento “porque es un delito
federal” es bastante pobre y sólo muestra la vocación de responsabilizarse lo
menos posible.
Por
último, aclaremos algo que Binner sabe perfectamente y no lo dice: Que el
narcotráfico es competencia federal, se refiere principalmente al tema jurídico
(tribunales, fiscales, jueces). No al tema de la policía.
Es la policía provincial la encargada
del territorio provincial y lo que ocurre en él, no la policía
federal (a excepción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires),
ni de la Policía Aeronáutica (salvo los aeropuertos), o la gendarmería (que se
responsabiliza de las fronteras o a donde es convocada y mandada por situaciones
críticas con el consentimiento o pedido del gobierno provincial).
Ante
cualquier delito o prevención del mismo, es la policía provincial la que debe
intervenir, para eso está. Luego derivará el caso a uno u otro tribunal, según
el tipo de delito. O para pedir una orden de allanamiento recurrirá a un juez
provincial o a uno federal según el caso. Y la policía provincial está, o
debería estar, conducida por el gobierno provincial, jamás por el nacional
(salvo que la provincia esté intervenida por la Nación).
Narcotráfico ¿sólo narco-tráfico?
El
segundo lugar común -no sólo del socialismo de Binner y sus aliados, sino que
cruza gente de todos los partidos políticos- es reducir el problema del consumo de drogas al narcotráfico y al mismo
narcotráfico a lo que su nombre lo indica. De allí la insistencia de Binner
sobre el control de las rutas nacionales por donde se transporta la droga: se
centra en el tráfico de drogas de
algún lugar de origen a algún lugar de destino. Y es obvio: si no llegara la
droga a su destino.... Pero llega y por medios y formas tan diversas que ni aún
un control de cada vehículo que pasa por una ruta y por todas las rutas habidas
y por haber (sin considerar todas las imposibilidades y todos los trastornos
que ocasionaría) podría evitar que la droga pase (aunque por supuesto, un mayor
control -incluso del espacio aéreo- podría dificultar la actividad de los
narcotraficantes). Salvo casualidades o soplos, los cargamentos no se detectan
porque haya más gendarmes en la ruta como reclama Binner. Se detectan por
actividades de inteligencia (federales y provinciales) en los lugares de
origen, en las zonas de depósitos en tránsito o de reprocesamiento y/o
fraccionamiento, o en los lugares de llegada y venta.
Pero
aún así el problema es mayor. Es como con la llamada “dictadura militar”. Con
el tiempo se aprendió que en realidad siempre fue “cívico-militar” y con más tiempo nos daremos cuenta que lo cívico
era más allá de los Martinez de Hoz y empresarios que lucraron con ella, sino
que también intervenía necesariamente el
poder judicial, como poder judicial,
no simplemente algunos jueces. Todos los golpes de estado existentes en
Argentina, del primero al último, se cuidaron muy bien de no suprimir el Poder
Judicial y éste le dio la legalidad y en cierta manera la legitimidad que
necesitaban. A todos los golpes de
estado. Y aún la impunidad de esta parte cívica es indignante.
Lo
mismo pasa con el narcotráfico. Va más allá del cultivo, fabricación,
transporte y venta de estupefacientes y de las bandas armadas asociadas.
Implica a otras personas. Entre otras quienes venden productos legales para transformar la materia
prima, las máquinas y vehículos necesarios, los que alquilan lugares, los que
se encargan de dar, invertir o recibir capitales, de blanquearlos, cambiar
pesos por dólares o viceversa, o de vender propiedades, tierras, o cualquier
bien en negro sin preguntarse el origen del dinero, incluyendo contadores y
abogados, buenos padres de familia y que van a misa los domingos.
Y
existen dos patas insoslayables para
la proliferación de esta actividad ilegal y peligrosa: la policía y el poder judicial.
Además,
la parte de la policía vinculada de alguna forma a estos delitos también
necesita de algún visto bueno o inoperancia de la parte política, por lo que no
puede ignorarse ese aspecto.
La
parte de la justicia se arregla por su cuenta con la impunidad que la
caracteriza para tener sus propios privilegios y prevendas con un común
denominador entre muchos abogados, fiscales y jueces: entre bueyes no hay
cornadas. Esto
no quiere decir que la mayoría de los policías y de los jueces tienen algo que
ver con el narcotráfico o el delito. Pero nadie puede negar que
unos cuantos sí. Y que actúan con bastante impunidad. Impunidad que no sería
tan fácil si sus propios colegas honestos dejaran de actuar como corporación.
Aunue reconozco que no debe ser fácil.
Un
ejemplo de los miles que hay los dio hace tiempo el diputado radical antes
citado, Pullaro:
“Ascaíni es un
narco que tenía vínculos con policías y tal vez con sectores de la Justicia
porque cuando lo iban a allanar se enteraba antes que la policía. Eso era
porque le avisaban desde la Justicia. Eso era patente en nuestra zona", precisó.
Otro
ejemplo.
El presidente de
la Asociación Antidrogas de Argentina, Claudio Izaguirre efectuó unas
declaraciones en Radio 2 el 14/11/2011. Leemos dos días después un titular del
diario que dice: "En Santa Fe no
hay carteles de droga ni se vende paco" , y abajo:“Hugo Tognoli, director de la ex Drogas
Peligrosas de la provincia, dialogó con Cruz del Sur y aseguró que la reciente
denuncia sobre la existencia de un cartel colombiano que exporta cocaína desde
Rosario denunciada desde la Asociación Antidrogas de Argentina es falsa.
También desmintió que el paco se comercialice en Santa Fe”.
"La afirmación de Izaguirre es, a mi juicio,
infundada. No sé con qué pruebas cuenta para afirmar semejante cosa", dijo
Tognoli, (ver)
Y
tan buen trabajo hizo en su dirección, pues en Santa Fe no había consumo, no
había lugares de exportación, no había “cocinas” propias, no había paco, que el
nuevo gobernador (antes el principal ministro de Binner, su “delfín”) lo
premia. En diciembre de 2011 leemos:
“Designaron a
Hugo Tognoli como el nuevo jefe de la policía santafesina” “El actual encargado
de la persecución del tráfico de narcóticos en la provincia será desde el lunes
el nuevo jefe de la policía santafesina.”
(fuente)
Conocido
el affaire de Tognoli, hasta la misma APROPOL (una agrupación policial) dice en
su web:
"Binner y Bonfatti sabian lo de Tognioli hace
un año y no hicieron nada": “Santa
Fe -
Luego de que se conociera que Hugo
Tognoli, que se desempeñaba como Jefe de Policía de la Provincia, presentó su
renuncia, Norma Castaño (foto), quien había denunciado hace un par de años a
este oficial por su vinculación con vendedores de drogas, manifestó que “las denuncias que yo venía haciendo desde
2010, con esto me dan la razón”. (Incluyen el scaneo de los documentos
de la denuncia presentados en su oportunidad.) (fuente)
También
en otro
trabajo, datos que habría que confirmar, puede leerse:
Y si le
preguntás en confianza al policía que no está en el juego, hasta te dice la
tarifa: “Levantar un teléfono cuesta 30 mil pesos. Si el aviso se hace dos días
antes puede valer hasta 50 mil. Cada kiosco paga entre 15 y 20 lucas por mes a
la comisaría del barrio”.
La droga y el consumidor
En
la problemática de la droga debemos incluir otros proveedores aparte de los
narcotraficantes y otras drogas aparte de la Marihuana, Heroína, Cocaína y
derivados, etc. Están las drogas que produce legalmente una de las industrias
más importantes y beneficiosas del mundo: los laboratorios farmacéuticos,
incluyendo anfetaminas, antidepresivos y un sin fin de productos que son
incluso más accesibles y baratos que los provistos por los narcos. Y también
existen otras sustancias tóxicas que se utilizan para drogarse, por ej. ciertos
pegamentos, los gases de ciertos aerosoles, etc.
Un verdadero plan de acciones para
enfrentar el flagelo debe tener en cuenta todo, aunque por supuesto luego fijar
prioridades.
Si
miramos las tendencias de las adicciones, y tomamos como ejemplo al país que
por excelencia muchos de aquí quieren imitar o envidian, EEUU, en los últimos
10 años hay gran crecimiento de adicciones en
los niños de 12 años, que
“inhalan
productos potencialmente mortales para drogarse, una tendencia que supera al
consumo de marihuana, cocaína y alucinógenos combinados, según informaron
funcionarios de salud.”. Entre los productos que los chicos inhalan se
encuentran la gasolina, el esmalte de uñas, los limpiadores y solventes de
pintura. La única sustancia tóxica que supera a las “drogas” inhaladas entre
los pre-adolescentes, es el alcohol.
“Según expertos
de salud, inhalar vapores para drogarse puede provocar ataque cardíaco, dañar
el cerebro, el corazón, el hígado y el riñón, y además, puede tornarse
adictivo.
"Es frustrante porque el riesgo proviene de una variedad de productos muy comunes del hogar que son legales, fáciles de conseguir y están en todas las casas y los chicos pueden comprarlos cuando quieran", dijo Pamela Hyde, de la Administración de Servicios de Abuso de Sustancia y Salud Mental.” (fuente)
"Es frustrante porque el riesgo proviene de una variedad de productos muy comunes del hogar que son legales, fáciles de conseguir y están en todas las casas y los chicos pueden comprarlos cuando quieran", dijo Pamela Hyde, de la Administración de Servicios de Abuso de Sustancia y Salud Mental.” (fuente)
Podemos
cruzar el charco y mirar España:
“Mayoritariamente
jóvenes de entre 25 y 45 años (el 82%) recurren a ciertos fármacos con finalidad
recreativa o para cortar y sintetizar drogas. Son hasta 27
medicinas
las que se utilizan como excitantes,
alucinógenos o tranquilizantes. Combinados con alcohol u otros ingredientes,
estas substancias pueden ser mortales.
El estudio analiza quién abusa, se divierte o se
droga con medicinas legales: hombres (62%), de 25 a 35 años (42%) y nacidos en
España (82%).
Un 22% presenta recetas supuestamente falsas para
conseguir estas medicinas.
Estos fármacos consumidos con finalidades no
prescritas se pueden conseguir por Internet.
Según el Colegio de Farmacéuticos, se pueden
localizar unas 150 páginas que los distribuyen sin autorización.
Respecto a la automedicación, los expertos alertan
de que el abuso de ansiolíticos o antidepresivos entre un millón y medio de
españoles puede crear adicción” (fuente).
Todo
esto pone de manifiesto que si sólo miramos el narcotráfico exculpamos a otros
que hacen negocios con la drogadicción.
Y
por último y en primer lugar, no podemos ignorar una de las partes más
importantes: el que se droga. ¿Por qué
lo hace? ¿Puede evitarse o atenuarse? ¿Existen actividades de prevención que
salgan de la moralina o de la trivialidad de que la droga es dañina?. Y
esto no sólo es responsabilidad “federal” sino también directa de los gobiernos
provinciales e incluso de los municipales. En realidad es responsabilidad de la
sociedad toda, de todos nosotros/as, y tal vez por eso mismo parece ser la
responsabilidad de nadie.
Así
como es una verdad de perogrullo que si no llegara la droga no se vendería,
también es igualmente verdadera -y de perogrullo- la afirmación de que si no
hubiera consumo no existiría narcotráfico.
Está
claro que criminalizar y castigar al último eslabón de la droga, el consumidor,
sólo ayuda para encarecer el producto (y por ende que ganen más los que lucran
con él), o peor aún, a consumir estupefacientes de peor calidad y más dañinos
para la salud.
La
política que se impulsó en el mundo en las últimas décadas, con mayor fuerza
desde la administración de Reagan, fue declararle la guerra al narcotráfico.
Uno se preguntaba cómo es que los norteamericanos no aprendieron de la Ley
Seca, con la prohibición de la venta de bebidas alcohólicas, que estimuló su
consumo y favoreció la proliferación de mafias y violencia. Pero tal vez sea
eso lo que necesita esa clase dominante para tener a su propio pueblo aceptando
que su país sea el gendarme del mundo y asesine con impunidad a habitantes de
otros países. Y también lo que necesita para justificar su presencia militar en
otros países. No por nada en EEUU hay libertad de tener armas de guerra “para
uso personal” ...
El
asunto es si esas políticas frente a las drogas y al narcotráfico son las que
nos convienen a nosotros.
Claro
que uno podría decir, con toda liviandad, que demos la libertad a que
cualquiera consuma lo que quiera y con eso terminaremos con el narcotráfico.
Binner al respecto fue claro (diario La Nación): "El que quiera drogarse que se drogue" "Nosotros creemos que
hay que sacar la droga del negocio que es lo que va a bajar el nivel de
criminalidad y el nivel de delito" (fuente)
Esto
también es otra forma de desresponsabilizarse de dos dramas de nuestra época:
la drogadicción y el delito organizado.
Una
cosa es despenalizar la posesión de drogas para el consumo personal y el propio
consumo en un ámbito privado y otra es
que sea esa la fórmula para bajar el nivel de criminalidad y del delito.
Al
despenalizar la posesión y el consumo de ciertas drogas, estamos obligando a
que la policía y la justicia deje de perseguir a jóvenes, marginados o no, y se
aboquen y combatan al verdadero enemigo. También servirá para que la prensa
amarillista deje de seguir castigando y desvalorizando a los sectores más
pobres y vulnerables. Pero no mucho más. Lo que no es poco para quienes son los
principales afectados por el flagelo. Pero no nos confundamos ni confundamos.
Los problemas principales de la violencia, el delito organizado, la
drogadicción y la inseguridad seguirán estando con la despenalización. Es
suicida apostar a la despenalización (que habrá que hacer con las drogas
"blandas") como medio de solucionar la violencia y la inseguridad.
Es
interesante intentar responder una pregunta que se hacía un mexicano años atrás
y que muestra la impotencia que se
siente en una sociedad que tiene un nivel de violencia muchísimo más grande no
sólo que de Argentina, sino que Rosario y Santa Fe serían pacíficas y
tranquilas en la comparación con lo que se vive en varias ciudades de allí
(Juares, con una población similar a Rosario, tuvo 1974 muertos en el 2011, lo
que equivale a decir que si la cantidad de muertos de Juares fuera la de
Rosario, en Rosario sólo hubiera muerto una persona por año). Asesinatos cada
100,000 habitantes en México: Juares 147, Acapulco 128, Torreón 87, y la lista
sigue.
Pregunta
el mexicano:
¿Como combatir
al narcotráfico en México?
Hay solución a
esto? o es una bola de nieve que no parará nunca mas.
1. Si matan o
encarcelan capos de carteles, simplemente ponen a otro y ya.
2. Si les
incautan las drogas o armas, compran mas y matan al responsable, tienen
recursos ilimitados.
3. Si les
incautan millones de dolares, entonces se dedican a extorsionar, secuestrar,
robar y otras actividades que les den mas dinero y a nosotros como ciudadanos
nos va peor.
Tiene solución? como combatirlos, parece que no hay salida.
Tiene solución? como combatirlos, parece que no hay salida.
Gracias (fuente)
Violencia, Inseguridad y Narcotráfico
Y
el último lugar común que expresa Binner, -lugar común a muchos-, es asociar y hacer dependiente la violencia
y la inseguridad con el narcotráfico. Obviamente que en países como México
donde hay una guerra declarada contra los narcos e interviene el Ejército,
además de las luchas entre grandes organizaciones narcos, contra el ejército y
entre ellas por el control de territorios, es lícito vincular la escalada de
violencia y crímenes a dicha guerra. ¿Pero la violencia que nos afecta todos
los días, es sólo, o principalmente, producida por el narcotráfico o las
drogas?
En
realidad es una buena forma de evadir el
verdadero problema de la violencia y sus causas, y evita trabajar al menos
para atenuarla. Ni siquiera la pobreza es causante de esos niveles de violencia
y crímenes. Para no extender este trabajo me remito al ensayo “Violencia e Inseguridad: el bisturí
necesario” (ver
aquí) donde se trata de presentar cuál es la matriz -social, cultural,
política- que promueve y justifica los comportamientos violentos.
Pero
volviendo al lugar común. Para buena parte de la gente la actual violencia se
debe al narcotráfico y casi uno imagina a bandas de narcos disputando territorios,
ajustándose cuentas. O gente que roba porque está drogada, etc. Así como muchos
médicos al no saber lo que tiene el padeciente le dicen “es un virus”, los
encargados de seguridad (y cierta prensa) cuando no saben las causas de un
asesinato ni de sus asesinos dicen “es un ajuste de cuentas”, que también es
una forma indirecta de justificar esos asesinatos.
¿Existe
acaso algún estudio serio que analice los diversos casos de violencia y
crímenes para sacar de ellos conclusiones apropiadas? ¿O se habla por hablar,
nuevamente para simplificar el problema y evadir responsabilidades?
Un
día cualquiera, pensando sobre este tema, en este caso el domingo 31 de marzo,
miro la primer plana de un diario online de Santa Fe y leo en ella tres
titulares: "Dos mujeres fueron quemadas por sus respectivas parejas",
"Una adolescente fue asesinada en Av Freyre y Santiago del Estero",
"Siete heridos entre la noche de ayer y esta madrugada"
Luego
intento hacer una lista de hechos frecuentes: los robos en la salida de los
bancos, los arrebatos, los desvalijamientos de casas con o sin ocupantes, los
robos de automóviles con o sin conductor adentro, los “motochorros”, los robos
en escuelas, en negocios (cerrados o abiertos); los feminicidios, la violencia
contra la mujer, contra los niños, contra los ancianos, las violaciones, robos
a estaciones de servicio y taxis, robos reiterados a un mismo negocio y una
larga lista más, donde en varios de esos casos se le suma la violencia mortal o
heridas graves, o salvadas milagrosas. ¿Son
todas o la mayoría producto del narcotráfico? ¿Son también delitos federales
frente a los cuales la responsabilidad de la provincia es “ayudar”?
La
misma convivencia de sectores de la policía con el delito ¿se reduce o
circunscribe al narcotráfico o en realidad este caso es minoritario respecto a
los demás (aunque probablemente sea el que da más plata)? ¿Es la droga y su
comercio la principal causante de dicha violencia e inseguridad y de la
corrupción dentro de la policía y la justicia?
En
mi opinión, pero sólo es una mera opinión como ciudadano común, basada en
algunos datos y unos cuantos años de vida donde la problemática no me fue
indiferente, es que no, que las causas principales de la violencia hay
que buscarlas por otro lado (de nuevo remito al ensayo
al que quiera profundizar esto). Y
mientras no se encaren, la situación seguirá de mal en peor, con o sin
narcotráfico, con o sin legalización del consumo, con o sin la legalización de
la producción y el comercio de algunas drogas (que es todo otro tema, dicho sea de paso, y nada fácil y que puede
empeorar todo si se da una respuesta superficial o resignada o irresponsable)
No
obstante ello, el propio consumo de la droga, cuando ya estamos en presencia de
un adicto con un importante grado de alienación, genera nuevas situaciones
familiares y ampliación de los delitos, incluso en la esfera familiar. Son
demasiado los casos que el adicto roba cosas de su propia casa -de sus padres,
hermanos o parientes- para financiar su consumo. Y sigue con los vecinos. Y el
nivel de violencia aumenta en el seno familiar y barrial. Tampoco tenemos que olvidar que también talla en todo esto el consumo
de alcohol que en realidad tiene mayor incidencia social y causa mayores
trastornos de todo tipo y a la salud que las drogas (en número de
personas); (e incluso potencia los efectos de muchas drogas)
Como
muy bien ha expresado un columnista del diario La Capital, Hernán Lascano,
hasta una pelea entre hermanos por una camisa puede desembocar en un drama con
apariencia familiar cuando en realidad tiene una matriz social más amplia (“Violencia
barrial y narcotráfico, debate urgente sobre qué hacer y con cuánto”)
El
tema da para mucho. Incluso aquellos que creen que además de despenalizar la
tenencia y el consumo, hay que despenalizar la producción y venta para bajar el
nivel del delito, sin meternos aquí en ese debate, deben considerar que el que
no tiene plata para comprar en un “kiosco” tampoco tendrá plata para pagar un
médico y pagar en la farmacia. Salvo que también promuevan que todas las drogas
sean gratis “para bajar el delito”. Y si es así, bueno, abandonemos la idea de
vivir en un mundo mejor...
Pasemos
a ver ahora qué se puede hacer, pues de nada sirven los diagnósticos si no
están acompañados por acciones. Pero claro, si el diagnóstico es equivocado,
las acciones no resuelven los problemas.
¿Qué NO hacer?
Ya
vimos que para Binner y cía la causa principal del el incremento de la
violencia y el narcotráfico es que la Nación no hace las cosas como se debe,
entre otros que retiró los gendarmes de las rutas, o, como dice Bonfati, “Si
no se toman medidas en las fronteras, medidas de fondo, si se dejan de lado los
lugares por donde ingresa la droga -por migraciones- que no es manejado por la
provincia de Santa Fe, entonces se agrandan los problemas”.
No
citamos antes otro reclamo de Binner a la Nación, pero viene a cuenta ahora que
estamos tratando de analizar el qué hacer y el qué no hacer. Binner también
acusó al gobierno nacional de tener "un
déficit de comunicación", ya que, dijo, "nunca informa de lo que se está investigando".
Hemos
visto que para enfrentar el problema se requiera una colaboración importante
entre Nación y las provincias, en esta caso con Santa Fe. Suena entonces lógico
que Binner reclame que las fuerzas de investigación federales les informen de
lo que se está investigando. Lógico, sí, pero ingenuo, y suicida para la
investigación.
Sin
caer en la banalidad de afirmar que las fuerzas policiales provinciales son
malas y las federales buenas, o que la justicia provincial es mala y la federal
buena, ya que ambas dejan mucho que desear respecto a estos temas (para decirlo
suavemente), en este caso si quienes están investigando un caso de narcotráfico
le informan a la policía de Santa Fe ¿alguien puede ignorar lo que va a pasar? ¿Acaso
no lo sabe Binner?
Y
para no caer en la falsa disputa de Nación (K) y gobierno de Santa Fe (anti K),
recurramos a las opiniones de dos personas insospechadas de tener animosidad
contra “el modelo del socialismo santafesino”, o contra el FPCyS y el FAP
Empecemos
con la que fue vicegobernadora de Binner., Griselda Tessio, de
la UCR
Antes
de dicho cargo, ella fue por muchísimos años Fiscal Federal en Santa Fe (la
puso Raúl Alfonsín en 1984 y estuvo en el cargo hasta el 2007, año que asume
como vicegobernadora de Santa Fe). Obviamente que conoce a fondo el tema de la
policía santafesina y en particular la dirección de ex Drogas Peligrosas
En
una extensa entrevista, entre otras el periodista le pregunta:
— ¿Hubo casos
puntuales de jueces federales que protegieran a policías corruptos?
— Puedo dar el
caso del ex juez federal Víctor Brusa, a quien que después lo removieron. El
protegió mucho a Drogas Peligrosas. Siempre los protegió. Nosotros los fiscales
teníamos en la mira a algunos personajes muy controvertidos, por ser suave, de
Drogas Peligrosas.
Protegía a algunos personajes que se quedaban con un
poco de droga, que transaban. En ese momento yo luché mucho contra la postura
de entonces que decía que había que buscar a los consumidores y no a los distribuidores.
Ese era un eje de estrategia de lucha contra el narcotráfico.
En un momento dado, los ascensos en Drogas
Peligrosas eran por la cantidad de causas que tenían al mes o al año. Entonces,
detenían 28 chicos al mes con un cigarrillos de marihuana, pero a las avionetas
no las encontrábamos nunca.
En Reconquista, todo el mundo lo sabe, hubo un juez
federal, que también fue removido, porque devolvió las avionetas a los
narcotraficantes paraguayos y los dejó ir. Ese juez estuvo puesto en su cargo,
porque se lo regalaron a través de un senador de la Nación que ha muerto.
Esta policía y esta situación no nacieron ayer. Son
largos años de impunidad. En Drogas Peligrosas estaba el “Pollo” Colombini, una
persona acusada, procesada y condenada por delitos de lesa humanidad.
—¿Cómo se
realizaba esa protección a integrantes de Drogas Peligrosas?
— Son esos casos
de actas de procedimiento mal hechas, declaraciones testimoniales mal tomadas,
actuaciones que no correspondían. Yo lo veía. Lo planteábamos. Se lo decíamos
al juez. Y en algún momento yo propuse al juez allanar Drogas Peligrosas y
alguien me dijo: ¿usted quiere aparecer flotando en el Paraná?
Yo no quería aparecer flotando en el Paraná.
Tomemos
otro ejemplo, también de un funcionario de Binner, Enrique Font, quien fuera
Secretario de Seguridad Comunitaria del Ministerio de Seguridad de la provincia
de Santa Fe hasta el 2011
El
periodista le pregunta por qué han aumentado los crímenes relacionados con el
narcotráfico en Santa fe y el señala
-“Primero, no
hay que vincular directamente los crímenes al narcotráfico” (…) “Se le echa la culpa a una entelequia
llamada narcotráfico y se le quita responsabilidad a la sociedad donde se han
producido cambios”
Luego el periodista le pregunta qué lugar ocupa
la policía en este proceso y él responde:
-“La corrupción
policial cumple un papel fundamental. La policía tiene dos formas de
apropiación ilegal de dinero: el primero, es el presupuesto propio que al estar
distribuido en 19 unidades regionales (uno por departamento) se hace muy
difícil de controlar. Por el otro lado, la caja del delito. La policía está
totalmente vinculada a la regulación de las economías delictivas. Encima, es
una fuerza que no está bien capacitada, es pésima investigando, es bruta y no
sabe lo que hay que hacer. Por eso, el cambio del jefe de policías, solamente,
no alcanza. También tenemos uno de los poderes judiciales más corruptos, más
inútiles e ineficientes. Es el poder judicial que intervino Onganía en el ’68,
luego lo tomó el Opus Dei y en el ‘83 se lo repartieron entre peronistas y
radicales y en dos estudios jurídicos se nombraron los jueces. Hay fiscales de
esa época, que aún hoy no han dejado de serlo porque no pueden someterse a un
concurso porque pierden. Ese Poder Judicial tiene que ver con los homicidios
porque no sabe los pasos elementales para la investigación criminal y cualquier
pez un poco grande, pasa la red porque sus investigaciones son patéticas. Hay
muy pocos jueces y fiscales que investigan bien en Santa Fe. La mayoría de los
crímenes que se cometen, son realizados por personas que tendrían que estar
presas.”
El periodista le pregunta:
-“Entre provincia y nación se responsabilizan mutuamente por
el crecimiento del narcotráfico. Provincia dice que es jurisdicción federal
¿Cómo operan las jurisdicciones en concreto?”
-“Lo que ha ocurrido
es que desde los años ‘90 en adelante, las fuerzas federales se fueron
desentendiendo. Es de competencia federal pero en relación a los tribunales.
Progresivamente se fueron haciendo cargo las fuerzas provinciales. Al punto que
hay provincias que hicieron la catastrófica experiencia de provincializar la
competencia. En la práctica, lo más común es que la territorialización sea de
competencia provincial y las fuerzas federales controlen fronteras o ciudad de
Buenos Aires. Santa Fe quiere que intervenga nación en materia de narcotráfico
pero esto atraviesa corrupción y participación policial y donde se cruzan otros
delitos que no son competencia federal. Si acá viene la PSA y Gendarmería a
investigar el narcotráfico tendríamos un policía preso todas las semanas. No
soporta políticamente una intervención federal. Ninguna provincia lo
soportaría.” (ver)
En este contexto, descripto por gente del mismo
sector político, ¿qué significa el reclamo de Binner de que las fuerzas
federales le informen a la provincia las investigaciones que están realizando,
en particular sobre gente de su propia fuerza, para entonces encabezada por
Tognoli?. Probablemente más de uno al escuchar esas declaraciones se preguntó:
"¿es o se hace?". Pero no sirve chicanear. Lo que creo que sí resulta
evidente es que ese planteo de Binner no resuelve nada y empeora las cosas.
Como un comentario no tan al margen, no deja de llamar la
atención la impotencia de ciertas políticas socialdemocráticas
de Argentina. Porque convengamos que cuando Griselda Tessio era fiscal, era
entendible su impotencia frente a la situación de corrupción e impunidad de la
sección provincial policial de Drogas Peligrosas. Ella era Fiscal del Fuero
Federal y no tenía ninguna incumbencia con la Policía Provincial.
Pero luego fue vice gobernadora. La segunda autoridad de la provincia, partícipe del
Ejecutivo que entre otras es quien manda y dirige toda la Policía provincial.
Y como ella relata, sabía perfectamente lo que pasaba, no en
ese momento sino también desde años. ¿Y qué hizo con sus saberes, con sus
frustraciones, con su conocimiento de la corrupción policial? Ahora sí tenía
poder de intervenir. Y sin embargo ponen al frente de la división a Tognoli. Y
sin embargo la violencia y el crimen siguió aumentando. ¿Tal vez entonces
también tenía miedo de aparecer flotando en el río? ¿O pensaba que no era de su
incumbencia hacer algo? ¿O acaso siguió siendo impotente aún estando el segundo
principal puesto del gobierno provincial? ¿O Binner no le dio bolilla?. Porque
si hay algo de que no se puede dudar es que no es una corrupta ni está de
acuerdo con la corrupción policial -ni ninguna corrupción-, y rechaza el crimen
y la violencia. Y así seguramente pasa con otros funcionarios. Me inclino a
pensar que no es un problema de impotencia personal, o de miedos, sino es la
propia impotencia de las políticas socialdemocráticas de hacerse cargo de
producir transformaciones sociales en beneficio de la mayoría y de confrontar a
fondo con las corporaciones de distinto tipo. Raúl Alfonsín no era miedoso, era
un luchador con convicciones. Y no tuvo miedo de enfrentarse con los poderosos
(el discurso en la Sociedad, mientras era abucheado por los oligarcas, da fe de
ello). Creo que en realidad los límites de su ideología política
-socialdemocrática- son los que lo llevaron a decir “La casa está en orden”.
¿Qué hacer?
Sin pretender aquí analizar la problemática
general de la violencia (me remito al Ensayo citado), y circunscribiéndonos al
problema del narcotráfico, la pregunta
es qué hacer frente al crecimiento del delito -entre ellos
el narcotráfico- en Santa Fe.
De lo
expuesto lo primero que queda en evidencia es dos de los elementos principales
para enfrentar la problemática, la policía y la justicia, son parte del
problema y no parte de la solución, pues tienen en su seno prácticas y gente en
convivencia con el delito. Probablemente
sectores minoritarios, pero suficientes para tornar no confiable -o no
saber en quién confiar- dichas instituciones para producir un cambio radical.
Lo que sí, tengamos en cuenta que son dos
esferas muy distintas, aunque se presenten entrelazadas, y dependencias
distintas: La justicia (provincial y federal) que se presenta como un hueso más
duro de roer, pues es un poder independiente del poder político, en cambio la
policía está subordinada (o debería estar) a este, lo que supone una resolución
más cercana.
¿Cómo
actuar con respecto a la Policía?
Sin una conducción política que esté dispuesta
a asumir todas las responsabilidades
y todos los costos necesarios, la
policía seguirá con agujeros negros de descontrol, mala imagen y mellada su
capacidad operativa contra el delito. No sólo con cohechos, corrupción, etc
sino con picos de violencia de agentes de la propia fuerza, tan innecesaria
como rayanos con la provocación, como las registradas en los últimos tiempos. Y
las purgas, reasignaciones, traslados o “reformas” son remiendos que a veces
hasta obscurecen el panorama. Y lejos de ayudar a encolumnar y fortalecer a la
fuerza, la transforman en más refractaria a los cambios necesarios.
Incluso la idea de descentralizar la policía es no entender cómo se organiza y
conduce una fuerza que está armada y que tiene objetivos concretos, complejos y
distintivos: es una de las pocas y especiales instituciones que tiene el
monopolio de la violencia basada en las armas. Si eliminan el cargo de
Jefe Provincial de Policía pues no quieren arriesgarse a nuevas metidas de pata
y escándalo.... es muy irresponsable jugar con fuego, estando la sociedad
de rehén.
Resulta interesante tener en cuenta testimonios
que aporta alguien que vivió de adentro de la administración socialista los
vericuetos políticos/policías (aclaremos
que los nichos de corrupción en la policía no nacen con el socialismo, y que
antes la policía NO era una carmelita descalza, pero estamos hablando del
incremento muy grande de la violencia y la criminalidad en los últimos años y
da que los últimos seis los lleva adelante el socialismo).
El periodista sigue con las preguntas a Enrique
Font (que dicho sea de paso es investigador y profesor de criminología y hace
poco fue seleccionado en Ginebra, Suiza, para integrar el Subcomité de
Prevención de la Tortura de la ONU) tratando de averiguar cómo fue su paso por
la gestión y por qué terminó renunciando.
“(..) en agosto del 2009 (Daniel) Cuenca me
convoca (...) y me ofreció la Secretaría de Seguridad Comunitaria. A los seis
meses, Cuenca renunció por un problema de salud. El gobierno, en vez de apostar
a lo que se había hecho, nombra a un ministro sin antecedentes en gestión, sin
experiencia en seguridad ni en política (Álvaro Gaviola). Con Gaviola no había
garantías para que se realice una reforma policial, o que haya control de la
policial. Les advertí a los ministros y al mismo gobernador que iban a tener
problemas por los homicidios, que iba a haber crisis de gobernabilidad por
corrupción y violencia policial. Era el proceso que se veía venir. A todos se
los dije. Luego vino Corti pero no tenía equipo y le dio órdenes a la policía.
Se erosionó solo en tres meses porque echo a 20 comisarios pero tampoco eso es
conducción de la fuerza policial”.
La nota es muy interesante porque es bastante
sincera. Cuando el periodista le pregunta
-¿Qué habría que hacer
para encauzar a la policía?
Le responde:
-
Se necesitan equipos capacitados que la
conduzcan. A la policía no hay que darle órdenes, hay que conducirla, quitarle
los obstáculos para ir dirigiéndola, generar las condiciones para que se
profesionalice. Generalmente lo que se
hace es un doble pacto: vos tenes el control de la caja, me das una parte, me
garantizas estabilidad y yo no me meto. Cuando el pacto se rompió porque la
policía no puedo contener todo el delito porque se horizontalizó, se fue de las
manos, como ocurre en Santa Fe, la policía deja de garantizar la
gobernabilidad. Por eso debe haber una reforma estructural de la policía.
(fuente)
Más claro, echarle agua....
Frente a
la actual situación y con la policía existen al menos tres caminos posibles:
a) Seguir
pensando que con una “reforma policial” y con “capacitación” a los policías
alcanza, demás de dotarlos de equipamientos, cámaras de seguridad, etc. Esta
alternativa conduce a seguir impotentes frente a un crecimiento del crimen
organizado y de la violencia en general. Y ni recupera la capacidad operativa necesaria
de la fuerza, ni no impide que la policía se llene de bombas de tiempo.
b) Verticalizar
a la fuerza policíaca, fortalecer a la superioridad frente a sus subordinados y
que aquella se encargue de encuadrar a su tropa, dando a entender a comisarios
que desde lo político habría cierta vista gorda para que pasen a ser los únicos
en controlar la caja y de esa manera reducir la criminalidad a algo “normal” y
controlable que no afecte la gobernabilidad ni plantee crisis de alto costo
político. En la historia varias veces fue la más fácil para tener una
atenuación rápida del descontrol y de la escalada de violencia, claro que
hipotecando el futuro y no resolviendo nada, sólo una coyuntura crítica. Con
una buena alfombra para tapar la basura, y algo de complicidad de los medios y
en sectores políticos, se logra.
c) Conducir
a la fuerza policial desde una política
de poder -valga la redundancia- (no desde una política administrativa, o
técnica o moralista o profesionalista o académica o militarista o gestionista).
Desde una política de poder basada en un modelo de país y sociedad que no
subordine el Estado a las corporaciones de ningún tipo y ataque verdaderamente
a las fuentes de la violencia y las injusticias. Ni que ponga a la policía al
servicio de los que necesitan reprimir la demanda social.
Con una política así no se necesita poner a la
policía en la picota o centrarse en hacer purgas cada tanto o en justificar lo
injustificable. Hay que partir de lo que hay -no todo el cuerpo es igual- y poner
a trabajar a la policía en base a un plan -político, de ataque al crimen
organizado y pre-organizado; con inteligencia, no con fuerza bruta; con
firmeza, no con vacilaciones o incoherencias. Un plan que también sea de
prevención y disuasión del delito no organizado. Y en base a ese plan, llevándolo a cabo, ir enfrentando los
obstáculos internos y externos, encuadrando y el que no se encuadre enterarlo
-y enterarlos- de que esto va en serio. Porque para poder encuadrar a una
fuerza que tiene dos particularidades, está
armada y tiene una historia de una cierta “autonomía”, hay que tener con qué (en visión, conducción, argumentos,
propuestas, recursos, firmeza, coherencia y fundamentalmente compromiso y
convicciones, en particular, saber que se puede y se debe y obviamente, cómo se
puede).
Tal vez sea innecesario aclararlo porque es el abc,
pero en ese “tener con qué” incluye principalmente tener fuerza y
fortaleza política. Y el tipo de fuerza política necesaria para
encuadrar y conducir a una fuerza armada no se consigue de la misma manera que
se construye una fuerza política para ganar un centro de estudiantes, una
elección municipal, provincial o nacional. Y siempre hay que recordar que poder
que se tiene y no se usa se pierde. Y que no existen espacios vacíos: si uno no
lo ocupa lo ocupan otros. Y más aún con un aspecto de ese espacio: el
territorio. Lamentablemente la mayoría de esos territorios está despolitizado
en el sentido -no me gusta la palabra pero ayuda- del empoderamiento,
despolitizado en el sentido del poder propio que pueda salir del mero reclamo y
la queja o de la manipulación fácil.
Combatir el delito, y al mismo tiempo encuadrar
las fuerzas que deben hacerlo, implica una “ingeniería” lugar por lugar. Desde
lo estructurante socialmente, que genera caldos de cultivo, hasta la disputa
del sentido, incluyendo el involucramiento de la máxima cantidad de fuerzas
políticas y sociales que permitan llegar allí donde aún nunca se ha llegado y
que realmente haya un cambio significativo de la situación.
Naturalmente esto que digo es poco y muy
general y sin poner cosas esenciales, pero esto no es un tratado ni una guía.
Ni ustedes que leen con una paciencia que agradezco, ni yo, tenemos algún tipo
de poder como para siquiera recomendar, es simplemente un pensar en voz alta
con ustedes para encontrar otros caminos a los trillados que conducen al
fracaso.
Y en ese plan y para ese plan, que ahora
estamos circunscribiendo
al tema de del narcotráfico, de la droga y del incremento de la violencia que
vivimos en nuestras ciudades y provincia, se necesitan ciertos datos
confiables, que ni vendrán del trabajo de la propia fuerza o de la
justicia, ni de becarios ni con negociados con algún equipo académico, (aunque
también se recurra a varios de ellos)
Entre
los datos e información, están por ejemplo sobre qué droga se consume, el
perfil del consumidor (garantizando al propio consumidor que pueda aportar
datos que jamás los mismos serán usados en su contra o se lo criminalizará).
Identificar zonas de posible producción, distribución y consumo. Conocer
porcentajes en función del perfil social. También datos sobre el número y tipo
de detenidos, procesados, condenados. Datos sobre las denuncias y sus
seguimientos. Protocolos para atender las denuncias de manera tal que no se las
subestime y sean tenidas en cuenta y la gente sea escuchada y apoyada.
Hay
muchas preguntas que requieren respuestas verídicas, sin tener miedo que las
respuestas puedan implicar algún costo político o que contradigan afirmaciones
de funcionarios. Y el plan debe averiguarlas y al mismo tiempo armarse
teniéndolas en cuenta: ¿se exportan drogas desde Santa Fe? ¿se producen drogas?
¿Existen operatorias de carteles internacionales? ¿Existen carteles nacionales?
¿Qué actividades se han detectado que puedan sospecharse relacionadas con lo
anterior? ¿Cuál es el grado de penetración y daño que produce en Santa Fe el
consumo de drogas?¿Y el alcohol? ¿Cuáles son las drogas que se han detectado
como consumidas aquí? ¿qué proporción de unas y otras? ¿mapa social? ¿mapa del
delito? ¿Clasificación y calificación de los delitos? ¿Cuál es el grado
estimado de penetración del delito organizado en la policía, en la justicia, en
la política, en lo económico?¿formas? ¿procedimientos?
Si
bien la droga afecta la salud de los consumidores e incluso afecta la vida de
sus familias, hay que tener en cuenta que también afecta las instituciones (es
imposible que prolifere el narcotráfico sin complicidades y/o vistas gordas) y
promueve diversas actividades legales e ilegales en personas
que no consumen, pero sí lucran con la misma. Por lo que hay que detectar las estructuras del negocio y sus
ramificaciones, qué sectores están o pueden estar involucrados en lo
judicial, policial, financiero, empresarial y político.
En esa tarea de inteligencia, más que
preocuparse por las rutas nacionales por donde se transporta la mercadería,
importa identificar la ruta del dinero, formas de conseguir capital, formas de
lavar capitales, cómo se ramifican las ganancias. Hay que impedir o trabar la circulación
del dinero del delito. Y si no se puede, al menos detectarlo para a partir de
allí escalar hacia arriba.
También
conocer los detalles de bienes incautados, qué se hizo con los mismos, etc. La
milagrosa transformación de la cocaína en azúcar tiene algo más grave aún que
hacer caer una causa: ni fue la primera vez por ahora será la última.
Justamente debemos garantizar que sea la última, y que no quede impune.
Posiblemente
la breve lista de cosas a saber que menciono sean super conocidas, pero el
sentido de ponerla en este escrito es afirmar que la mayoría de esos datos
deben estar disponibles para la población. No los que tengan que ver con el
combate a los delincuentes o tareas tácticas, pero sí lo general, pues todos
debemos saber dónde estamos parados y es la mejor forma de lograr que más se
involucren en los cambios necesarios que exceden largamente de los que se
mencionan en este escrito.
Muchísimas
son las cosas que podrían plantearse y hacerse en ese plan. Y que ese plan no
quede entre cuatro paredes. Se conozca, se discuta, se mejore. Alguno podría
decir, pero si se conoce lo sabrán los criminales y podrán precaverse.
Por
empezar el ocultamiento de ese tipo de cosas sólo impide el acceso de esto a la
población damnificada e interesada en que esto se resuelva y a grupos activos
que están dispuestos a ayudar. E impide que la población controle que se
ejecute el plan.
Hay
que partir de la base de que los destinatarios del plan (los criminales,
especialmente los más grandes) tendrán acceso al mismo, por lo que el plan será bueno sólo si aún conociéndolo los
delincuentes, no pierde efectividad. Y el propio plan será parte del elemento
disuasor.
El
cambio necesario para bajar los niveles de violencia y criminalidad requiere de
un ataque en todos los frentes. Y también requiere establecerlo como una
Política de Estado, por lo que hay que involucrar a todas las fuerzas políticas
y sociales que realmente están interesadas en terminar el flagelo. No dudo que
muchísimos organizaciones se involucrarían si la propuesta es sincera,
coherente, creíble y con perspectivas de continuidad y de éxito. Y que aporten
sus ideas, sugerencias, información, datos y críticas. Sin que ello implique
modificar las esperas de decisión y responsabilidad de cada uno.
En
realidad el tema es amplísimo y este escrito está demasiado largo. Sólo le
agrego algo formal y de poca importancia, pero que me resulta molesto.
El significado del nombre de “Dirección
General de Prevención y Control de Adicciones”
Primero
de todo, si realmente se cambia la actual política de impotencia, hay que
cambiar el nombre de esa Dirección. Si nos fijamos, antes era “Drogas
Peligrosas”, que tampoco se compromete con lo que debe hacer. Ahora “Dirección
General de Prevención y Control de Adicciones” ¿Son acaso los policías son
psicólogos, filósofos, sociólogos, médicos, asistentes sociales, psiquíatras,
economistas, políticos?. ¿La policía debe controlar las adicciones o los
delincuentes que lucran con ellas? ¿Acaso no deberían prevenir y "controlar"
(combatir) el delito?
No
por nada tenemos los resultados actuales, no por nada se abandonó la sigla de
“Drogas Peligrosas” y se centró en “adicciones”
Si
queremos hacer que la policía haga lo que debe hacer, entre otras cosas, el
nombre debe expresar lo que queremos de esa dirección. ¿O no?
Si
repasamos lo dicho por la ex fiscal Tessio, su reclamo era “yo luché mucho contra la postura de entonces
que decía que había que buscar a los consumidores y no a los distribuidores.
Ese era un eje de estrategia de lucha contra el narcotráfico.”. Reléase de
nuevo el nombre de la repartición y saque sus propias conclusiones. Es obvio
que el accionar de esa dirección nunca da frutos a fondo contra el crimen
organizado y no organizado, el narcotráfico en particular, porque no está en
los objetivos, que son más propios de una ONG o de un Observatorio social. O
peor aún, para ser una fachada que esconde su real actividad.
Respecto
a lo que se puede hacer con la corrupción o inoperancia en la Justicia
(provincial y federal), o como hacer que se encolumne sin "flaquezas"
con el combate al principal delito y delincuentes, merece otro capítulo.
Finalizando:
Sé
que el título de este trabajo, la parte “los cambios necesarios” es muy
ambicioso. Sólo se esbozan algunos. Además “necesario” no implica “suficiente”
Son
muchas cosas las que se pueden y deben hacer, menos, claro, descomprometerse,
lavarse las manos o justificar la propia inoperancia e impotencia.
Fernando J.
Pisani
Rosario, 6 de
abril de 2013
Notas:
Los
datos sobre Rosario y Córdoba pueden consultarte por ejemplo en el articulo del
diario La Capital del 27/12/2012 “Números
que hablan por sí solos”
Griselda Tessio, ex fiscal Federal en
Santa Fe. Narcotráfico y policías: “El
ex juez Brusa protegía a Drogas Peligrosas”
El
artículo de APROPOL "Binner y
Bonfatti sabian lo de Tognioli hace un año y no hicieron nada" y
documentos testimoniales se encuentra en http://www.apropol.org.ar/index.php?option=com_content&;task=view&id=9411&Itemid=124
Las
declaraciones de Hugo Tognoli cuando era Director de la ex Drogas Peligrosas "En Santa Fe no hay carteles de droga
ni se vende paco" se encuentran en
Las opinioes de
MAXIMILIANO PULLARO, DIPUTADO PROVINCIAL FPCYS-UCR "Si la política se une el narcotráfico retrocede", en
Del mismo
diputado: “Un diputado santafesino denunció amenazas de un presunto narco
vinculado al caso Tognoli” http://www.telam.com.ar/notas/201303/9283-un-diputado-santafesino-denuncio-amenazas-de-un-presunto-narco-vinculado-al-caso-tognoli.html
Binner:
“El que quiera drogarse, que se drogue”
También
en:
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