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Hacia
fines de 2012 se inicia una nueva escalada de la ofensiva desatada un
año antes contra el gobierno de CFK. Esta ofensiva es liderada por los
sectores económicos más poderosos: aquellos que controlan los
principales medios de comunicación y los segmentos clave de la
producción, distribución, acopio y comercialización de bienes y
servicios. Un conjunto de sectores políticos y sindicales que pretenden
rescatar al “verdadero” peronismo y convertirlo en el eje aglutinador de
la oposición se suma a esta ofensiva, constituyendo una alianza espuria
que incluye a distintos sectores de la derecha y de la izquierda. No es
casual que esto ocurra cuando se avecinan elecciones legislativas que
pueden dar lugar a cambios legislativos de importancia estratégica para
el país.
En este contexto, el poder de veto de los sectores con mayor
poder económico se ejerce creando y recreando mercados y canales
“informales”: espacios que –a nivel cambiario, financiero, impositivo,
etc.– operan en abierta transgresión de las normas vigentes, eludiendo
así el control del Estado sobre las transferencias de ingresos y
provocando una sangría de recursos indispensables para concretar las
políticas del gobierno. Este poder de veto también se ejerce tejiendo
ininterrumpidamente una narrativa sobre nuestro presente, nuestro pasado
y nuestro futuro que se presenta como la única verdad posible.
Construida a partir de un sistemático ocultamiento de los intereses que
impulsan las acciones de los diversos actores sociales, esta narrativa
utiliza todo tipo de recursos para vaciar de contenido los fenómenos
sociales, volviendo invisible su vinculación con determinadas relaciones
de poder.
Este doble ejercicio del poder de veto cristaliza instalando la
inflación en el centro de la escena política. Una inflación que se
presenta totalmente desvinculada de la existencia de mercados informales
o “negros”, del desabastecimiento y de determinados intereses
económicos. Así, la existencia de una relación íntima y simbiótica entre
el mercado informal del dólar blue y las “expectativas” de ganancias de
los grupos económicos formadores de precios desaparece totalmente. Como
por arte de magia, un mercado cambiario ilegal y virtual –con un caudal
ínfimo de operaciones comparado con las que ocurren en el mercado
oficial– pasa a regir las actividades económicas del mundo real. Los
grupos monopólicos con capacidad de formar precios en puntos
estratégicos de la economía transfieren a sus precios sus “expectativas”
de ganancias centradas en la evolución de un dólar virtual. Y al compás
de esta música –alimentada también por la especulación de aquellos cuya
actividad económica facilita la tenencia de dólares–, el dólar blue se
contorsiona mientras los “especialistas” y los grandes medios de
comunicación explican esta danza a partir de la necesidad de ahorro de
un “chiquitaje” aterrorizado por la pérdida de valor del peso. Y así
como se ignora el poder decisivo que tienen los monopolios y oligopolios
sobre la economía real, también se desconoce la incidencia que la
capacidad de formar precios y el desabastecimiento en puntos
estratégicos de las cadenas de valor tienen sobre las peripecias y
corridas del propio dólar blue. La inflación, en cambio, es siempre el
“resultado lógico” de las malas políticas del Gobierno.
Desde nuestra perspectiva, la inflación es hoy día expresión de la
intensidad alcanzada por el conflicto principal, es decir, por el
enfrentamiento entre un proyecto de sociedad y de desarrollo económico
que propugna la inclusión social y la democracia participativa, y otro
que impulsa la concentración del poder económico y mediático y el
derecho “natural” de los monopolios y oligopolios a controlar no sólo la
realidad económica sino la vida del conjunto de la sociedad. Así, los
formadores de precios provocan transferencias de ingresos a su favor,
reproduciendo la exclusión social y ocultando al mismo tiempo las raíces
de la estructura de poder al “instalar” en la percepción y en la acción
colectiva el predominio del “mundo al revés”. En este mundo, los
intereses económicos y políticos de los actores sociales y del conjunto
de la población se vuelven invisibles. Predomina en cambio el interés
individual: la defensa del bolsillo de cada uno, independientemente de
lo que pueda ocurrir con el bolsillo de los demás, incluso con el
bolsillo de aquellos que comparten los mismos niveles de pobreza. Esta
búsqueda de un beneficio individual impide ver que más allá de los
individuos hay un conjunto social, y que la solidaridad social
trasciende los intereses individuales. Se ignora entonces que una lucha
que tiene por objetivo principal y único el bolsillo propio, una lucha
que se aísla de otras luchas que conciernen al conjunto de la sociedad y
explican el tamaño de los distintos bolsillos, lleva necesariamente al
“sálvese quien pueda”, al caos, a la anarquía y al canibalismo social.
La inflación reproduce entonces al infinito la confusión respecto de
sus verdaderas causas enraizadas en una estructura de poder que impulsa
el canibalismo social. En el pasado, el Gobierno minimizó el problema y
usó una estrategia de negociación con algunos grupos económicos. Esta
estrategia no dio los resultados esperados. Ahora, el Gobierno ha
decretado un control de precios a ser aplicado en los supermercados y en
algunas empresas de productos electrodomésticos, e intenta bajar el
precio de los bienes de consumo, disminuyendo algunos costos de los
supermercados. Estas medidas, si bien han expuesto la divergencia de
intereses entre distintos sectores empresarios según su ubicación en la
economía, no son suficientes, ni resuelven el problema central: la
formación monopólica de precios en puntos estratégicos de las cadenas de
valor. Mas recientemente el Gobierno ha anunciado la posibilidad de
abrir las importaciones para impedir el desabastecimiento de ciertos
productos. Esto es un avance en el reconocimiento del problema; pero
para que las intervenciones del Estado tengan un efecto decisivo se
requiere de otro ingrediente, hasta ahora ausente. En efecto, si bien
conciliar intereses y negociar entre sectores es de fundamental
importancia en la vida de un país, el Estado no es un instrumento inerte
y neutro: es un ámbito donde se ejercen relaciones de fuerza. Los
cambios esenciales en las relaciones de fuerza se producen a partir de
la participación organizada de la ciudadanía en la vida política y en la
toma de decisiones. De ahí la importancia de crear canales
institucionales para la participación ciudadana en el control de precios
en todas las instancias de las cadenas de valor. Esto implica
plantearse algo nuevo: la creación de mecanismos que permitan ejercer
una democracia participativa donde, “desde abajo hacia arriba”, se
ejerza el derecho y el deber de los ciudadanos a participar en la
elaboración de políticas, y en el control de su gestión. Esto legitimará
las políticas que se apliquen.
Ahora bien, a pesar del canibalismo social, no todo es oscuridad en
la coyuntura actual. El liderazgo carismático de CFK define hoy día la
agenda política, y ha contribuido a poner de relieve los grandes
obstáculos a la inclusión social y a la democracia participativa. Esto
ha dado lugar a una definición cada vez más explícita del conflicto
principal, abriéndose así nuevas grietas en el espeso velo que oculta la
estructura de poder. Por esas grietas se cuela ahora la luz que ilumina
los intereses económicos y políticos que guían las acciones de los
distintos actores sociales, especialmente de los grandes grupos
económicos. En los últimos tiempos hemos asistido al enfrentamiento
sistemático entre el Poder Ejecutivo y los medios altamente
concentrados. Estos medios constituyen el Cuarto Poder de las sociedades
modernas, un poder resultante de la fusión entre la concentración de la
riqueza y de la información, un poder que no es votado ni es controlado
por los ciudadanos. Este enfrentamiento por hacer cumplir la ley de
medios, votada hace tres años en el Congreso, ha desnudado no sólo la
connivencia entre los grupos económicos y los grandes medios sino,
también, la enorme influencia y poder que ambos ejercen sobre el propio
Poder Judicial. Todo esto ha dado impulso a un movimiento de renovación y
democratización de la Justicia que ilumina los recovecos más recónditos
del propio Poder Judicial.
Pero hay algo más: en la medida en que el conflicto principal se
vuelve más explícito y la luz empieza a iluminar la trama de intereses
que articulan la estructura de poder, también comienza a cobrar
visibilidad la espesa red de relaciones “mafiosas” que, como un tejido
canceroso, corroe desde hace mucho tiempo a toda la sociedad. Estas
relaciones son organizadas al margen de la ley en todos los ámbitos de
la vida nacional, y persiguen cuotas de influencia y poder económico y
político, recurriendo al ejercicio de distintas formas de violencia e
intimidación. De este modo, a través del ejercicio abierto o solapado de
la coerción, estas redes mafiosas reproducen el statu quo,
desparramando el miedo, el descreimiento y la intolerancia por todos los
intersticios de la sociedad, y recreando la fragmentación social y la
desintegración nacional. Hoy día, estas redes son cada vez más visibles y
su impunidad se desnuda en la escena política. Así por ejemplo, gracias
al coraje de una madre, y a su largo trabajo “desde abajo hacia
arriba”, la lucha por la aparición de Marita Verón encontró en la
coyuntura actual las condiciones necesarias para llevar al primer plano
de la vida nacional el fenómeno de la trata y la vinculación de la misma
con ciudadanos, empresarios, jueces, políticos, miembros de las fuerzas
de seguridad y autoridades de gobierno esparcidos en todo el ámbito
nacional. Estas redes mafiosas y sus ramificaciones en el espacio
público y en el privado también empiezan a ser desnudadas en el caso del
narcotráfico en Santa Fe y en otras regiones del país.
Este entramado de relaciones mafiosas es un factor de erosión
constante de la legitimidad institucional. Juntamente con otras formas
de corrupción –como, por ejemplo, el enriquecimiento a partir del uso de
la función pública; la transformación de dirigentes sindicales en
patrones de empresas; la utilización discrecional de los dineros de los
afiliados a beneficio de los negocios de los dirigentes, etc.–
reproducen la coerción y el abuso del poder, y contribuyen a sembrar el
descreimiento y el miedo. La participación ciudadana en la elaboración
de políticas y en el control de gestión, desde “abajo hacia arriba” y en
todos los ámbitos de la vida nacional, es el camino que permitirá
desnudar estas redes mafiosas y otras formas de corrupción, y lograr la
transparencia y la legitimidad institucional necesarias para profundizar
la inclusión social. Sin duda alguna, éste es un camino largo; pero
empezar a recorrerlo es en sí mismo un cambio radical que contribuirá a
superar el canibalismo social, el miedo, el descreimiento y la
intolerancia, al posibilitar la creación de ámbitos propicios para la
conciliación de intereses y para la movilización de las energías
colectivas hacia el logro de la unidad nacional.
* Socióloga, autora de La economía política argentina. Poder y clases sociales.
Publicado en Página12
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