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En
esta última semana se instaló ampliamente en los medios la idea de una
tarjeta de crédito que aplique una comisión de sólo el 1% a los
comercios por las compras realizadas con el medio electrónico, cuando es
habitual que la comisión aplicada por los bancos oscile en el 3%. A
esta idea de menores comisiones, surgida desde las cadenas de
supermercados, se adhirieron rápidamente las casas de electrodomésticos y
electrónica, así como distintas cámaras de comercio.
La reducción de comisiones bancarias se ha tomado como una
posibilidad en el marco de la negociación para prolongar el acuerdo de
precios. Desde este punto de vista, puede plantearse que el sector
financiero tiene alta rentabilidad y puede resignar parte de ella sin
afectar su fortaleza.
Si damos un vistazo a los ingresos de los bancos por tarjetas se
puede estimar que la mayoría proviene de los intereses que aplican a la
financiación, y una porción bastante menor por las comisiones cobradas
tanto a comercios como a los titulares de las tarjetas.
Sin duda resultaría interesante avanzar en una negociación sobre
los aranceles a los comercios con el objetivo de sostener los acuerdos
de precios, pero esta vía podría agotarse en una transferencia dentro de
la cadena de comercialización. Tendríamos así un escenario donde las
empresas comerciales obtendrían un beneficio permanente –la reducción
del arancel–, mientras que el beneficio a los consumidores estaría
acotado al período de congelamiento de precios. Hay un gran menú para
avanzar en beneficio de los consumidores, y por ende del consumo global,
en particular la reducción de los intereses cobrados por financiación
de tarjetas de crédito. Según el último Informe Monetario del Banco
Central, mientras que en diciembre de 2012 las tasas cobradas por
financiaciones con tarjeta de crédito rondaron el 30% promedio para todo
el sistema, similares a las aplicadas a los préstamos personales
tradicionales, las tasas por operaciones documentadas cobradas a
empresas se ubicó en el 19%, una gran diferencia que explica la
predilección de los bancos por el segmento de personas. Estos datos son
promedio, y esconden la gran diferencia de tasas que hay entre bancos:
las tasas de Banco Nación son mucho más bajas que las de otros bancos.
También debe tenerse en cuenta que estos datos no incluyen al segmento
de tarjetas no bancarias, que cobran intereses más altos aún.
Es factible apelar a la reducción de los costos financieros para
mejorar tanto los márgenes de las cadenas de comercialización y
producción, como los costos que pagan los usuarios, una tarea que el
Banco Central puede desarrollar a partir de las atribuciones para
regular los costos crediticios que le otorga la última modificación de
su Carta Orgánica. De la misma forma, es hora de ir pensando, para
complementar la política de acuerdos de precios, en comenzar a estudiar
los balances de las grandes empresas comercializadoras, como así también
de sus proveedores cartelizados. Este estudio de los costos de las
grandes empresas puede permitir tener en claro los márgenes de ganancia,
y cómo éstos pueden responder a una política de administración de
precios.
Los acuerdos de precios son una importante herramienta, pero deben
ser complementados con otras medidas como la mencionada, o a través de
un sistema impositivo más progresivo, como he explicitado desde esta
columna en varias oportunidades.
LAS VUELTAS DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA. En la semana, la empresa
brasileña Vale, la segunda compañía minera del mundo y la primera
productora de mineral de hierro, anunció la suspensión de una inversión
en curso para la extracción de potasio en Río Colorado, Mendoza.
Vale lleva invertidos ya alrededor de 2000 millones de dólares de
un proyecto que al inicio se estimaba en 6000 millones en total, cifra
que las últimas estimaciones ubicaban en 10.900 millones de dólares. La
suspensión significa dejar cesantes los 4000 trabajadores de la obra,
que cobrarían su salario hasta fines de marzo.
Tanto Vale como medios brasileños arguyeron como razones para el
desistimiento "los altos costos de la economía argentina, la inflación y
el problema cambiario", variables que no deberían incidir en un
proyecto de largo aliento como el que se acaba de suspender.
Aparentemente influyó en la decisión de la minera la negativa del
gobierno argentino a otorgarle beneficios fiscales y cambiarios por
cerca de 3000 millones de dólares en los próximos dos años; sin embargo,
cuando Vale solicitó este beneficio, ya había parado las obras (El
Cronista, 12.03.13 pág. 19).
Hay otras razones que hacen a la situación internacional de la
empresa, que opera en 37 países y posee cerca de 195 mil empleados en
todo el mundo. El último trimestre de 2012 la firma presentó la primera
pérdida en diez años, y el beneficio anual obtenido de 11.236 millones
de dólares para todo 2012 resultó la mitad del resultado obtenido en
2011, a la vez que sus ventas bajaron un 23% en el año. Los menores
precios de los minerales y la menor demanda fruto de la crisis
internacional pueden asignarse a estos resultados. Por otra parte,
importantes proyectos químicos y petroquímicos brasileños han sido
frenados por los altos costos de las materias primas en el país hermano
(gas natural y nafta), según informa el diario brasileño Valor
Económico. Los inversores extranjeros están protegiendo sus balances en
todo el mundo.
Distintos estamentos públicos han expresado su voluntad de
continuar con el proyecto Potasio Río Colorado y garantizar los puestos
de trabajo; será una tarea ardua que esperamos que se pueda concretar.
Con la misma orientación, YPF ratificó que continuará con el
desarrollo de un yacimiento de gas no convencional (tight gas), en el
área Sierra Barrosa, Neuquén, destinado principalmente a abastecer el
proyecto Potasio Río Colorado.
La decisión de Vale lleva a replantear nuevamente la cuestión de
las inversiones extranjeras directas y su incidencia en la economía
nacional. Al decidir cesar su proyecto, Vale está generando costos
importantes a nuestro país, además de pretender beneficios fiscales y
cambiarios sin ninguna contrapartida, sólo para mejorar su rentabilidad,
que se suman a las desproporcionadas exenciones fiscales que ya goza la
actividad minera en nuestro país.
Queda claro de esta forma que el interés de las inversiones
extranjeras pasa por obtener la mayor tasa de ganancia, y que ello se
contrapone con la utilidad social de las inversiones. Esta situación nos
plantea, una vez más, la aguda necesidad de cambiar la ley de
inversiones extranjeras de la dictadura (Ley 21.382) que contiene una
gran cantidad de "podrán" y ningún "deberán", es decir, otorga derechos a
las inversiones extranjeras pero no exige ninguna obligación. Es un
paso importante que hay que dar, pero que debe estar acompañado por la
denuncia de los 52 tratados bilaterales de inversión que firmó nuestro
país, y que atan de manos al gobierno para tomar cualquier regulación
que intente colocar requisitos más exigentes a la inversión extranjera
respecto a la inversión nacional. Limitación que frena muchos beneficios
de los cuales podrían gozar las pymes nacionales para mejorar su perfil
de inversiones productivas.
Una nueva Ley de Inversiones Extranjeras es uno de los cambios
necesarios para profundizar el modelo, puesto que implica derogar una
norma de la dictadura, a la vez que permitiría lograr que las
inversiones extranjeras aporten al desarrollo de nuestro país, y no al
revés.
*Publicado en Tiempo Argentino
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