Luego
de la marcha del jueves pasado, Mauricio Macri sostuvo: "Espero que la
presidente tome el mensaje, y que no volvamos con que vamos a
profundizar el modelo." (Ambito.com, 14/09/12). Esto indica que "la
sintonía fina" está tocando intereses sensibles que reaccionarán más
cuanto más se profundice el modelo.
En este marco se acaba de anunciar un incremento en las
asignaciones familiares y en la Asignación Universal por Hijo (AUH) y
para embarazadas, que involucra un mayor gasto de 5200 millones de
pesos, lo cual tendrá, según la ANSES, un efecto multiplicador sobre la
economía que generaría una producción de 2,7 pesos por cada peso
otorgado en asignaciones.
La prestación para los sectores de menores ingresos se actualiza en
un 25,9% al igual que la AUH, que con el aumento asciende a los 340
pesos mensuales. En esta oportunidad, se aplicó sintonía fina, por la
cual las asignaciones familiares se determinarán a partir de los
ingresos del grupo familiar, excluyendo de las prestaciones a cerca de
63 mil hogares de altos ingresos que percibían asignación porque uno de
sus cónyuges tenía ingresos inferiores a los 5200 pesos mensuales.
También se diseñó un nuevo rango de perceptores para aquellos grupos
familiares que ganan entre $ 6001 y $ 14 mil, que pasarán a cobrar $ 90
por cada hijo, siempre y cuando ningún integrante supere los $ 7 mil,
que es un ingreso a partir del cual se puede aplicar la deducción por
hijo del Impuesto a las Ganancias.
De esta forma, según el director ejecutivo de la ANSES, Diego
Bossio, "Todos los chicos están cubiertos ahora, ya sea por la deducción
impositiva que realizan sus padres o por el cobro de las asignaciones
familiares."
Las medidas contenidas son un gran avance en la protección de las
familias de menores ingresos, y deben ser entendidas muy positivamente.
No obstante, sostengo que tanto las asignaciones familiares, como la
Asignación Universal por Hijo y por embarazo, así como los límites de
ingresos para su percepción, deben ser adecuados automáticamente en
forma semestral con una fórmula similar a la que se utiliza para las
jubilaciones y pensiones; este ajuste automático no invalida poder
mejorar aún más las prestaciones con la idea de ir centrando el esfuerzo
del gasto en las familias más necesitadas. También resulta importante
acompañar la suba en las asignaciones familiares con el incremento del
mínimo no imponible (MNI) en el Impuesto a las Ganancias, que está
recayendo pesadamente sobre un sector de trabajadores de ingresos
medios; al aumentar el MNI se dinamizaría el consumo de los asalariados
medios, mientras que podría compensarse la menor recaudación con mayores
aportes de las grandes fortunas.
Mantener el poder adquisitivo otorgado: el efecto multiplicador del
incremento en las asignaciones familiares y la AUH puede diluirse si
los empresarios aumentan los precios en respuesta a la mayor demanda de
bienes. Lo expresó claramente Cristina Fernández de Kirchner cuando
pidió "a todos los supermercados, a todos los formadores de precios, que
habida cuenta que han cerrado todas las paritarias, los servicios
públicos no aumentan desde hace mucho tiempo", no haya un corrimiento de
los precios a partir del aumento en las asignaciones.
Me gustaría desgranar esta frase, porque lo que está diciendo la
presidenta es que los empresarios no pueden alegar incremento de costos,
la muletilla usual para justificar que están aumentando los precios,
como lo hacen impropiamente cuando se elevan los salarios (y muchas
veces se olvidan del aumento de la productividad de los trabajadores).
En este caso, el costo monetario lo sustenta el Estado.
Pero esta es esencialmente una cuestión ideológica. Para abordarla,
es conveniente citar nuevamente a la presidenta, quien expresó: "Cuando
hablamos de aumento de precios, pareciera que es el gobierno el que
aumenta los precios, cuando son los empresarios."
Comparto totalmente esta aseveración, y creo que una variable que
hay que tener en cuenta en este proceso de formación de precios, además
de los costos, es la rentabilidad que poseen los empresarios. A partir
de una determinada estructura de costos, es en la rentabilidad donde hay
que buscar para tener una dimensión de la razonabilidad de los precios
que aplican las empresas formadoras.
Y si bien es importante que la presidenta centre las tendencias
inflacionarias en la actitud de los formadores de precios, no basta sólo
con acudir a su buena voluntad para que ello se frene. Porque el tema
de la ganancia es una cuestión inherente a la empresa capitalista.
Resulta interesante recordar el manifiesto liminar de la Asociación
Empresaria Argentina (AEA), conformada por los grupos económicos más
poderosos del país; en julio de 2009 señalaban, entre otras cuestiones,
que sostienen una postura claramente neoliberal, que "el derecho de
propiedad de las empresas sobre su patrimonio y sus ganancias es
fundamental para el desarrollo del país...". A partir de esta frase, la
histórica reivindicación de la derecha sobre la propiedad privada, la
extienden a la intangibilidad de las ganancias. Este es el pensamiento
de muchos formadores de precios, que confronta radicalmente con la
potestad del Estado para aplicarles impuestos con miras a un sistema
tributario progresivo.
Por ello, no es de esperar que los empresarios cedan fácilmente su
privilegio para determinar los precios, lo que lleva a una necesaria
presencia del Estado en este proceso de fijación de precios, una
política que requiere de una gran cantidad de recursos humanos y de una
firme decisión de llevarla a cabo.
Si bien es novedoso en la actualidad, esta política ya está
despuntando en algunos sectores como el energético. Al anunciar el
avance en el nuevo marco regulatorio para el sector, Axel Kicillof
expresó claramente que se procurará que las empresas obtengan una
"ganancia justa y razonable por encima de los costos". A partir de la
definición del nuevo marco para el sector energético podría llegar a
solicitarse a las compañías intervinientes un plan de inversión y
mantenimiento, de la misma forma que se podría generar una redefinición
de tarifas.
Es un ejemplo interesante del Estado interviniendo en una actividad
que tiene gran cantidad de eslabonamientos con el resto de la economía,
y cuyos precios son determinantes para los costos de la producción en
general.
Para consolidar los avances logrados en lo económico es
indispensable una reforma profunda del sistema tributario, que haga
recaer la mayor presión impositiva en las grandes fortunas, diseñada de
tal forma que debería absorber las ganancias excepcionales que obtienen
los formadores de precios.
Todas estas políticas indican la necesidad de profundizar el
modelo, incluso para que se haga realidad el anhelo de la presidenta
Cristina Fernández de Kirchner: "lo ideal sería que todos ganaran lo
suficiente como para que el Estado no tuviera que pagar asignaciones
familiares, ni que tuviera que pagar asignaciones universales, porque
todos tuvieran trabajo". Un rumbo que Macri y la derecha argentina
desean revertir.
*Publicado en Tiempo Argentino
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