Por Andrés Asiain *
Los precios internacionales de la soja, el trigo y el maíz no paran
de subir y han superado incluso los máximos niveles que registraran en
2007-2008, aquellos que desataron el conflicto por las retenciones
móviles. Muchos analistas económicos hacen propio el viejo dicho de “una
buena cosecha y nos salvamos” y pronostican que la combinación de altos
rindes y buenos precios que se espera para el año entrante permite
despejar el panorama de la economía nacional. No es para menos, se
calcula que las exportaciones del rubro podrían generar 5000 millones de
dólares extra.
Si bien una parte considerable del excedente del sector
agropecuario se vuelca a la compra de dólares, las recientes
restricciones en el mercado de cambio permiten esperar que las mayores
exportaciones de granos y oleaginosas alivien la situación del sector
externo y permitan financiar las importaciones de insumos y maquinarias
necesarios para el despegue de la actividad económica.
Pero si en el plano externo los altos precios de los alimentos
suenan a una bendición, en el plano interno pueden generar grandes
inconvenientes. Un informe reciente de la Cátedra Nacional de Economía
Arturo Jauretche muestra que el incremento en el precio interno de los
alimentos registrado entre 2006 y 2012, se explica en gran medida por el
alza internacional de la cotizaciones de los granos y oleaginosas de
exportación. La utilización del trigo y maíz como materia prima para la
producción de fideos, harinas, polenta, engorde de pollos, entre otros,
hace que parte de la inflación externa se traslade a la mesa de los
argentinos.
Adicionalmente, el alza de la soja también afecta el precio de los
alimentos pese a que pocos argentinos incluyan en su dieta a la
oleaginosa. Es que el yuyo verde compite con las demás producciones por
el uso de la tierra cultivable, incrementando los costos de los
arriendos que se mueven al compás de su cotización internacional. El
valor de la hectárea en la zona núcleo de la provincia de Buenos Aires
se multiplicó por tres en los últimos 6 años, alcanzando los 10.000
dólares promedio para julio de 2012.
Otro efecto indirecto del auge sojero es el desplazamiento de los
cultivos de verduras, hortalizas y frutas de la periferia de las
ciudades, con el consiguiente encarecimiento de los costos de producción
y transporte. El desarrollo de numerosos emprendimientos inmobiliarios
de amplias extensiones destinados a sectores de altos ingresos ha sido
alimentado por el excedente del agro, desplazando a los quinteros que
tradicionalmente ocupaban ese espacio.
El alza del precio de los alimentos afecta especialmente a los
sectores más humildes de la población. El gobierno nacional ha venido
paliando esa situación a través del incremento de las jubilaciones, las
asignaciones, los planes sociales y los sueldos de estatales. Todo ello
implica gastos financieros que reducen el aporte real de recursos del
sector agropecuario al Estado. Por otro lado, los mayores precios de los
alimentos inducen pedidos de incrementos salariales que aumentan los
costos laborales de las empresas y que son transferidos a precios por
sus empresarios. Ello reduce la competitividad de la industria,
especialmente la pequeña y mediana, y obliga a una serie de medidas
administrativas de restricción de importaciones para evitar que sean
desplazadas por la competencia externa. El sostenimiento de un proyecto
de reindustrialización con inclusión social, descansa en gran medida en
la posibilidad de lograr mantener un suministro de alimentos para el
mercado interno a precios bajos. Ello requiere una fuerte intervención
estatal en el sector agropecuario que se imponga a la lógica de avance
de la soja que hoy determina el mercado mundial. El ejemplo de Brasil,
tantas veces traído a cuento por los intelectuales de la derecha, puede
ser útil en este caso. Pese a su creciente producción de oleaginosas, el
país vecino logró sostener un espacio de pequeños agricultores
familiares que hoy suministran cerca del 70 por ciento de los alimentos
que consumen los brasileños. Su presidenta acaba de anunciar créditos
cercanos a los 9000 millones de dólares para el desarrollo de ese
sector.
En Argentina, aún sobreviven en los márgenes de la frontera
agropecuaria un amplio sector de pequeños campesinos. Una fuerte
política estatal de apoyo al desarrollo de ese sector podría ser una
fuente de abastecimiento de alimentos para los sectores populares. De
paso, se estimula la configuración de un nuevo actor social que pueda
enfrentar el conservadurismo político que emana de las organizaciones
que conforman la Mesa de Enlace.
* Cátedra Nacional de Economía Arturo Jauretche.
Publicado en Página12
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