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| Mercedes Marcó del Pont |
La reforma de la Carta
Orgánica del Banco Central y la derogación de la Ley de Convertibilidad
es el golpe más profundo que se le ha dado al modelo neoliberal de los
años noventa de los último tiempos.
Mayer Amschel Rothschild fue un inefable hombre de negocios y
banquero alemán que se hizo multimillonario especulando en las Bolsas de
Frankfurt y Londres. Y siempre supo del valor que la información tenía
para poder enriquecerse. Cuenta la leyenda que, como tenía en su poder
el sistema de comunicación de Europa a principios del siglo XIX se
enteró antes de la victoria inglesa en Waterloo contra Napoleón
Bonaparte y compró miles de acciones en la bolsa londinense y se sentó a
esperar que llegara el resultado de la batalla y la euforia del mercado
elevara las cotizaciones a las nubes. Ese hombre, un modelo de
empresario para muchos banqueros y capitalistas, dijo también alguna
vez: “Permítanme emitir y controlar la moneda de una Nación y no me
ocuparé por quién haga las leyes.” Brillante concepto ¿verdad? Hoy
podría traducirse como “déjenme controlar al Banco Central de una Nación
y no me ocuparé por quien haga las leyes”.
Algo similar debe haber pensado el director del Banco de Inglaterra en
1935, Sir (¿? Los ingleses siempre con sus vetustos títulos de nobleza)
Otto Niemeyer, cuando decidió crear el Banco Central de la Argentina,
tras el vergonzoso tratado Roca-Runciman. Fue el autor del proyecto de
creación del BCRA y dejó en su representación a cuadros técnicos que
respondían directamente a sus directivas. Lo que Niemeyer decía era
palabra santa para los presidentes argentinos en la primera década de
existencia de esa entidad que, como anhelaba Rothschild, emitía moneda y
permitía “olvidarse” de las leyes.
La autarquía del BCRA –que el Estado no pueda intervenir en sus decisiones, controlar su gestión, o su administración–, por ejemplo, es hija del proyecto de Niemeyer, quien lo estableció así para, como dijo alguna vez, poder “evitar cualquier exceso posible por parte del gobierno argentino”. ¿Por qué? Sencillo, porque impide que un gobierno pueda disponer libremente de sus recursos aún en situaciones límites como guerras, crisis internacionales, emergencias económicas o catástrofes naturales.
Un Banco Central es fundamental para la vida económica de una Nación: emite moneda, regula el crédito bancario, orienta las actividades comerciales y vigila las entidades crediticias, recibe depósitos oficiales y privados, regula la operación de divisas internacionales, establece el circulante y mantiene reservas de dinero para mantener el valor de la moneda local. Es la llave de la producción de un país. Quien maneja el Banco Central, conduce la economía o, por lo menos, permite neutralizar la acción de un gobierno.
NACIONALIZACIÓN PERONISTA. Quien lo entendió perfectamente fue, claro, Juan Domingo Perón, ya que en marzo de 1947 nacionalizó el Banco Central y, por ende, todo el sistema bancario. De esa manera redireccionó el crédito hacia el desarrollo económico –especialmente el crecimiento industrial a través del Instituto Argentino de Promoción del Intercambio (IAPI), creado unos meses antes– e impidió que los bancos privados pudieran operar a su antojo ya que necesitaban la autorización del BCRA, ahora, en manos argentinas.
Pero como sabemos, la experiencia de independencia económica peronista duró demasiado poco. Los violentos demócratas de siempre tras asesinar cientos de personas en la Plaza de Mayo, llevaron adelante en septiembre de 1955 el golpe de Estado que intentó retrotraer a la Argentina al país del sistema semicolonial británico. Lo anunció Arturo Jauretche en su texto El Plan Prebisch o el retorno al coloniaje y no se equivocaba: de inmediato, la dictadura militar “Libertadora” ingresó –por decreto o bando– al Fondo Monetario Internacional, abrió el brutal proceso de deuda externa que encadenó a generaciones de argentinos y, obviamente, derogó la Ley 12.962, que había nacionalizado el BCRA y el sistema bancario, y se ajustó a las normas del Banco de Pagos Internacionales de Basilea (Bank for International Settlements, BIS), con sede en esa ciudad suiza. Un sólo dato enriquece esta teoría de la continuidad de políticas pro británicas: Raúl Prebisch había sido el gerente general del BCRA en 1935, acompañando a su fundador Ernesto Bosch.
Creado en 1930, el BIS reunió durante décadas a los principales bancos centrales de Europa para controlar el intercambio de divisas y manejar a los bancos centrales de los demás países. Intervinieron en su creación el Banco de Inglaterra y la banca alemana y luego, tras la Segunda Guerra Mundial, sufrió la incontinente influencia de la banca estadounidense. Momento oscuro de esta entidad bancaria fue la supuesta complicidad en el lavado de capitales expropiados a judíos durante las ocupaciones nazis entre 1938 y 1945. Estaba claro, el capital financiero internacional volvía a tallar en la economía interna argentina. Y el Banco Central pasó a formar parte del esquema financiero ideado por los organismos internacionales como el FMI y el Banco Mundial.
El otro mojón importante respecto de la historia del BCRA fue la sanción de la
Ley (¿decreto? ¿bando militar?) de Entidades Financieras, impuesta por el terrorífico ministro de economía de la última dictadura militar, José Alfredo Martínez de Hoz. El historiador Mario Rappoport en su imprescindible Historia Económica, política y social de la Argentina explica de que manera la liberalización del mercado financiero y la disminución de la participación del Estado “modificó drásticamente las condiciones de rentabilidad de los distintos sectores económicos, afectando en forma negativa a las actividades productivas, incentivando la valorización especulativa y produciendo la hipertrofia del sector”. La ley financiera limpiaba los últimos impedimentos para que el capital financiero pudiera entrar y salir libremente del país.
La última gran etapa en esta historia es la Ley de Convertibilidad y la reforma de la Carta Orgánica del BCRA que convertían a la entidad en poco más que un gendarme del tipo cambiario y fortalecía la independencia respecto del gobierno nacional. ¿Se entiende por qué el Banco Central se convirtió desde su creación hasta hoy –excepto por breves períodos– en un bastión del liberalismo económico argentino que rechazaba cualquier injerencia de los gobiernos? ¿Se comprende, entonces, por qué en enero de 2010 Martín Redrado se atrincheró en su despacho para no permitir que el Estado Nacional pudiera utilizar las reservas para pagar deuda externa? ¿Qué intereses estaba defendiendo Redrado en aquel momento? ¿Los del Estado? ¿Los del Banco Central? ¿Los de los organismos de crédito internacionales?
¿QUIÉN ES QUIÉN? Cuando la actual titular del BCRA, Mercedes Marcó del Pont, relató la anécdota de la advertencia de Redrado durante el conflicto fue muy sugerente. El nunca muy claro novio de Luli Salazar, le previno: “Vos no sabés con quién te estás metiendo…” Pero ¿quién es ese quién? ¿El propio Redrado o el capitalismo financiero internacional que sostiene la autarquía del Banco Central?
No es difícil responder esa pregunta. Si uno repasa la historia, comienza a quedar más claro quién es ese “quien”. El padre de la Convertibilidad, Domingo Cavallo, fue presidente del BCRA en 1982, justo cuando la dictadura militar decidió hipotecar el futuro de todos los argentinos nacionalizando la deuda externa que unos pocos privados habían contraído en el sector externo. Obviamente, esa fue la nacionalización –bueno, la de la compañía de luz Italo-Argentina, también– que más daño le produjo al país en toda la historia económica de nuestro país y que favoreció a los organismos internacionales de crédito que, de la noche a la mañana, se vieron favorecidos porque el Estado argentino los protegía de posibles quiebras de empresarios endeudados. No es casualidad, tampoco, que fuera el propio Cavallo el que impusiera la Convertibilidad y la sostuviera con un multimillonario endeudamiento externo. Para que quede claro: la estatización de la deuda privada costó al trabajador común, al docente, al kiosquero 14 mil millones de dólares. La Convertibilidad le costó al menos 100 mil millones de dólares a ese mismo ciudadano (la deuda pasó de U$S 65 mil millones a 190 mil millones en 2001 sin contar claro el dinero ingresado por las privatizaciones). Cavallo niega haber sido el responsable de la estatización en 1982 y aduce haber renunciado antes justamente por oponerse a esa medida, así que vamos a darle la razón y sólo acreditarle los 100 mil millones de dólares que nos costó su criaturita económica.
Otro presidente del BCRA muy conocido fue José Luis Machinea, luego ministro de Economía del gobierno de la Alianza. Fue idea suya el sistema conocido como el de licitación de divisas implantado para la compra y venta de dólares. Consistía en que los bancos debían hacer sus ofertas al Central para obtener dólares al día siguiente. Obviamente, la información se filtraba a los amigos y un grupo de banqueros ligados al radicalismo se beneficiaron de forma escandalosa con ese mecanismo; entre ellos Fernando de Santibáñez, jefe de la Side delarruista, y otros bancos ligados a la por entonces Coordinadora en los que todas las tardes se descorchaba champagne porque ya tenían garantizada las millonarias ganancias del día siguiente. Machinea, claro, oficializó la transferencia de la deuda privada al sistema público rubricando con su firma los pagarés de las empresas cuyas deudas había estatizado la dictadura. Cabe recordar, también, que en 2001, como ministro de Economía, fue el responsable del ajuste del 15% de los salarios y jubilaciones a los empleados del Estado.
Durante los años del menemismo, y la gestión de Cavallo en Economía, el presidente del BCRA no fue otro que Roque Fernández, un economista ultraliberal, heredero de la tradición monetarista de los Chicago boys inaugurada por Martínez de Hoz en los ’70. Trabajó para el Banco Mundial y el FMI, lo que obliga a preguntar con inocencia si no debería prohibirse que un economista pueda atender en ambos lados de la ventanilla o del mostrador. ¿Existe doble fidelidad en estos supuestos técnicos que trabajan para la banca financiera internacional y los Estados nacionales endeudados?
Mario Bléjer, por ejemplo, quién fue presidente del Central en 2002, bajo el gobierno de Eduardo Duhalde, también fue funcionario del FMI, y cuando dejó su cargo en el Banco se fue a trabajar al Banco de Inglaterra –el mismo que fundó el BCRA en 1935– como Director del Centro de Estudios.
Por último, el siempre prolijo Adolfo Prat Gay, supuesto economista progre de la Coalición Cívica, quien fue presidente del BCRA durante el gobierno de Néstor Kirchner, cumplió funciones en la Banca J.P. Morgan, uno de las entidades financieras inglesas que se encargaron de rediseñar la deuda externa argentina.
Teniendo en cuenta quiénes fueron los presidentes del BCRA de las últimas décadas –más allá de la idoneidad en la materia que otorga trabajar para entidades internacionales– queda un poco más claro quién es ese quién de la frase que Redrado le arrojó a Marcó del Pont. ¿Se trata del propio Redrado? ¿O del capitalismo financiero que tiene atrapado al BCRA desde 1935?
REFORMA TRASCENDENTE. Es por estas cosas que la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la derogación de la Ley de Convertibilidad es el golpe más profundo que se le ha dado al modelo neoliberal de los años noventa de los último tiempos. Pero considero que no ha sido –debido a las dificultades técnicas que conlleva– lo suficientemente bien comunicado. Muchos seguidores del kirchnerismo no han tomado verdadera conciencia del cambio económico, en términos de perspectiva histórica, que significan las leyes que se están tratando en el Congreso. Es posible que no se trate de la nacionalización de la banca como piden muchos peronistas que tienen en su marco ideológico el sistema implantado por Perón en 1947. Pero se trata, sin dudas, de la reforma más importante, en términos de medidas nacionales y populares respecto del sistema financiero, desde 1955 hasta la fecha.
La presidenta lo explicó en su discurso del 1 de marzo. Pero me parece que no fue del todo escuchado: “El rol de los Bancos Centrales fue siempre financiar a los gobiernos. El Banco Central de Inglaterra que fue creado en el siglo XVII ¿adivinen para qué fue creado, para financiar qué, a los pobres, a los nobles, a la reina? No, a los conflictos bélicos, así fue fundado el Banco Central de Inglaterra en el siglo XVII y todos los Bancos Centrales en general tienen una historia de fuerte intervención de la economía, dirección del crédito y no solamente cuidar la estabilidad de la moneda, que es una de sus funciones principales pero que no puede ser la única. Precisamente esta fue la historia de la República Argentina hasta el año 1992. En el año 1992 se produjo la reforma orgánica del Banco Central, se suprimieron todas las funciones que tenía de orientación de crédito, de decidir si el crédito podía ir al consumo, al crédito a largo plazo, la posibilidad de dar adelantos para tal o cual línea de créditos o para tal o cual producción donde el Estado privilegiara tal o cual actividad. Se lo inmovilizó, se lo invisibilizó. Claro, todo ese poder fue a parar a algún lado, porque cuando el poder se saca de un lado no es que se difumina o se evapora, eso es el vapor. El poder fue a parar a las entidades financieras, a los bancos. Por eso pasó lo que pasó no solamente en la República Argentina, sino en el mundo entero. Lo financiero por sobre lo productivo es producto de esto que se llamó en un momento Consenso de Wa-shington y que hoy están dando marcha atrás varios países”.
La autarquía del BCRA fue uno de los grandes logros del liberalismo argentino. Fue una batalla cultural importante que ganaron gracias al oscurantismo con que siempre se manejan los economistas y porque durante muchos años un sector importante de la sociedad argentina creyó en la libertad de los mercados. No es que no lo supieran. Lo habíamos olvidado. Perón ya lo había dicho: “La economía y el libre mercado son sólo afirmaciones para el consumo de los tontos e ignorantes. La economía nunca es libre, o la controla el Estado en beneficio del pueblo, o la controlan las grandes corporaciones en perjuicio de este”.
La autarquía del BCRA –que el Estado no pueda intervenir en sus decisiones, controlar su gestión, o su administración–, por ejemplo, es hija del proyecto de Niemeyer, quien lo estableció así para, como dijo alguna vez, poder “evitar cualquier exceso posible por parte del gobierno argentino”. ¿Por qué? Sencillo, porque impide que un gobierno pueda disponer libremente de sus recursos aún en situaciones límites como guerras, crisis internacionales, emergencias económicas o catástrofes naturales.
Un Banco Central es fundamental para la vida económica de una Nación: emite moneda, regula el crédito bancario, orienta las actividades comerciales y vigila las entidades crediticias, recibe depósitos oficiales y privados, regula la operación de divisas internacionales, establece el circulante y mantiene reservas de dinero para mantener el valor de la moneda local. Es la llave de la producción de un país. Quien maneja el Banco Central, conduce la economía o, por lo menos, permite neutralizar la acción de un gobierno.
NACIONALIZACIÓN PERONISTA. Quien lo entendió perfectamente fue, claro, Juan Domingo Perón, ya que en marzo de 1947 nacionalizó el Banco Central y, por ende, todo el sistema bancario. De esa manera redireccionó el crédito hacia el desarrollo económico –especialmente el crecimiento industrial a través del Instituto Argentino de Promoción del Intercambio (IAPI), creado unos meses antes– e impidió que los bancos privados pudieran operar a su antojo ya que necesitaban la autorización del BCRA, ahora, en manos argentinas.
Pero como sabemos, la experiencia de independencia económica peronista duró demasiado poco. Los violentos demócratas de siempre tras asesinar cientos de personas en la Plaza de Mayo, llevaron adelante en septiembre de 1955 el golpe de Estado que intentó retrotraer a la Argentina al país del sistema semicolonial británico. Lo anunció Arturo Jauretche en su texto El Plan Prebisch o el retorno al coloniaje y no se equivocaba: de inmediato, la dictadura militar “Libertadora” ingresó –por decreto o bando– al Fondo Monetario Internacional, abrió el brutal proceso de deuda externa que encadenó a generaciones de argentinos y, obviamente, derogó la Ley 12.962, que había nacionalizado el BCRA y el sistema bancario, y se ajustó a las normas del Banco de Pagos Internacionales de Basilea (Bank for International Settlements, BIS), con sede en esa ciudad suiza. Un sólo dato enriquece esta teoría de la continuidad de políticas pro británicas: Raúl Prebisch había sido el gerente general del BCRA en 1935, acompañando a su fundador Ernesto Bosch.
Creado en 1930, el BIS reunió durante décadas a los principales bancos centrales de Europa para controlar el intercambio de divisas y manejar a los bancos centrales de los demás países. Intervinieron en su creación el Banco de Inglaterra y la banca alemana y luego, tras la Segunda Guerra Mundial, sufrió la incontinente influencia de la banca estadounidense. Momento oscuro de esta entidad bancaria fue la supuesta complicidad en el lavado de capitales expropiados a judíos durante las ocupaciones nazis entre 1938 y 1945. Estaba claro, el capital financiero internacional volvía a tallar en la economía interna argentina. Y el Banco Central pasó a formar parte del esquema financiero ideado por los organismos internacionales como el FMI y el Banco Mundial.
El otro mojón importante respecto de la historia del BCRA fue la sanción de la
Ley (¿decreto? ¿bando militar?) de Entidades Financieras, impuesta por el terrorífico ministro de economía de la última dictadura militar, José Alfredo Martínez de Hoz. El historiador Mario Rappoport en su imprescindible Historia Económica, política y social de la Argentina explica de que manera la liberalización del mercado financiero y la disminución de la participación del Estado “modificó drásticamente las condiciones de rentabilidad de los distintos sectores económicos, afectando en forma negativa a las actividades productivas, incentivando la valorización especulativa y produciendo la hipertrofia del sector”. La ley financiera limpiaba los últimos impedimentos para que el capital financiero pudiera entrar y salir libremente del país.
La última gran etapa en esta historia es la Ley de Convertibilidad y la reforma de la Carta Orgánica del BCRA que convertían a la entidad en poco más que un gendarme del tipo cambiario y fortalecía la independencia respecto del gobierno nacional. ¿Se entiende por qué el Banco Central se convirtió desde su creación hasta hoy –excepto por breves períodos– en un bastión del liberalismo económico argentino que rechazaba cualquier injerencia de los gobiernos? ¿Se comprende, entonces, por qué en enero de 2010 Martín Redrado se atrincheró en su despacho para no permitir que el Estado Nacional pudiera utilizar las reservas para pagar deuda externa? ¿Qué intereses estaba defendiendo Redrado en aquel momento? ¿Los del Estado? ¿Los del Banco Central? ¿Los de los organismos de crédito internacionales?
¿QUIÉN ES QUIÉN? Cuando la actual titular del BCRA, Mercedes Marcó del Pont, relató la anécdota de la advertencia de Redrado durante el conflicto fue muy sugerente. El nunca muy claro novio de Luli Salazar, le previno: “Vos no sabés con quién te estás metiendo…” Pero ¿quién es ese quién? ¿El propio Redrado o el capitalismo financiero internacional que sostiene la autarquía del Banco Central?
No es difícil responder esa pregunta. Si uno repasa la historia, comienza a quedar más claro quién es ese “quien”. El padre de la Convertibilidad, Domingo Cavallo, fue presidente del BCRA en 1982, justo cuando la dictadura militar decidió hipotecar el futuro de todos los argentinos nacionalizando la deuda externa que unos pocos privados habían contraído en el sector externo. Obviamente, esa fue la nacionalización –bueno, la de la compañía de luz Italo-Argentina, también– que más daño le produjo al país en toda la historia económica de nuestro país y que favoreció a los organismos internacionales de crédito que, de la noche a la mañana, se vieron favorecidos porque el Estado argentino los protegía de posibles quiebras de empresarios endeudados. No es casualidad, tampoco, que fuera el propio Cavallo el que impusiera la Convertibilidad y la sostuviera con un multimillonario endeudamiento externo. Para que quede claro: la estatización de la deuda privada costó al trabajador común, al docente, al kiosquero 14 mil millones de dólares. La Convertibilidad le costó al menos 100 mil millones de dólares a ese mismo ciudadano (la deuda pasó de U$S 65 mil millones a 190 mil millones en 2001 sin contar claro el dinero ingresado por las privatizaciones). Cavallo niega haber sido el responsable de la estatización en 1982 y aduce haber renunciado antes justamente por oponerse a esa medida, así que vamos a darle la razón y sólo acreditarle los 100 mil millones de dólares que nos costó su criaturita económica.
Otro presidente del BCRA muy conocido fue José Luis Machinea, luego ministro de Economía del gobierno de la Alianza. Fue idea suya el sistema conocido como el de licitación de divisas implantado para la compra y venta de dólares. Consistía en que los bancos debían hacer sus ofertas al Central para obtener dólares al día siguiente. Obviamente, la información se filtraba a los amigos y un grupo de banqueros ligados al radicalismo se beneficiaron de forma escandalosa con ese mecanismo; entre ellos Fernando de Santibáñez, jefe de la Side delarruista, y otros bancos ligados a la por entonces Coordinadora en los que todas las tardes se descorchaba champagne porque ya tenían garantizada las millonarias ganancias del día siguiente. Machinea, claro, oficializó la transferencia de la deuda privada al sistema público rubricando con su firma los pagarés de las empresas cuyas deudas había estatizado la dictadura. Cabe recordar, también, que en 2001, como ministro de Economía, fue el responsable del ajuste del 15% de los salarios y jubilaciones a los empleados del Estado.
Durante los años del menemismo, y la gestión de Cavallo en Economía, el presidente del BCRA no fue otro que Roque Fernández, un economista ultraliberal, heredero de la tradición monetarista de los Chicago boys inaugurada por Martínez de Hoz en los ’70. Trabajó para el Banco Mundial y el FMI, lo que obliga a preguntar con inocencia si no debería prohibirse que un economista pueda atender en ambos lados de la ventanilla o del mostrador. ¿Existe doble fidelidad en estos supuestos técnicos que trabajan para la banca financiera internacional y los Estados nacionales endeudados?
Mario Bléjer, por ejemplo, quién fue presidente del Central en 2002, bajo el gobierno de Eduardo Duhalde, también fue funcionario del FMI, y cuando dejó su cargo en el Banco se fue a trabajar al Banco de Inglaterra –el mismo que fundó el BCRA en 1935– como Director del Centro de Estudios.
Por último, el siempre prolijo Adolfo Prat Gay, supuesto economista progre de la Coalición Cívica, quien fue presidente del BCRA durante el gobierno de Néstor Kirchner, cumplió funciones en la Banca J.P. Morgan, uno de las entidades financieras inglesas que se encargaron de rediseñar la deuda externa argentina.
Teniendo en cuenta quiénes fueron los presidentes del BCRA de las últimas décadas –más allá de la idoneidad en la materia que otorga trabajar para entidades internacionales– queda un poco más claro quién es ese quién de la frase que Redrado le arrojó a Marcó del Pont. ¿Se trata del propio Redrado? ¿O del capitalismo financiero que tiene atrapado al BCRA desde 1935?
REFORMA TRASCENDENTE. Es por estas cosas que la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la derogación de la Ley de Convertibilidad es el golpe más profundo que se le ha dado al modelo neoliberal de los años noventa de los último tiempos. Pero considero que no ha sido –debido a las dificultades técnicas que conlleva– lo suficientemente bien comunicado. Muchos seguidores del kirchnerismo no han tomado verdadera conciencia del cambio económico, en términos de perspectiva histórica, que significan las leyes que se están tratando en el Congreso. Es posible que no se trate de la nacionalización de la banca como piden muchos peronistas que tienen en su marco ideológico el sistema implantado por Perón en 1947. Pero se trata, sin dudas, de la reforma más importante, en términos de medidas nacionales y populares respecto del sistema financiero, desde 1955 hasta la fecha.
La presidenta lo explicó en su discurso del 1 de marzo. Pero me parece que no fue del todo escuchado: “El rol de los Bancos Centrales fue siempre financiar a los gobiernos. El Banco Central de Inglaterra que fue creado en el siglo XVII ¿adivinen para qué fue creado, para financiar qué, a los pobres, a los nobles, a la reina? No, a los conflictos bélicos, así fue fundado el Banco Central de Inglaterra en el siglo XVII y todos los Bancos Centrales en general tienen una historia de fuerte intervención de la economía, dirección del crédito y no solamente cuidar la estabilidad de la moneda, que es una de sus funciones principales pero que no puede ser la única. Precisamente esta fue la historia de la República Argentina hasta el año 1992. En el año 1992 se produjo la reforma orgánica del Banco Central, se suprimieron todas las funciones que tenía de orientación de crédito, de decidir si el crédito podía ir al consumo, al crédito a largo plazo, la posibilidad de dar adelantos para tal o cual línea de créditos o para tal o cual producción donde el Estado privilegiara tal o cual actividad. Se lo inmovilizó, se lo invisibilizó. Claro, todo ese poder fue a parar a algún lado, porque cuando el poder se saca de un lado no es que se difumina o se evapora, eso es el vapor. El poder fue a parar a las entidades financieras, a los bancos. Por eso pasó lo que pasó no solamente en la República Argentina, sino en el mundo entero. Lo financiero por sobre lo productivo es producto de esto que se llamó en un momento Consenso de Wa-shington y que hoy están dando marcha atrás varios países”.
La autarquía del BCRA fue uno de los grandes logros del liberalismo argentino. Fue una batalla cultural importante que ganaron gracias al oscurantismo con que siempre se manejan los economistas y porque durante muchos años un sector importante de la sociedad argentina creyó en la libertad de los mercados. No es que no lo supieran. Lo habíamos olvidado. Perón ya lo había dicho: “La economía y el libre mercado son sólo afirmaciones para el consumo de los tontos e ignorantes. La economía nunca es libre, o la controla el Estado en beneficio del pueblo, o la controlan las grandes corporaciones en perjuicio de este”.
*Publicado en Tiempo Argentino
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