Por Martín J. Livolti*
La ley nacional 13.246 de arrendamientos y aparcerías rurales, fue sancionada en 1948 durante el primer gobierno de Perón, en buena medida vino a cumplir con los anhelos y reivindicaciones históricas de los pequeños chacareros y productores agropecuarios, fundamentalmente representados por la FAA, que desde la primera década del siglo XX venían reclamando una regulación de los arrendamientos (alquileres) rurales que protegiera a la parte más débil de dichos contratos, es decir, a los arrendatarios, y terminara con el abuso llevado a cabo por los grandes terratenientes latifundistas.
Por supuesto como tantas otras leyes progresistas, sus disposiciones fueron desguasadas y prácticamente neutralizadas por las sucesivas dictaduras, particularmente por la más cruenta de ellas, la de Videla y compañía, en la que Martínez de Hoz dejó librada la suerte de los contratos de arrendamientos, y con ella de los arrendatarios, a la leyes de oferta y demanda del “mercado neoliberal” naciente.
Las modificaciones realizadas a la 13.246, por el ex ministro de economía de la última dictadura cívico militar (hoy detenido), fueron parte del entramado jurídico de la nueva estructura económica y social implantada por aquella, al igual que las leyes de radiodifusión (recientemente derogada y reemplazada por la Ley de Servicios Audiovisuales), y de entidades financieras (con proyección a ser derogada por una nueva Ley de Servicios Financieros).
Semejante desguase jurídico llevó entre otros factores a la desaparición de casi 100.000 EAPs (explotaciones agropecuarias) entre el período que va de 1988 a 2002, según los datos oficiales de los Censos Nacionales Agropecuarios. Demás está decir que la desaparición de las expresadas explotaciones agropecuarias, fundamentalmente familiares, abrió paso a la proliferación y auge de los pooles de siembra, los fondos de inversión, muchos de ellos extranjeros y por lo tanto a la concentración de la tenencia de la tierra y de la riqueza en pocas manos.
Nada ha cambiado desde entonces, o mejor dicho, los males se han agudizado en cuanto a tenencia y uso de la tierra se refieren.
Las declaraciones recientes de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en un acto encabezado en Chacabuco, en el que se conmemoraba el 145 aniversario de la fundación de la ciudad, y se inauguraba la 37ª Fiesta Nacional del Maíz, por las cuáles expresó ”vamos a trabajar en una ley de arrendamiento que proteja los intereses de los que trabajan la tierra", y criticó a aquellos "que están sentados esperando cobrar una renta", abren nuevamente un debate que fue casi soslayado y dejado de lado por la FAA -que había presentado un proyecto de ley de arrendamientos en 2007-, durante el conflicto campestre de 2008, ya que sus socios de la mesa de enlance, especialmente CRA y SRA se oponían a la sanción de una ley de esas características.
Coherente con su estrategia de no romper la mesa de enlace, y por lo menos disimular que defiende los intereses de los pequeños productores agropecuarios, la cúpula de la FAA volvió a presentar un nuevo proyecto de ley de arrendamientos en abril de éste año, ahora por intermedio de sus agro diputados Pablo Orsolini, y Ulises Forte. Decimos coherente en su estrategia porque el proyecto original de la FAA, elaborado a pedido de la entidad gremial, por el eminente agrarista Dr. Aldo Casella en 2007, fue modificado en aspectos fundamentales favoreciendo a los grandes productores y a los pooles de siembra. Por ejemplo en el proyecto original se establecía el límite máximo de tierras a arrendar por una única persona jurídica o física, en 10 unidades económicas, mientras que en el nuevo proyecto ese límite se duplica a 20 unidades económicas. Estos números no pertenecen a los estratos de los pequeños y medianos productores que la FAA, dice defender, sino más bien a los grandes.
Por ello son importantes las declaraciones realizadas por la Presidenta, siempre que el proyecto de nueva ley de arrendamientos y aparcerías rurales vaya en la dirección de aplicar un freno a la concentración del uso y tenencia de la tierra en pocas manos, para sí restituirla a quién genuinamente la trabaje.
Creemos que el proyecto de ley de arrendamientos deberá favorecer el acceso a la tierra de los pequeños productores, agricultores familiares, y pymes del campo, siendo así una herramienta fundamental para la desconcentración, diversificación, y democratización del actual modelo productivo, en dirección al cambio gradual y progresivo del mismo, en el camino de la soberanía alimentaria de nuestro pueblo, el respeto al ambiente y la salud, el ordenamiento territorial, y la distribución equitativa de la riqueza.
Urgen proyectos de éstas características, que profundicen y radicalicen las políticas anti-neoliberales, y contribuyan a unir en un solo bloque al campo popular, nacional, y revolucionario, para enfrentar con fuerza la restauración conservadora de las derechas nacional e internacional en todas sus variantes, que en estos días mostró nuevamente sus garras, y perseverará en el intento de articularse para volver al pasado.
*Responsable Jurídico
del Movimiento Campesino Liberación.
*Ex integrante del equipo de abogados encargados de la difusión del proyecto de Ley de Arrendamientos 2007 de FAA.
No hay comentarios:
Publicar un comentario