Dice el Artículo 14 bis de la Constitución Nacional, en su último párrafo: “El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá: el seguro social obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica, administradas por los interesados con participación del Estado, sin que pueda existir superposición de aportes; jubilaciones y pensiones móviles; la protección integral de la familia; la defensa del bien de familia; la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna.” Es esta última frase la que, particular y pesistentemente, ha sido ignorada desde su sanción. El derecho a la vivienda es una entelequia, y una verborragia inútil de cuanto funcionario haya tenido la posibilidad de generar las condiciones para que se cumpliera.
Aquí aparece ahora y siempre, como en cada ocasión en la que el temor al Poder Real prevalece frente a las necesidades del Pueblo, el “convidado de piedra” de elecciones a las que se presta esperanzado de poder acceder a ese y otros derechos eternamente postergados. Todo comienza cuando las riquezas generadas por el trabajo digno de millones de trabajadores, son apropiadas mayoritariamente por un pequeño grupo de poderosos y adláteres varios, mediante las cuales logran alterar hasta los objetivos lógicos de cualquier ciudadano, a través de la manipulación de sus conciencias. El sistema educacional, las operaciones mediáticas, la desviación de la “justicia” hacia el encubrimiento de las “necesidades” oprobiosas del Poder, son el caldo de cultivo donde florecen las vejaciones morales a las que son sometidos los habitantes a quienes los derechos se les minimiza hasta conservar sólo (y hasta cierto grado) el derecho a respirar.
Habitar es mucho más que sobrevivir bajo un techo. Es asumir la necesidad de la protección física y espiritual de las personas, más aún cuando conformen familias. La vivienda es, además de ese derecho constitucional negado, la manera primigenia de sentirse bajo la protección de un Estado que fue conformado (idealmente) para asegurar el acceso a cada ciudadano a ese conjunto de valores que hacen a la concepción misma de la Nación.
Pero nada de eso se cumple a cabalidad. Ni siquiera parece ser algo que la mayoría de la población contemple como prioritario, sobre todo cuando se trata de otorgarse tal derecho a los habitantes sin hábitat, esos malabaristas de la sobrevivencia que pululan en los barrios marginados de las grandes ciudades. Y cuando de esos barrios de carencias infinitas surgen rebeldías y apropiaciones de terrenos ajenos, buscando la visibilización de sus miserias y la solución vanamente prometida de la Constitución que no los protege, comienza la operación “macartista” de la mediática del Poder a manejar las reacciones del resto de la ciudadanía.
La “indignación” frente a las tomas de tierras, es parte del “show” televisivo con el que se tratará semejante oprobio permanente. Opinólogos diversos, urbanistas de pacotilla y descerebrados opositores por naturaleza, habrán de actuar con premura ante la supuesta o real vulneración del más importante de los derechos (para ellos), como es el de la propiedad privada. El Estado, aún siendo dueño de esa tierras invadidas, termina por mimetizarse con los que adversan la posibilidad de generación de derechos. Mientras los jueces, atendiendo a sus pertenencias de clase antes que a las leyes y a la Carta Magna, fallan en consecuencia contra los reclamantes de su derecho constitucional.
Aunque la mayoría de la población lo haya olvidado, lo ignore o lo repruebe, existió una vez en la Argentina, una Constitución que generaba derechos que se consumaban en la realidad. Donde la vivienda era considerada, más que una simple ley escrita, una necesidad básica para el desarrollo individual y colectivo. Una de las tantas razones por las cuales, los ascendientes de los actuales dueños del Poder Real, cometieron las aberraciones más oscuras de nuestra historia para eliminar esas dignificaciones materiales y espirituales. Las mismas causas por las que hicieron desaparecer 30.000 personas para asegurar el pretendido final de los sueños de construcción de una sociedad donde la dignidad no se midiera por el tamaño de la cuenta bancaria.
En cada ocasión en que se movilizan algunos habitantes de las segregadas “villas miseria” para mostrar sus necesidades insatisfechas y la vulneración de sus derechos constitucionales, aparecen las horrendas manifestaciones del odio que gobierna gran parte del relato de la realidad fantasiosa que propagan los mentimedios. Así como el “viva el cáncer” de hace setenta años, o las imágenes de una Presidenta colgada de una horca, o las bolsas mortuorias con los nombres de sus odiados “populistas”, así se reproduce esta conducta antisocial donde prevalece el desprecio clasista y el egoismo inhumano frente a la adversidad ajena.
Otra vez el desalojo rápido de los “sublevados” de la miseria consumada por los mismos que lo ordenan. Nuevamente los palos policiales abatiendo cabezas de los deshumanizados habitantes de la desidia constructiva. Y desalojados ya de sus pretensiones de un piso para sus chozas indignas, serán “re-ubicados” vaya a saberse dónde y cuando, invisibilizados como serán de ahí en más por los medios cómplices de semejantes injusticias.
Una vez más, la letra constitucional será asesinada. Otra vuelta de tuerca a la enajenación de los derechos. El final anticipado de cuanta rebeldía surja de entre esas personas que intuyen que les corresponde ejercer su ciudadanía, pero cuyas oportunidades se anulan con la profundización de sus segregaciones. Mientras allá arriba, donde se cuece el caldo de la miseria, gozan con sus éxitos los herederos de los invasores de tierras ajenas robadas a un desierto que nunca lo fue. Sabiendo que, para ellos, nunca será emitida una órden de desalojo.
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