INSTRUCCIONES PARA UNA MASACRE POLÍTICA

Imagen Tiempo Argentino

Por Alejandro Horowicz*

Una política terrorista, sus consecuencias prácticas, no cae precisamente del cielo sereno. El "enemigo" a destruir tuvo que ser previamente un "enemigo de papel", un enemigo discursivo. Si algo enseña la sistematización de las masacres políticas es que los masacrados, para poder serlo, no pueden ser iguales a los masacradores. Previamente se construye la "diferencia" entre ambos. Esto es, los primeros valen y los segundos deben ser denigrados, objetualizados, vueltos caca. Y recién cuando su vida "vale dos pesos", cuando esa pasa a ser una valoración compartida, hegemónica las condiciones de la masacre se vuelven políticamente posibles. En ese debate estamos. 

Recordemos. La "Conquista del desierto", la transformación del sur en "desierto" requirió la destrucción física de los pueblos originarios. Esa masacre característica fundante de toda estructura nacional moderna (pensemos la conquista del oeste de los Estados Unidos, que combino una "democrática" repartija de la tierra con el exterminio de los pueblos originarios, a modo de ilustración) tuvo su antecedente literario. El Martín Fierro no sólo resultó el primer bestseller de la literatura argentina, además posibilitó la popularización de una idea clave: el único indio bueno es el indio muerto. La escena más potente del texto, cuando Fierro defiende a la cautiva y pelea por la vida de ambos, me refiero a la terrible escena donde el indio había atado previamente las manos de la mujer con las tripitas de su bebé. ¿Cómo no horrorizarse ante semejante salvajada? ¿Cómo no identificarse con Fierro, que no sólo lucha por su vida, sino por la nuestra? Todavía es un mano a mano, pero ya no se trata del enfrentamiento entre "dos valientes"; no es Fierro contra Cruz, sino civilización versus barbarie. Y los masacradores, conviene retenerlo, siempre defienden la civilización existente, y detestan los enfrentamientos igualitarios. 

A comienzos del siglo XX, con los primeros pininos de sindicalización proletaria, el bloque de clases dominantes instaura la 4144, más conocida como Ley de Residencia. Es una ley curiosa, ya que la autoridad de aplicación pasa por el ministerio del Interior, por el poder de policía. De modo que sin intervención judicial, sin admitir prueba en contra, cualquier trabajador que "alterara la paz social" podía ser expulsado del territorio nacional. Y si tuviera la malhadada idea de regresar "ilegalmente" podía ser fusilado. El estado de excepción contra el movimiento obrero había sido instalado. La orden que funda ese orden había sido pronunciada. La invitación del preámbulo de la Constitución, a todos los hombres del mundo, quedaba resignificada. 

Por eso, en 1916 Leopoldo Lugones, en sus conferencias en el Teatro Odeón, advierte a la "plebe ultramarina" su carácter extranjero, estructuralmente ajeno, bárbaro y por tanto su incapacidad para el ejercicio de los derechos políticos resguardados para los connacionales. La constitución es releída en clave 4144, ya que no se trata de un compromiso "ante extraños", al tiempo que hace saber cuál debe ser la interpretación adecuada del Martín Fierro. El gaucho es el soporte ontológico de la patria, la esencia del "ser nacional", y sin embargo fue exterminado. Esa "epopeya" le hace entender al extranjero que lee, no confiar en sus propias aptitudes cognitivas. No se trata de "protesta social", de la crítica a la ley de levas, sino de obediencia y sometimiento. Es el momento del consenso, pero basta que se resquebraje para que las clases dominantes entren en pánico, y si sucede –como durante la Semana Trágica o en las masacres de obreros de la Patagonia–, el exterminio resulta inevitable. 

Lugones hablaba en serio, y en El Payador –transcripción de las conferencias a formato libro– lo deja establecido. Esa orden retumba aun hoy. Nos recuerda Giorgio Agamben en ¿Que es una orden?: "No hay origen para una orden porque la orden es el origen o está en el lugar del origen." 

La 4144 no fue ¿abolida? hasta el gobierno de Arturo Frondizi. Dos gobiernos populares, electos por voto mayoritario y plebeyo, no la arrumbaron. John William Cooke, cuando fue diputado del primer peronismo, impulsó su anulación. Obtuvo amplia mayoría en la Cámara Baja, pero fue cajoneada en el Senado. El radicalismo ni siquiera fue capaz de legalizar los sindicatos, el Senado conservador se lo impidió; de modo que Frondizi "actualizó y perfeccionó" la 4144. El estado de excepción ya no era para los trabajadores extranjeros, sino que todos los trabajadores pasaban a serlo mediante el Plan Conintes (conmoción interna del estado). Por decisión presidencial cualquier protesta obrera que implicara una "amenaza" para el orden existente, perdía las garantías constitucionales para ser reglada por tribunales militares. El Cordobazo del '69, mejor dicho, la represión a los dirigentes que lo organizaron, fue realizada mediante la aplicación de ese marco legal. 

La masacre que fundara la "democracia de la derrota", la masacre del '76, amplió las condiciones del estado de excepción. No sólo los trabajadores podían ser pasados por las armas, la posibilidad misma de la oposición –desarmada o armada– se volvía ilegal. Y así lo hicieron saber las FF AA en su acta fundacional. Era la primera vez que un golpe de Estado adquiría desde el vamos ese carácter. 

Leer la tapa de los diarios del año '75, de todos los diarios comerciales, permite constatar una masacre anunciada. Todo lo que sucedió fue anticipado rigurosamente. Nadie lo ignoraba, y la compacta mayoría deseó que sucediera. Una regla de oro de las ciencias sociales permite saber que no se gobierna contra la voluntad de la compacta mayoría. Basta leer la versión original del Nunca Más para comprobarlo. El intento de exculpación es burdo, dos demonios se matan frente a una sociedad aterrada; de modo que salvo los propios demonios nadie es responsable de nada. Esa idea banal ha sido derrotada. Nadie ignora si no quiere que la dictadura militar hubiera sido imposible sin al menos la aquiescencia del bloque de clases dominantes. Por eso, ahora se buscan "los cómplices" civiles. 

En medio de esa búsqueda la crisis global impone su agenda. Bastó que el mamarracho denominado Código Penal fuera sometido a examen, para que Sergio Massa lo pusiera en la picota. Es decir, no bien se propone mediante un acuerdo amplio organizar las bases para orden jurídico elementalmente democrático, el referente discursivo de este grupo de tareas ruge. En ese punto la labilidad del orden político queda al descubierto. Y si bien todas las fuerzas del arco parlamentario respaldaron en teoría ese acuerdo, a la hora de la verdad se hacen los distraídos o directamente aceptan el núcleo duro de la otra propuesta: todos los pobres son potencialmente peligrosos, incluso para los pobres mismos. 

Como las FF AA han sido destruidas en el proceso represivo, como el '76 y Malvinas, fueron su sepulcro histórico, el homicidio con impunidad garantizada pasa a denominarse "justicia por mano propia". La falta de Estado al que hace referencia Massa no es otra cosa que la obsolescencia del brazo armado del Estado. Un conjunto de experiencias piloto en continua reproducción mediática así lo informan. Las consecuencias de la crisis para muchos de sus sufridos protagonistas no pasa por proteger a los más desprotegidos, sino por garantizar las diferencias existentes. La demarcación democrática resulta básica. De un lado los que se proponen matar a los que arrebatan una cartera; del otro, los que no ignoran que robar es un delito que no se resuelve mediante la amenaza permanente de cometer otro mucho más grave. Que la vida es un bien superior a tutelar, y que los bienes personales no se compensan arrebatando la vida de nadie. Del resultado de esta polémica depende el proyecto que se dirima en el 2015.

*Publicado en Tiempo Argentino