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La distribución progresiva del ingreso no es un suceso mágico, ni
una bendición divina. Es un espacio de disputa y ruptura con sujetos
económicos de intereses antagónicos en el cual el Estado, a través de
diversas medidas, orienta el modo de reparto de la riqueza. Existe la
convención política de postular la aspiración colectiva de mejorar la
distribución del ingreso. La expresan representantes sociales y
políticos diversos, y es un anhelo manifestado por sectores acomodados
de clase media y alta. En diálogos habituales en ambientes fraternos, en
análisis periodísticos o en discursos variados aparece la preocupación
por los niveles de pobreza y las condiciones materiales de grupos
sociales vulnerables.
Este acuerdo global en el mundo de los deseos de
igualdad, como en un cuento infantil de buenas intenciones, empieza a
crujir cuando se enfrenta a la cuestión terrenal de concretar en hechos
la mejora en la distribución de la riqueza. Para avanzar en ese sentido,
sectores socioeconómicos ubicados en rangos medios y elevados de
ingresos deben aportar más (impuestos) o recibir proporcionalmente menos
(diferentes mecanismos de transferencias monetarias directas e
indirectas el Estado) en comparación con la población que ocupa la base
de esa pirámide. Aquí es donde emergen las tensiones porque empiezan a
colisionar las frases políticamente correctas de querer un país con
menos pobres, de mayor inclusión social, con la realidad de quienes
deben disminuir un poco sus privilegios en términos relativos para poder
alcanzar el objetivo redistributivo. En esa instancia aparece la
reacción defensiva, protestando por la elevada presión tributaria, la
observación negativa a la moratoria previsional porque beneficia a
personas que no hicieron la totalidad de los aportes correspondientes,
el cuestionamiento a la política de favorecer en una primera etapa el
aumento de las jubilaciones mínimas en comparación con el resto, el
incentivo de las paritarias con negociaciones que mejoraron el salario
en términos reales y otras medidas en esa dirección hasta, finalmente,
la crítica a la Asignación Universal por Hijo porque no fomenta la
cultura del trabajo y, con más furia, la descalificación que dice que
quienes la reciben no son merecedores.
Varias de las tensiones que se están registrando en la economía se
originan en la puja sobre cómo se reparte la riqueza. Es lo habitual en
sociedades que tienen vitalidad. Una diferencia sustancial con respecto a
ciclos políticos anteriores con piquetes y movilización masiva de
trabajadores y desocupados es que en éste la resistencia proviene de
grupos socioeconómicos de ingresos medios y altos. Como se sabe, sólo
afectando algunos privilegios, lo que no implica que no sigan gozando de
muchos (por caso, la renta financiera está exenta del pago del Impuesto
a las Ganancias), se puede avanzar en mejorar la distribución del
ingreso.
La Asignación Universal por Hijo es una de las herramientas más
potentes de redistribución progresiva del ingreso, de achicamiento de la
brecha entre los que más y menos ganan. El último aumento, elevando de
270 a 340 pesos y otras mejoras en el resto de las asignaciones, implicó
una expansión de los recursos destinados al gasto social con un impacto
redistributivo notable: en 2012, el 10 por ciento de los hogares más
rico ganaba 12,6 veces más que el 10 por ciento más pobre. Con los
incrementos anunciados de la AUH, asignaciones familiares y otras
transferencias por 16.803 millones de pesos adicionales, la brecha
disminuirá a 10,7 veces, estimó la Anses.
El especialista en Mercado de Trabajo y Protección Social de la OIT,
Fabio Bertranou, coordinó el documento “Aportes para la construcción de
un piso de protección social en Argentina. El caso de las asignaciones
familiares”, con la colaboración de Roxana Maurizio, Evelyn Vezza y
Claudia Giacometti. Una de las conclusiones de esa investigación es que
el sistema de asignaciones familiares (régimen general y AUH) ha tenido
una importante influencia en la reducción de la indigencia y la pobreza
de niños, niñas y adolescentes en 77 y 29 por ciento, respectivamente.
La relevancia de la AUH queda en evidencia porque con su incorporación
al sistema de asignaciones familiares la indigencia y la pobreza se
reducen en un 65 y 18 por ciento frente a la situación previa. “El
programa consiste en un aporte importante para la construcción de un
piso de protección social”, afirman, para agregar que “sin lugar a
dudas, actualmente el país cuenta con una protección social desarrollada
que ha contribuido en forma sustancial al bienestar de la población”.
El sistema de asignaciones familiares tiene un alcance amplio (AUH,
aporte directo a trabajadores formalizados hasta un tope de ingresos y
desgravación en el pago de Impuesto a las Ganancias para salarios
altos). Un informe de la Anses precisa que el total de personas menores
de 18 años es de 12.460.000, y el 82 por ciento tiene cobertura de
asignaciones familiares. El resto (2.2390.000) no está alcanzado porque
integran familias de autónomos y monotributistas, son hijos de titulares
de pensiones asistenciales y otros casos, como sexto hijo de familia
numerosa, extranjeros con menos de tres años de residencia, argentinos
residentes en el extranjero.
La AUH involucra el 0,6 por ciento del PIB, consolidando varios
programas de transferencias que funcionaban con escasa coordinación. En
comparación con los programas de transferencias condicionadas en otros
países de la región, Argentina es el país que más recursos destina en
relación con su PIB. Ese 0,6 por ciento deja en segundo lugar a Uruguay,
con el 0,5 por ciento, y luego se ubica Brasil, con el 0,4 por ciento.
México invierte 0,2, Perú 0,1 y Chile 0,06 por ciento de sus respectivos
PBI en ese tipo de cobertura social a sectores vulnerables.
El informe de la OIT menciona que la profundización de la protección
social en la Argentina se logró debido a que se establecieron
incompatibilidades en la percepción de más de una prestación,
concentrándose en la AUH por brindar un mayor ingreso monetario. Destaca
que la AUH significa la expansión de derechos para la niñez a los hijos
de desempleados, a los trabajadores del servicio doméstico formal y a
los trabajadores de la economía informal. La investigación de la OIT
destaca que la Asignación Universal por Hijo y las asignaciones
familiares constituyen un componente esencial de la base del sistema de
protección social, precisando los principales programas:
- AUH (3,3 millones de niños, niñas y adolescentes; 1,7 millón de familias titulares de derecho).
- Asignaciones familiares (4,1 millones de niños, niñas y adolescentes).
- Seguro de Capacitación y Empleo (120 mil personas).
- Programa Jóvenes Más y Mejor Trabajo (40 mil).
- Plan de Empleo Comunitario (300 mil).
- Seguro de Desempleo (143.500).
- Programa Repro (el Estado abona parte del salario del trabajador de empresas en crisis).
- Pensiones no contributivas y asistenciales (1,1 millón).
- Jubilaciones por moratoria (2,5 millones).
- Jubilaciones y pensiones (3,4 millones).
- Pensiones no contributivas asistenciales por vejez (65.900).
- Otras iniciativas de apoyo para la generación de ingresos (Plan Nacional “Manos a la Obra y Plan Argentina Trabaja).
Desde mayo de 2011 se dispuso la ampliación de derechos a mujeres
embarazadas para la protección social, sumando en febrero de este año
casi 61 mil.
“Argentina ha ido aumentando, en el tiempo, las capacidades fiscales
para incrementar el gasto público, particularmente el gasto público
social. Tan es así que para el contexto de América latina, junto con
Brasil y Uruguay, el país presenta los mayores indicadores en relación
con su PBI”, subraya Bertranou. Ese aumento tuvo su origen en la
eliminación del negocio financiero especulativo de las AFJP y la
recuperación del sistema previsional a manos del Estado, que permitieron
una mejora sustancial del financiamiento de la seguridad social.
El documento de la OIT concluye con la necesidad de construir una
mayor institucionalidad en la protección social, por ejemplo con una ley
de la AUH, para que los programas sean una política de Estado. De esa
manera, la protección social no sólo atenderá los objetivos de corto
plazo (reducir la pobreza y la indigencia) sino que institucionalizará
el objetivo de largo de la inclusión, rompiendo con la transmisión
intergeneracional de la pobreza.
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