Tal y como ha explicado detalladamente el ex Relator de NNUU
sobre el Derecho a la alimentación y catedrático de la Universidad de
Ginebra, Jean Ziegler, cada cinco segundos, un niño menor de diez años
muere de hambre o por sus secuelas inmediatas. Cada cuatro minutos,
alguien pierde la vista debido a la falta de vitamina A. Hay casi 1.000
millones de seres humanos gravemente infra alimentados, mutilados por el
hambre permanente. Y esto ocurre en un planeta que rebosa de riquezas.
Los estudios de las Naciones Unidas (FAO) constata que en el estado
actual de desarrollo de las fuerzas agrícolas de producción, el planeta
podría alimentar sin problemas a 12.000 millones de seres humanos, es
decir, el doble de la población mundial actual.
”Esta masacre cotidiana por el hambre no obedece a ninguna fatalidad.
Detrás de cada víctima hay un asesino. El orden mundial actual no sólo
es mortífero, además es absurdo. La masacre está instalada en una
normalidad inmóvil. La ecuación es simple: quien tiene dinero come y
vive. Quién no lo tiene sufre, se convierte en un inválido o muere. No
existe la fatalidad. Cualquier muerte por hambre es un asesinato.”
(J.Ziegler)
En España, hemos pasado de considerarnos entre las ocho principales
economías mundiales y pelear asiento en el G-7, a ser el país de la UE
con mayor numero de parados –casi seis millones- y de pobres: doce
millones y medio en 2011 (Caritas), de ellos al menos dos millones y
medio son menores.
Y si a diario este sistema capitalista de libre mercado en que
vivimos viola impunemente el mas sagrado de los derechos de las personas
– el derecho a la vida y la integridad personal- , que no ocurrirá con
el resto de los derechos económicos y sociales, cuyo incumplimiento
también mata, pero más lentamente, mas alevosamente: el derecho al
trabajo, a la vivienda, a la seguridad social, a la sanidad, la
educación, a disfrutar de un medio ambiente saludable y adecuado..etc.
Todos ellos son derechos incumplidos, restringidos, suspendidos o
eliminados.
La impunidad se define según NNUU como “la inexistencia, de hecho o
de derecho, de responsabilidad penal por parte de los autores de
violaciones, así como de responsabilidad civil, administrativa o
disciplinaria, porque escapan a toda investigación con miras a su
inculpación, detención, procesamiento y, en caso de ser reconocidos
culpables, condena a penas apropiadas, incluso la indemnización del daño
causado a sus víctimas”.
La impunidad es incompatible con el disfrute de los derechos humanos,
la paz, la democratización y la consolidación de un auténtico Estado de
Derecho y menos aun de un Estado Social. Tradicionalmente la impunidad
se ha manifestado vinculada a graves violaciones de los derechos civiles
y políticos, crímenes contra la humanidad que difícilmente podían pasar
desapercibidos. Pero la Impunidad alcanza igual de gravemente al
disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales, no siendo
perseguidas jamás las violaciones de estos derechos. La globalización de
los mercados –incluido el de la comunicación- nos muestra la cotidiana
negación de los derechos económicos y sociales y sus consecuencias -el
hambre- como algo consustancial al sistema, que afecta a determinadas
minorías de “perdedores” que no han sabido adaptarse a un mundo cada vez
mas desregulado.
La Constitución Española de 1978 no incluye ninguno de los derechos
económicos y sociales básicos para el disfrute efectivo de un desarrollo
integral como persona y de una vida digna, entre aquellos susceptibles
de ser reclamados mediante recurso de amparo constitucional. Así, la CE
se desarma permitiendo en la practica la impunidad, no solo en materia
de crímenes de lesa humanidad -crímenes del franquismo- sino también
respecto al inmenso crimen contra toda la sociedad que constituye el
sistemático incumplimiento de los derechos económicos y sociales sobre
los que se asienta el contrato social sustento de los estados
democráticos
Ello no significa que no exista una obligación legal que afecta a
todas las personas, físicas, jurídicas o administraciones publicas, de
respetar, cumplir, garantizar y no impedir el disfrute de los derechos
económicos y sociales fundamentales. Aunque nuestra Constitución y el
desarrollo legislativo de ella derivado lo haya ignorado con mayor o
menor intensidad, los Tratados internacionales suscritos por España se
sitúan en el vértice superior del sistema normativo interno, por expreso
mandato constitucional precisamente.
Desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos hasta la
reciente proclamación por la Asamblea General de las Naciones Unidas del
Derecho a la Alimentación, pasando por el Pacto Internacional de
Derechos económicos y Sociales, en el Derecho Internacional vigente no
hay duda de la obligación legal de los estados y agentes no estatales de
garantizar y de no impedir el pleno disfrute de todos los derechos
económicos y sociales básicos.
En España se asentó hace ya lustros la “cultura de la impunidad”, y
ello a pesar de existir un Poder Judicial que ejerce como tal y un largo
brazo persecutor en manos de todos los gobiernos, la Fiscalia.
Es una lección histórica que en aquellos países que, habiendo sido
victimas de crímenes contra la humanidad estos han quedado impunes, a
continuación el fenómeno de la corrupción ha arraigado tan fuerte en la
sociedad que, junto a su aliado natural la economía especulativa, han
podido perpetrar el saqueo de la población y de las instituciones,
provocando el hundimiento de la economía del país y el consecuente serio
deterioro institucional y de la democracia.
Y también es regla cada vez mas general que sin acabar previamente
con la impunidad de los graves crímenes de exterminio del adversario
político, no hay forma eficaz de acabar con la impunidad de los
posteriores crímenes contra la sociedad cometidos por quienes pueden
hacerlo, quienes poseen el poder económico y político. Hablamos de
defraudaciones masivas, estafas hipotecarias múltiples, usurpación del
patrimonio publico mediante privatizaciones , fraudes masivos y
millonarios a consumidores y usuarios, usurpación de recursos públicos,
prácticas contratistas mafiosas, deuda publica injustificable,
mercantilización de derechos sociales etc.
Así ocurrió en Argentina a final del Siglo XX, donde la impunidad de
los crímenes de la Dictadura que acabo en 1983 provoco el hundimiento
económico, social y político del país, -que llegó a investir Presidentes
por semanas- a través de la corrupción, la entrega masiva de los
recursos públicos al sector privado y el fraude bancario, todo ello
ocurrido ya en democracia. Fueron las leyes contra la impunidad de mitad
de la pasada década, respecto a crímenes contra la humanidad, y también
respecto a crímenes contra la sociedad, las que permitieron a Argentina
arrinconar al viejo régimen y poner en marcha un nuevo proyecto de
país.
España, siempre a un ritmo mas lento, viene repitiendo de forma
temeraria todos los errores que no hace tanto se cometieron en Argentina
y tantos otros lugares, y no porque quienes nos gobiernas sean
ignorantes, sino porque son los principales beneficiados por la
impunidad. La impunidad es la de aquellos que cometieron crímenes contra
la humanidad para exterminar a sus adversarios políticos, y después
asentaron el actual marco constitucional. Es la Impunidad de sus hijos,
que posteriormente, educados en la cultura de la impunidad en la que
crecieron y convencidos de que los poderosos son intocables, cambiaron
el Ejercito y la Administración por los MBA, los bancos y las empresas
constructoras. Y así vienen perpetrando el grave crimen social que
llevamos padeciendo cinco años, sin perspectiva clara de que vaya a
dejar de cometerse.
En este contexto y con esta perspectiva, es de agradecer que los
jornaleros del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), con su mediática
incursión en un par de supermercados, nos hayan recordado que en España
y en Andalucía se esta pasando hambre, y que las causas son conocidas. Y
es de agradecer que lo hayan hecho a la vez que se ha dado a conocer la
ultima Memoria de la Administración Tributaria donde se indica que el
80% de lo recaudado en impuesto sobre la renta en este país procede de
los ingresos de los trabajadores, que declaran de media ingresos de
20.000.- € año, mientras que la medida de ingresos declarada por
profesionales y empresarios son 8.000.- € año.
Con el Código Penal en la mano, la incursión del SAT puede llegar a
constituir un delito, y este si, no quedará en la impunidad. Esperemos
que una buena defensa jurídica pueda conseguir penas leves o
absoluciones. Respecto a las inconmensurables cifras del fraude fiscal
es obvio, no hay duda, de que estamos ante un gravísimo delito, uno mas,
un robo multimillonario a toda la sociedad, respecto al cual – como
respecto a los demás crímenes sociales que se cometen a diario- ni el
Ministerio de Interior, ni el de Justicia, ni la Fiscalia, consideran
necesario abrir diligencias de investigación en Agosto. De momento, este
crimen esta impune. Para el Gobierno, la incursión del SAT en Marcadona
si amerita la apertura de diligencias urgentes.
La deslegitimación del Gobierno y del Estado para dar lecciones de
ética jurídica, sobre robos y otros latrocinios mas sofisticados y
masivos, es evidente. Y esto debería preocupar a cualquier gobierno que
se hiciera llamar democrático, esa deslegitimación de unas instituciones
rebosadas por la impunidad de los poderosos.
Izquierda Unida no ha aprobado ninguna campaña de expropiaciones de
alimentos en supermercados, por lo que no es jurídicamente responsable
de los hechos sucedidos estos días en Andalucía. Pero Izquierda Unida si
es consciente responsable, políticamente hablando, de esos hechos,
porque son evidente consecuencia del discurso que esa fuerza política
viene manteniendo desde hace años, mas claramente si cabe desde el
agravamiento de la actual “crisis”. Izquierda Unida acordó en su ultimo
Consejo Político Federal adentrarse en la vía de la desobediencia civil,
no para generar el caos, sino todo lo contrario, precisamente para
contribuir a atajar el caos provocado por la desregulación sistemática
de derechos. Para frenar y confrontar eficazmente el actual
desmantelamiento de los pilares del estado social y de la democracia que
se está llevando a cabo impunemente.
Ante unas instituciones que se amparan en la supuesta falta de
capacidad del estado para acabar con los crímenes sociales masivos que
estamos padeciendo, los ciudadanos tienen derecho a anteponer y crear
otra institucionalidad que salvaguarde el estado social y de derecho. ¿O
acaso alguien en su sano juicio esta dispuesto a que le usurpen el
patrimonio vital que ha conseguido para sí y para sus descendientes, con
la excusa de la imprescindible utilización de los derechos sociales
como combustible de la economía?. El Estado cada día tiene menos
legitimación para exigir el cumplimiento de los códigos de convivencia
cuando estos fueron hechos añicos hace tiempo por mercados,
transnacionales y bancos. Ellos rompieron las reglas del juego, no los
jornaleros del SAT
Es evidente que Izquierda Unida va a apoyar y defender políticamente
al SAT y a cualquier otro colectivo que ponga en evidencia la privación
de derechos fundamentales de las personas y trabaje para garantizar los
derechos vulnerados, recordándonos así que la Constitución en vigor
establece que la propiedad privada siempre estará sometida al interés
general. A finales del 2012, en España no es creíble presentar como un
atentado contra la convivencia y el orden constitucional llevarse unos
carros con alimentos básicos de unos supermercados, propiedad de
empresas con millonarios beneficios, para entregárselo a familias con
graves necesidades sociales.
Si el Gobierno quiere seguir por el camino de la criminalizaciòn
ejemplarizante de estas actuaciones de desobediencia civil, se
equivocara, y probablemente acabara teniendo que hacer frente a mayor,
si cabe, conflictividad social. El pueblo español ha sabido perdonar los
crímenes padecidos en el pasado, si ello era en aras de un futuro en
paz, libertad y con bienestar. Pero ni este ni ningún pueblo permite ni
perdona los graves y masivos crímenes sobre sus hijos que hoy se están
cometiendo impunemente y, al menos, con la pasividad de los gobernantes.
La obligación de cualquier gobierno es combatir eficazmente la
Impunidad, toda la impunidad.
*Publicado en Telesurtv.net
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