Entre otros cambios de paradigmas de esta
etapa argentina, está la recuperación de nuestra dimensión
latinoamericana, o, si algunos prefieren, sudamericana. La ampliación
del Mercosur como factor de integración básicamente aduanera, las
cumbres de Unasur como decisor político, la negativa al ALCA, el Banco
del Sur y el Consejo de Defensa Regional, la coordinación entre sus
Bancos Centrales, la creación de una unidad de valor que rija el
intercambio regional con prescindencia del dólar, enmarcan un proceso de
persistente emancipación respecto del tutelaje económico y político al
que fuimos históricamente sometidos. No sólo por parte de los EE UU,
sino también de los conglomerados trasnacionales económicos y
financieros. Siempre de la mano de gobiernos serviles, o cuanto menos
débiles, y de conocidas oligarquías internas.
Al calor de estas políticas comunes para alcanzar la recuperación de la propiedad pública de los recursos naturales y energéticos, o la integración en infraestructura, o la conectividad para el desarrollo, surge la necesidad de consolidar el proceso desde lo institucional. Se trata de batallas muy duras, de una dureza proporcional a la magnitud de los intereses afectados. Cuando se trata de romper una estructura histórica de concentración y desigualdad, para remplazarla por una nueva matriz igualitaria en los campos de la inversión, la producción, la comercialización y la distribución de las riquezas y los ingresos, lo que se disputa es, sencillamente, el poder.
Hoy no parece haber condiciones en el mundo para remplazar el capitalismo por el marxismo, ya sea desde su versión ortodoxa, como de sus adecuaciones sobrevinientes. Pero sí de denunciar los límites, trampas y contradicciones de la “globalización”. Sus injusticias, las heridas al medioambiente, la concentración morbosa de la riqueza, el empobrecimiento masivo. Y, finalmente, la reciente crisis ¿financiera? que azota a las zonas más desarrolladas. Lo que sí parece viable –y necesario– es profundizar la regulación de los mercados que marca el presente de muchos de los gobiernos sudamericanos, a partir de su compromiso con los sectores históricamente más desprotegidos.
Políticas que han ampliado cuantitativa y cualitativamente el universo de los sujetos involucrados en los procesos de cambio. No sólo desde su simple adhesión, sino desde su militancia, desde la organización social y sus crecientes responsabilidades de gobierno. Cuando una etapa incorpora más sujetos, cuando esos sujetos discuten más temas, y cuando esos temas son cada vez más importantes, estamos ante la ampliación de la Democracia. Es decir, el proceso sudamericano está incorporando la dimensión social, a la noción clásica de la democracia política. Tomemos como ejemplo a la Argentina. Si trazamos una línea de tiempo de nuestro proceso político a partir de 1983, veremos que se han seguido todos los pasos institucionales. Tanto en la entrega anticipada de Alfonsín a Menem, como las sucesiones de De La Rúa y Duhalde, se cumplió lo ordenado por la Constitución. Ahora bien, si trazáramos en paralelo otra línea de tiempo del proceso socioeconómico, veremos que, mientras se cumplía formalmente la ley, cuestiones fundamentales como el endeudamiento, la desocupación y la pobreza, sufrieron caídas estructurales. Esto indica que, sin perjuicio de la importancia de la democracia política, esta no asegura per se la prosperidad ni la igualdad, sino que, inclusive, puede deteriorarlas drásticamente. Es decir, está pendiente completar la democracia política con la democracia económica y social. No hay verdadera democracia cuando el pueblo vota, sino cuando el pueblo decide. Y, en etapas como el actual proceso sudamericano, son los liderazgos fuertes y una militancia muy comprometida los que garantizan ese camino a la igualdad, la integración y el desarrollo, mucho más de lo que lo ha hecho el mero cumplimiento formal de las instituciones demoliberales, a lo que tantos formadores de opinión asocian con la “calidad institucional”.
Dos ejemplos más para convalidar este juicio. Primero, el reciente golpe que derrocó al presidente de Paraguay, Fernando Lugo, dado precisamente por el Parlamento. El segundo, cuando la Asamblea constituyente de Bolivia no aprobó prohibir los latifundios mayores a 5000 hectáreas, y, sin embargo, ese mismo artículo, sometido a plebiscito, fue apoyado por más del 80% de la población. Esto explica cómo en nuestros países se ha renovado parcialmente la democracia, mucho más a nivel de los liderazgos y la militancia, propios de la democracia social y participativa, que de los parlamentos –legado principal del sistema meramente representativo– que en estos casos expresan más los intereses de la corporación política que la voluntad del pueblo.
Esto de ninguna manera desprecia los contenidos más profundos del concepto “república”, en la medida que demuestra su compromiso absoluto con lo público. Nunca como ahora se han respetado los grandes ejes de lo público como la libertad de reunión, la libertad de expresión llevada a niveles de agravio a la autoridad nunca antes vistos, la libertad para decidir la orientación sexual y las iniciativas de género, la condena a las violaciones de los Derechos Humanos, la simplificación del matrimonio, la adopción y el divorcio en el nuevo Código Civil, el acceso igualitario a Internet para los estudiantes primarios y secundarios, el ingreso a la Universidad Pública de miles de estudiantes de familias humildes del Conurbano, y tantos otros. A diferencia de los procesos de ajuste, que propicia el liberalismo económico a partir del autoritarismo político –ya sea por vía de la represión o de la despolitización– este proceso histórico recupera la capacidad de intervención estatal –es decir de la sociedad– en la economía, mientras garantiza todas las libertades civiles y políticas.
Creo haber enunciado algunos ejes que justifican el cambio de etapa. Y, con ese cambio de etapa, la necesidad de su institucionalización, de elevar a rango constitucional los nuevos derechos, de modo de, por un lado, dificultar su reversibilidad, y, por otro, acercarlos al plano de los derechos adquiridos por el pueblo, de modo que la sociedad –incluso el poder– los internalicen de modo definitivo. Podría graficarlo diciendo que, en otras épocas que jamás deben volver, el pueblo soportó bombardeos, golpes, proscripciones, y hasta un genocidio. Pero el poder no pudo arrebatarle el aguinaldo.
Todo esto justifica, por sí mismo, la oportunidad de una reforma constitucional. Pasar de un sistema constitucional que gira en torno de la propiedad privada a poner como eje el valor de la igualdad y los derechos sociales. Pasar del concepto clásico de Estado de Derecho al paradigma sudamericano de nuestros tiempos, el Estado Social de Derechos. Atender, como pilares de una nueva norma fundamental, a las instituciones del Poder Popular y de la Economía Social y Solidaria.
Así, la nueva Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia establece en su preámbulo un Estado “donde predomine la búsqueda del vivir bien”, “inspirado en las luchas del pasado, la sublevación indígena anticolonial, la independencia, las luchas populares de liberación, las marchas indígenas, sociales y sindicales, las guerras del agua y de octubre, las luchas por la tierra y el territorio, y con la memoria de sus mártires”. Y consagra instituciones del poder popular como la “democracia comunitaria”, la “participación de la población organizada en la toma de decisiones”, “la educación descolonizadora”, “la acción popular”, “la iniciativa ciudadana” para confeccionar leyes, la elección popular de los magistrados y del Consejo de la Magistratura y la “sencillez administrativa”. E instituciones de la Economía Social y Solidaria como el “sistema único de salud gratuito, intracultural e intercultural” y “la producción de medicamentos genéricos”, “las formas comunitarias de propiedad y de producción” y la “función social de la propiedad”, cuyo uso no puede ser nunca “perjudicial al interés colectivo”, y donde “todas las formas de organización económica tienen la obligación de generar trabajo, reducir desigualdades y erradicar la pobreza”. “El Estado fomentará las entidades financieras no bancarias con fines de inversión socialmente productiva”, los recursos naturales son de propiedad directa, indivisible e imprescriptible del pueblo y no pueden inscribirse en los mercados de valores ni utilizarse para operaciones financieras, y el incumplimiento de la función social de la tierra privada la devuelve al pueblo.
En el mismo sentido, la Constitución de Ecuador de 2008 comienza con un “nosotros y nosotras”, apelando a la sabiduría de todas las culturas, como herederos de las luchas sociales de liberación frente a toda forma de dominación y colonialismo, con la decisión de construir la convivencia en armonía con la naturaleza para alcanzar el “buen vivir”. Consagra como “derechos de la naturaleza”, aquellos que no son de las personas sino de la madre tierra. Le dedica especial atención a la función de Rehabilitación Social del Sistema Carcelario. Y establece el “sistema económico social y solidario”, y da tratamiento preferencial al “sector popular y solidario” del sistema financiero.
Así también podríamos analizar el Proyecto de Reforma Constitucional de Venezuela de 2007, que, entre otras cosas, garantiza diferentes formas de propiedad –pública, social, colectiva y mixta– además de la clásica propiedad privada del modelo liberal. Y los proyectos de reforma constitucional, que, entre otros, reconocen el “derecho a la felicidad”. En definitiva, hay razones políticas, clima de época y antecedentes en la región, que justifican avanzar hacia una Constitución basada en los derechos sociales, la organización del poder popular y la economía social y solidaria, como alternativa a la presente crisis del capitalismo, y sus desgastadas fórmulas de ajuste.
Al calor de estas políticas comunes para alcanzar la recuperación de la propiedad pública de los recursos naturales y energéticos, o la integración en infraestructura, o la conectividad para el desarrollo, surge la necesidad de consolidar el proceso desde lo institucional. Se trata de batallas muy duras, de una dureza proporcional a la magnitud de los intereses afectados. Cuando se trata de romper una estructura histórica de concentración y desigualdad, para remplazarla por una nueva matriz igualitaria en los campos de la inversión, la producción, la comercialización y la distribución de las riquezas y los ingresos, lo que se disputa es, sencillamente, el poder.
Hoy no parece haber condiciones en el mundo para remplazar el capitalismo por el marxismo, ya sea desde su versión ortodoxa, como de sus adecuaciones sobrevinientes. Pero sí de denunciar los límites, trampas y contradicciones de la “globalización”. Sus injusticias, las heridas al medioambiente, la concentración morbosa de la riqueza, el empobrecimiento masivo. Y, finalmente, la reciente crisis ¿financiera? que azota a las zonas más desarrolladas. Lo que sí parece viable –y necesario– es profundizar la regulación de los mercados que marca el presente de muchos de los gobiernos sudamericanos, a partir de su compromiso con los sectores históricamente más desprotegidos.
Políticas que han ampliado cuantitativa y cualitativamente el universo de los sujetos involucrados en los procesos de cambio. No sólo desde su simple adhesión, sino desde su militancia, desde la organización social y sus crecientes responsabilidades de gobierno. Cuando una etapa incorpora más sujetos, cuando esos sujetos discuten más temas, y cuando esos temas son cada vez más importantes, estamos ante la ampliación de la Democracia. Es decir, el proceso sudamericano está incorporando la dimensión social, a la noción clásica de la democracia política. Tomemos como ejemplo a la Argentina. Si trazamos una línea de tiempo de nuestro proceso político a partir de 1983, veremos que se han seguido todos los pasos institucionales. Tanto en la entrega anticipada de Alfonsín a Menem, como las sucesiones de De La Rúa y Duhalde, se cumplió lo ordenado por la Constitución. Ahora bien, si trazáramos en paralelo otra línea de tiempo del proceso socioeconómico, veremos que, mientras se cumplía formalmente la ley, cuestiones fundamentales como el endeudamiento, la desocupación y la pobreza, sufrieron caídas estructurales. Esto indica que, sin perjuicio de la importancia de la democracia política, esta no asegura per se la prosperidad ni la igualdad, sino que, inclusive, puede deteriorarlas drásticamente. Es decir, está pendiente completar la democracia política con la democracia económica y social. No hay verdadera democracia cuando el pueblo vota, sino cuando el pueblo decide. Y, en etapas como el actual proceso sudamericano, son los liderazgos fuertes y una militancia muy comprometida los que garantizan ese camino a la igualdad, la integración y el desarrollo, mucho más de lo que lo ha hecho el mero cumplimiento formal de las instituciones demoliberales, a lo que tantos formadores de opinión asocian con la “calidad institucional”.
Dos ejemplos más para convalidar este juicio. Primero, el reciente golpe que derrocó al presidente de Paraguay, Fernando Lugo, dado precisamente por el Parlamento. El segundo, cuando la Asamblea constituyente de Bolivia no aprobó prohibir los latifundios mayores a 5000 hectáreas, y, sin embargo, ese mismo artículo, sometido a plebiscito, fue apoyado por más del 80% de la población. Esto explica cómo en nuestros países se ha renovado parcialmente la democracia, mucho más a nivel de los liderazgos y la militancia, propios de la democracia social y participativa, que de los parlamentos –legado principal del sistema meramente representativo– que en estos casos expresan más los intereses de la corporación política que la voluntad del pueblo.
Esto de ninguna manera desprecia los contenidos más profundos del concepto “república”, en la medida que demuestra su compromiso absoluto con lo público. Nunca como ahora se han respetado los grandes ejes de lo público como la libertad de reunión, la libertad de expresión llevada a niveles de agravio a la autoridad nunca antes vistos, la libertad para decidir la orientación sexual y las iniciativas de género, la condena a las violaciones de los Derechos Humanos, la simplificación del matrimonio, la adopción y el divorcio en el nuevo Código Civil, el acceso igualitario a Internet para los estudiantes primarios y secundarios, el ingreso a la Universidad Pública de miles de estudiantes de familias humildes del Conurbano, y tantos otros. A diferencia de los procesos de ajuste, que propicia el liberalismo económico a partir del autoritarismo político –ya sea por vía de la represión o de la despolitización– este proceso histórico recupera la capacidad de intervención estatal –es decir de la sociedad– en la economía, mientras garantiza todas las libertades civiles y políticas.
Creo haber enunciado algunos ejes que justifican el cambio de etapa. Y, con ese cambio de etapa, la necesidad de su institucionalización, de elevar a rango constitucional los nuevos derechos, de modo de, por un lado, dificultar su reversibilidad, y, por otro, acercarlos al plano de los derechos adquiridos por el pueblo, de modo que la sociedad –incluso el poder– los internalicen de modo definitivo. Podría graficarlo diciendo que, en otras épocas que jamás deben volver, el pueblo soportó bombardeos, golpes, proscripciones, y hasta un genocidio. Pero el poder no pudo arrebatarle el aguinaldo.
Todo esto justifica, por sí mismo, la oportunidad de una reforma constitucional. Pasar de un sistema constitucional que gira en torno de la propiedad privada a poner como eje el valor de la igualdad y los derechos sociales. Pasar del concepto clásico de Estado de Derecho al paradigma sudamericano de nuestros tiempos, el Estado Social de Derechos. Atender, como pilares de una nueva norma fundamental, a las instituciones del Poder Popular y de la Economía Social y Solidaria.
Así, la nueva Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia establece en su preámbulo un Estado “donde predomine la búsqueda del vivir bien”, “inspirado en las luchas del pasado, la sublevación indígena anticolonial, la independencia, las luchas populares de liberación, las marchas indígenas, sociales y sindicales, las guerras del agua y de octubre, las luchas por la tierra y el territorio, y con la memoria de sus mártires”. Y consagra instituciones del poder popular como la “democracia comunitaria”, la “participación de la población organizada en la toma de decisiones”, “la educación descolonizadora”, “la acción popular”, “la iniciativa ciudadana” para confeccionar leyes, la elección popular de los magistrados y del Consejo de la Magistratura y la “sencillez administrativa”. E instituciones de la Economía Social y Solidaria como el “sistema único de salud gratuito, intracultural e intercultural” y “la producción de medicamentos genéricos”, “las formas comunitarias de propiedad y de producción” y la “función social de la propiedad”, cuyo uso no puede ser nunca “perjudicial al interés colectivo”, y donde “todas las formas de organización económica tienen la obligación de generar trabajo, reducir desigualdades y erradicar la pobreza”. “El Estado fomentará las entidades financieras no bancarias con fines de inversión socialmente productiva”, los recursos naturales son de propiedad directa, indivisible e imprescriptible del pueblo y no pueden inscribirse en los mercados de valores ni utilizarse para operaciones financieras, y el incumplimiento de la función social de la tierra privada la devuelve al pueblo.
En el mismo sentido, la Constitución de Ecuador de 2008 comienza con un “nosotros y nosotras”, apelando a la sabiduría de todas las culturas, como herederos de las luchas sociales de liberación frente a toda forma de dominación y colonialismo, con la decisión de construir la convivencia en armonía con la naturaleza para alcanzar el “buen vivir”. Consagra como “derechos de la naturaleza”, aquellos que no son de las personas sino de la madre tierra. Le dedica especial atención a la función de Rehabilitación Social del Sistema Carcelario. Y establece el “sistema económico social y solidario”, y da tratamiento preferencial al “sector popular y solidario” del sistema financiero.
Así también podríamos analizar el Proyecto de Reforma Constitucional de Venezuela de 2007, que, entre otras cosas, garantiza diferentes formas de propiedad –pública, social, colectiva y mixta– además de la clásica propiedad privada del modelo liberal. Y los proyectos de reforma constitucional, que, entre otros, reconocen el “derecho a la felicidad”. En definitiva, hay razones políticas, clima de época y antecedentes en la región, que justifican avanzar hacia una Constitución basada en los derechos sociales, la organización del poder popular y la economía social y solidaria, como alternativa a la presente crisis del capitalismo, y sus desgastadas fórmulas de ajuste.
*Publicado en Tiempo Argentino
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