El
modo en que los grandes medios de comunicación trataron dos
acontecimientos de las últimas semanas –el Foro Económico Mundial de
Davos y el Foro Social Temático de Porto Alegre– es revelador de los
intereses que hoy controlan a la opinión pública mundial.
El primero
mereció atención, pese a que nada nuevo se discutió allí: sólo análisis
gastados sobre la crisis europea y la misma insistencia en rumiar sobre
los síntomas de la crisis, ocultando sus verdaderas causas. El segundo
fue completamente omitido, pese a que se discutieron los problemas que
condicionan en forma decisiva nuestro futuro: el cambio climático; el
acceso al agua; la calidad y la cantidad de los alimentos disponibles
ante las plagas del hambre y la desnutrición; la justicia ambiental; los
bienes comunes de la humanidad y la validez de los conocimientos
populares, no eurocéntricos, en la búsqueda de justicia ambiental. La
selectividad de los medios muestra con claridad los riesgos que corremos
cuando la opinión pública se reduce a la opinión que se publica.
El Foro de Porto Alegre se propuso discutir Río+20, es decir, la
Conferencia de la ONU sobre desarrollo sustentable que se realizará en
junio en Río de Janeiro, veinte años después de la primera Conferencia
de la ONU sobre el tema, también realizada en Río, una conferencia
pionera en alertar sobre los problemas ambientales que enfrentamos y
sobre las nuevas dimensiones de injusticia social que acarrean. Los
debates tuvieron dos vertientes principales. Por un lado, el análisis
crítico de los últimos veinte años y de los documentos preparatorios de
la conferencia. Por otro lado, la discusión de las propuestas que se
presentarán en la Cumbre de los Pueblos, una conferencia de
organizaciones de la sociedad civil que se realiza en paralelo a la
Conferencia Intergubernamental de la ONU.
- Río+20: las críticas. Hace veinte años, la ONU
tuvo un rol importante al alertar sobre los peligros que corre la vida
humana y no humana si el mito del crecimiento económico indefinido
continúa dominando las políticas económicas y si el consumismo
irresponsable no es controlado: el planeta es finito, los ciclos vitales
de reposición de los recursos naturales están siendo destruidos y la
naturaleza “se vengará” con cambios climáticos que pronto serán
irreversibles y afectarán de modo especial a los más pobres, añadiendo
nuevas dimensiones de injusticia social a las muchas que ya existen. Los
Estados parecieron tomar nota de estas advertencias y se realizaron
muchas promesas bajo la forma de convenios y protocolos. Las
multinacionales, grandes agentes de la degradación ambiental, parecían
haber quedado bajo vigilancia.
Lamentablemente, ese momento de reflexión y esperanza pronto se
desvaneció. El resultado se refleja en los documentos preparados por la
ONU para la Conferencia Río+20. Allí se recopila información importante
sobre las innovaciones en cuidado ambiental, pero las propuestas que se
formulan –resumidas en el concepto de “economía verde”— son
escandalosamente ineficaces y hasta contraproducentes: convencer a los
mercados (siempre libres, sin restricciones) sobre las oportunidades de
lucro que ofrece invertir en el medio ambiente, calculando los costos
ambientales (externalidades) y atribuyendo valor mercantil a la
naturaleza. En el mundo de fantasía donde se mueven estos documentos,
las “fallas del mercado” se deben sólo a la falta de información y, una
vez que sea superada, no faltarán inversiones e innovaciones “verdes”.
Es decir, no hay otra manera de relacionarnos entre los seres humanos y
con la naturaleza que no sea a través del mercado y la búsqueda del
lucro individual. Una orgía neoliberal que, partiendo del Norte, ahora
parece propagarse a los países emergentes.
- Cumbre de los Pueblos: las propuestas.
Paralelamente a la Conferencia de la ONU, la sociedad civil organiza en
Río la Cumbre de los Pueblos y es ahí donde podemos depositar alguna
esperanza. Los debates preparatorios en Porto Alegre permitieron
vislumbrar las líneas fuertes de las alternativas que se presentarán y
sobre las que habrá que presionar para que entren en las agendas
políticas nacionales e internacionales.
Primero, la centralidad y la defensa de los bienes comunes de la
humanidad como respuesta a la mercantilización, privatización y
financierización de la vida, implícita en el concepto de “economía
verde”. Los bienes comunes de la humanidad son bienes producidos por la
naturaleza o por los grupos humanos, a nivel local, nacional o global,
que deben ser de propiedad colectiva, a diferencia de lo privado y lo
público (estatal), aunque le compete al Estado cooperar en la protección
de los bienes comunes. La primera mujer en ganar el Premio Nobel de
Economía, Elinor Ostrom, ha dedicado toda su obra al análisis de la
diversidad de medios de gestión de los bienes comunes, siempre
salvaguardando el principio de que el derecho a estos bienes es igual
para todos. Los bienes comunes son el contrapunto del desarrollo
capitalista y no sólo su anexo, como ocurre con el concepto de
“sustentabilidad”. Y más allá del uso individual de los bienes comunes,
teorizado por Ostrom, hay que tener en cuenta los usos colectivos de las
comunidades indígenas y campesinas. Entre los bienes comunes están el
aire y la atmósfera, el agua, los acuíferos, ríos, océanos, lagos, las
tierras comunales o ancestrales, las semillas, la biodiversidad, los
parques y las plazas, el lenguaje, el paisaje, la memoria, el
conocimiento, el calendario, Internet, HTML, los productos distribuidos
con licencia libre, Wikipedia, la información genética, las zonas
digitales libres, etc. Los bienes comunes presuponen derechos comunes y
derechos individuales de uso temporal. Algunos de estos bienes pueden
exigir o tolerar algunas restricciones al uso común e igualitario, pero
deben ser excepcionales y también temporales. El agua comienza a ser
vista como el bien común por excelencia, y las luchas contra su
privatización en varios países son las que han tenido más éxito, sobre
todo cuando se combinan luchas campesinas con luchas urbanas.
Segundo, el pasaje gradual de una civilización antropocéntrica a una
civilización biocéntrica, lo que implica reconocer los derechos de la
naturaleza; redefinir el buen vivir y la prosperidad de modo que no
dependan del crecimiento infinito; promover energías verdaderamente
renovables (no incluyen a los agrocombustibles) que no impliquen el
desalojo de campesinos e indígenas de sus territorios; diseñar políticas
de transición para los países cuyos presupuestos dependen excesivamente
de la extracción de materias primas, ya sean minerales, petróleo o
productos agrícolas de monocultivo, con precios controlados por las
grandes empresas monopólicas del Norte.
Tercero, defender la soberanía alimentaria, el principio de que, en
la medida de lo posible, cada comunidad debe tener control sobre los
bienes alimentarios que produce y consume, acercando a consumidores y
productores, defendiendo la agricultura campesina, promoviendo la
agricultura urbana, de tiempos libres, prohibiendo la especulación
financiera con productos alimentarios. La soberanía alimentaria, junto
con la idea de los bienes comunes, exige la prohibición de la compra
masiva de tierras (sobre todo en Africa) por parte de países extranjeros
(China, Japón, Arabia Saudita, Kuwait) o multinacionales (el proyecto
de la surcoreana Daewoo de comprar 1,3 millón de hectáreas en
Madagascar), en busca de reservas alimentarias.
Cuarto, un vasto programa de consumo responsable que incluya una
nueva ética del cuidado y una nueva educación para el cuidado y el
compartir: la responsabilidad ante los que no tienen acceso a un consumo
mínimo para garantizar la supervivencia; la lucha contra la
obsolescencia artificial de los productos; la preferencia por los
productos producidos por las economías sociales y solidarias basadas en
el trabajo y no en el capital, en el florecimiento personal y colectivo y
no en la acumulación infinita; la preferencia por consumos colectivos y
compartidos siempre que sea posible; mayor conocimiento sobre los
procesos de producción de los productos de consumo, para que se pueda
rechazar el consumo de productos realizados a costa del trabajo esclavo,
la expulsión de campesinos e indígenas, la contaminación de aguas, la
destrucción de sitios sagrados, la guerra civil, o la ocupación de tipo
colonial.
Quinto, incluir en todas las luchas y en todas las propuestas de
alternativas las exigencias transversales de profundización de la
democracia y de lucha contra la discriminación sexual, racial, étnica,
religiosa, y contra la guerra.
Publicado en Página12
No hay comentarios:
Publicar un comentario