Por Dr. Rubén Visconti*
Desde la reforma de la Constitución Nacional las provincias argentinas han
recuperado todos sus derechos sobre los recursos naturales, con las
limitaciones impuestas por el Código de la Minería impuesto por el gobierno
menemista que incluye cláusulas excesivamente favorables en favor de las
empresas, muy limitadas en su número por las características muy especiales de
la explotación de los minerales a las cuales se dedican y por lo cual es
bastante compleja la posible anulación de los beneficios acordados, ya que si
fuera así, daría lugar a un serio conflicto entre el país y la justicia
internacional que difícilmente nos otorgaran la razón, es decir, casi imposible
de obtener una solución favorable para el país.
Este es el marco legal que no puede ser dejado de lado. Por otra parte, es
necesario reconocer en favor de las Provincias, sobre todo las del cordón
andino que en esos recursos naturales reconocen las mayores riquezas que al ser
extraídas les permitirán un claro avance en sus desarrollo dado que son fuentes
de mayor ocupación de personas y de recursos monetario a sus menguados
presupuestos provinciales.
Establecidas estas condiciones que, por otra parte son las que vienen
funcionando sin mayores conflictos desde hace más de 10 años con el agregado en
estos últimos tiempos de nuevas explotaciones, examinemos las razones de los
conflictos que se vienen generando en varias Provincias que, no obstante esos
reconocidos derechos, se basan en otras que las exceden derivadas del perjuicio
que las mineras, sobre todo las de cielo
abierto, producen o producirían al medio ambiental, ya que se afirma, al
utilizar cianuro y otros componentes perversos así como la generación de enfermedades
en los habitantes provinciales y quizás también en las poblaciones
restantes más o menos próximas y
utilizando cantidades de las aguas regionales en gran exceso, las eliminan de
las posibilidades de su uso común.
Así las cosas, el País en su conjunto se encuentra ligado a un conflicto
potencial y real que viene produciendo desde enfrentamientos callejeros
producidos entre unos y otros de los pobladores más cercanos a las
explotaciones mineras, llegando a producir como es un caso muy reciente
desagradables represiones muy agresivas realizadas contra el grupo de
pobladores que ejerciendo el derecho inatacable
de protestar han sido lesionados por las fuerzas del orden.
¿Qué debe o debería hacer el Gobierno Nacional teniendo que respetar los
derechos de las Provincias por un lado pero al mismo tiempo interviniendo
decidida y eficazmente en la defensa del medio ambiente y los demás perjuicios
que se alega las explotaciones mineras
producirían? Todo ello en la medida en
que el Gobierno Nacional es como tal, un
gobierno que debe ocuparse de los derechos y obligaciones de todos los
argentinos, ante lo cual no puede oponérsele ninguna razón legal o de hecho que
se lo impida.
La primera medida a poner en marcha es la de demostrar (ante todos los grupos,
incluyendo en ellos a los gobiernos provinciales y las empresas mineras y las
poblaciones), determinar fehaciente y definitivamente la VERDAD, que significa que
si las explotaciones a cielo abierto lesionan el medio ambiente, generan enfermedades, uso indebido de las
aguas u otras lesiones, deben impedirse definitivamente. Si no fuera así y la
VERDAD diera la razón a los que niegan
esos perniciosos efectos, darle curso a
las explotaciones tomando la total responsabilidad como gobierno de emitir sus
conclusiones como si fuera una declaración jurada de la cual todos los
actuantes serán personalmente responsables, poniendo hasta sus bienes
personales como garantía de la VERDAD que asumen como real e innegable.
Para llegar a tal afirmación, verdad si o verdad no, el gobierno nacional
deberá disponer con su total apoyo monetario a citar a especialistas nacionales
e internacionales que avalen los resultados, por lo cual y a fin de eliminar una
opinión falsa comprada como el voto de los senadores mediante la famosa
Banelco, colocar a todos ellos bajo los alcances de las sanciones establecidas
para los funcionarios que comprometan su responsabilidad total con sus firmas
en el informe.
Es la única forma en que se pueda alcanzar LA VERDAD en este conflicto para
tranquilidad de todos y asimismo para beneficio de todos.
*Doctor en economía, Docente de la UNR
Miembro del CEP
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