La integración comercial vertical concentró el negocio en pocas manos y desplazó a los pequeños actores. Esto se ve agravado por el aumento del peso de los latifundios y porque sólo 7 empresas controlan las exportaciones de granos.
No caben dudas que estamos atravesando lo que algunos analistas llaman una “revolución del consumo de alimentos”, reflejada en la demanda constante de países emergentes con gran incidencia en el producto bruto mundial y un crecimiento vertiginoso de sus economías en los últimos años. Quienes mayor incidencia tienen en este proceso son las dos naciones más grandes de Asia, China e India. En ese sentido, nuestro país cumple un rol destacado como proveedor. Por ejemplo, en los últimos diez años, los productos del reino vegetal fueron incrementando su participación en el total de exportaciones argentinas a China, pasando de un 8 a un 50%.
En consecuencia, la renta agraria, que surge como resultado de la expansión del sector agropecuario, es eje de constante disputa, que hoy se expone con mayor visibilidad por efecto de de ese gran crecimiento, e involucra a diferentes actores que participan del agronegocio, donde no todos pueden apropiarse de ella en iguales proporciones, por lo que la distribución de la renta agraria es eje de debate económico y político fundamental. Renta agraria diferencial. ¿Qué es la renta agraria? Se trata de la diferencia entre el precio de producción, que incluye el costo y la ganancia media del capital, posibilitada por la existencia de distintas condiciones naturales. La Argentina es un país de enormes proporciones, con una extensión territorial considerable – la octava mayor del mundo- y diversidad de climas, lo que dota a su tierra de gran fertilidad. Debido a la mayor productividad del trabajo aplicado sobre el campo más fértil, la renta agraria se origina por aplicar, precisamente, la misma dotación de factores. Por lo tanto, no se produce en la apropiación por el empresario del plusvalor generado por el trabajador asalariado. Se trata de una ganancia de la que se apropian los rentistas (dueños de los campos, pero también el resto de los eslabones que distribuyen y comercializan la producción), originada en las ventajas naturales que le dan a la tierra argentina una capacidad de rendimiento superior a la de cualquier otro país, como consecuencia de la fertilidad del suelo y un clima propicio para la producción. Más aún, asociada a dicha fertilidad, casi única en el mundo, Argentina cuenta con la denominada “renta agraria diferencial”, que es la parte de la plusvalía, generada por la clase obrera rural, que corresponde al dueño de la tierra, en tanto éste es propietario de un bien no reproducible.
Pedro Peretti, director de Federación Agraria, sostiene que “la verdadera renta agraria hoy se determina por el valor de la tierra. En ese sentido, quienes poseen grandes extensiones usufructúan miles y miles de hectáreas que les permiten apropiarse de su mayor parte, dejando en inferioridad de condiciones a los pequeños productores o aquéllos que se dedican a la agricultura familiar”. De manera que todos los propietarios de tierra de fertilidad superior a las tierras cultivadas de productividad más baja, reciben esa renta diferencial en diferentes proporciones, determinadas por las productividades respectivas.
El rendimiento de la tierra se mide en quintales por hectárea, esto es, qué cantidad de toneladas de un cultivo permite una hectárea de tierra, donde un quintal equivale a cien kilos. Así, la fertilidad de la tierra no se asocia específicamente a criterios medioambientales sino productivos, determinados por el rendimiento en cantidad de quintales. Este criterio explica el desarrollo de las fuerzas productivas intervinientes y las transformaciones del capitalismo agrario mundial, del cual Argentina forma parte, e ilustra las razones por las cuales nuestro país amplió su frontera agrícola, pasando de 20 millones de hectáreas en 1996 a las actuales 31 millones. Aquí el concepto de quintal es muy pertinente para reflejar este proceso: a mediados de la década del ochenta, la hectárea de tierra rendía a un promedio de entre 15 y 20 quintales, mientras que en la actualidad el promedio de rinde oscila entre 28 y 30, sobre todo de los cultivos de soja. Aunque el precio mundial del trigo, el maíz o la soja es el mismo para todos los vendedores, en algunas regiones de nuestro país los costos son muy inferiores. Y nuevamente una comparación con la industria resulta ilustrativa para una adecuada aproximación a la renta agraria: mientras que el precio de los productos industriales tiene, en términos generales, dos componentes (costos y ganancias), el de los agrarios contiene tres: costos, ganancias y renta del suelo. La renta es entonces equiparable a un precio de monopolio. Los dueños de las mejores tierras, como las de nuestro país, se quedan con esa diferencia que no se debe a la inversión ni al esfuerzo sino a la naturaleza.
Quiénes disputan la renta. Tal como se mencionó al principio, la cadena comercial de cada cultivo involucra a diferentes agentes económicos. Desde que se siembra hasta que se exporta o vende localmente, quienes intervienen en la generación de la renta buscan captar la mayor parte posible de ella. Cada uno opera en la fase de la cadena que lo involucra. Así, del dueño de la tierra se pasa al comercializador, que siembra y cosecha (siempre y cuando el propietario no disponga de la maquinaria necesaria para realizarlo). También intervienen los fletes “cortos” (de la chacra al pueblo) y los acopiadores, que pueden ser cooperativas o privados, encargados de almacenar y acondicionar el grano. Allí participan, a su vez, los corredores de bolsa, que venden la producción a los exportadores en el caso que el cultivo sea destinado al exterior. Los fletes “largos” conducen luego la producción a los puertos, y la cadena comercial concluye con la venta externa. Aquí interviene el Estado aplicando las retenciones que se descuentan al exportador pero que éste descuenta del precio que paga por el producto, con lo cual el peso final de la carga impositiva termina recayendo sobre el productor/vendedor.
Los grandes grupos económicos del agronegocio ejercen lo que se denomina “integración vertical de la producción”, es decir, empresas que concentran casi toda la cadena comercial que acabamos de resumir esquemáticamente. Esto es: comercializan, almacenan, transportan y exportan la producción, pues algunas de ellas hasta son dueñas de los ferrocarriles que conducen la carga y están en sociedad con los puertos que las venden. “Estados Unidos, primer productor mundial de soja, tiene prohibidas este tipo de prácticas, intentando que no haya fusiones en la cadena comercial, de manera que no se desplace a los pequeños productores y se los proteja de estos grandes pulpos comerciales”, recuerda Peretti. Pero en el negocio agrario argentino hay apenas 7 empresas que manipulan el comercio de granos: Cargill, Bunge, Dreyfus, Nidera, Noble Argentina, ADM Argentina- todas extranjeras- y Aceitera General Deheza, que concentra el comercio de aceites y se beneficia del menor porcentaje de retenciones. Muchas de ellas son proveedoras de insumos y constituyen oligopolios apropiándose de la mayor parte de la renta agraria diferencial, no sólo como intermediario entre país productor y consumidores sino, tal como dijimos anteriormente, haciendo recaer el peso de las retenciones sobre los productores más pequeños. Las cinco grandes compañías exportadoras manejan el 90% de las ventas, con beneficios corrientes que superan ampliamente los u$s 1500 millones.
Esto se ve agravado por el fenomenal proceso de concentración de tierras que encuentra a un puñado de familias como propietarias de grandes extensiones de tierra fértil, apropiándose de un gran porcentaje de lo consechado. Es decir, sólo por poseer un título de propiedad son grandes beneficiarios del negocio agrario, junto a las exportadoras. Y como elemento adicional de las transformaciones del campo argentino al calor de las tendencias del capitalismo agrario globalizado, en los últimos años se han consolidado los denominados “pooles de siembra”, que son las empresas que arriendan decenas de miles de hectáreas contratando a productores que no pueden adquirir campos o se encuentran en desventaja frente a los pooles para el arriendo. Grobocopatel, por ejemplo, es sólo propietario del 10% de las 150 mil hectáreas que explota. Así, exportadores, terratenientes y pooles terminan siendo los grandes beneficiarios de las bondades del “campo”. Y con rentabilidades diferentes de acuerdo al cultivo, donde la soja aparece como la más atractiva por su mayor cotización y menor costo de producción.
Cómo se calcula la renta. El cálculo de la renta agraria se realiza en base a costos directos e indirectos. Entre los primeros deben contabilizarse los gastos en insumos (semillas, agroquímicos, fertilizantes, labranza, fumigaciones y cosecha, etc.), y entre los segundos aparecen el transporte, el acondicionamiento del grano y su comercialización. También deben considerarse cuestiones de política económica, como el tipo de cambio y las retenciones.
Hay dos precios para los productos. Uno es el valor Free On Board (FOB), que es el de exportación del producto sin incluir el flete naviero o los seguros que pagan después. Otro es el valor Free Along Shipping (FAS), que incluye el traslado al puerto pero sin considerar los costos que implica exportarlo. La cotización internacional de los cultivos se mide en precios FOB, y las retenciones se aplican sobre estos valores. Pero una práctica habitual de las grandes cerealeras es descontar al productor/vendedor la alícuota correspondiente de retenciones aplicada sobre el precio FOB, cuando el Código Aduanero indica que debe aplicarse sobre el precio neto que recibe el productor. Se calcula que esto reporta una ganancia extra de u$s 1000 a u$s 1500 millones para las grandes cerealeras, que ya fue denunciado pero que en los hechos continúa vigente, como consecuencia de tomar como base imponible para la liquidación de la producción y la rendición de los derechos de exportación un valor inferior al FOB de exportación. Esta práctica, no solo característica en el negocio granario, esconde una forma de apropiación de la renta agraria por parte de las grandes empresas en desmedro del productor, al trasladársele como un descuento en el precio que se le paga por su producción.
Hay otros ejemplos para ilustrar la manera en que se distribuye la renta. Tomando el caso de un campo de soja de 100 hectáreas con un rendimiento de 3 toneladas por hectárea sembrada, a una cotización internacional de u$s 430 la tonelada, con retenciones del 35% y un tipo de cambio fijado en $ 4,40, el productor recibirá $ 662,2 por tonelada.
El problema es que si los costos directos e indirectos están cercanos a ese monto, el rendimiento del capital resulta muy bajo y el productor es tentado a arrendar su campo a los pooles de siembra, que pueden asumir los costos de campos de menor rentabilidad o más alejados de los puertos por concentrar la producción y, consecuentemente, operar a menores costos que el productor independiente, compensando con otros campos de rentabilidad diferencial mayor. Por lo tanto, la estructura de costos es fundamental a la hora de determinar la renta. De acuerdo al índice de costos agrícolas publicado a enero por Márgenes Agropecuarios, calculado en promedio de acuerdo al valor actual de cada insumo, el costo por tonelada para el productor de trigo ronda los u$s 172, para la soja u$s 169 y para el maíz u$s 179. Según las últimas cotizaciones de cada cultivo, con una soja en u$s 433 por tonelada, el maíz a u$s 240 y el trigo a u$s 222, resulta evidente la mayor tendencia a priorizar soja y sus derivados frente a otros granos. Aquí en donde las retenciones cumplen un papel que no es solamente fiscal, además de ser la manera en que el Estado participa de la renta agraria. La alícuota aplicada a la soja poroto (35%) es mayor a la de los otros dos cultivos, de 28% para el caso del trigo y 25% para el maíz, lo que constituye una manera de resguardar aquellos que son menos competitivos y asegurar la soberanía alimentaria, al tiempo que también suponen una manera de disciplinar los precios internos frente al impacto de la “inflación importada”. “El voto no positivo de Cobos por la Resolución 125 fue determinante en los índices de inflación que se sucedieron desde el 2008”, explica a Tiempo Argentino Andrés Asiain, economista del CEMOP e integrante de la Cátedra Nacional de Economía Arturo Jauretche. Asiain no duda en afirmar que “las consecuencias de una rebaja en las retenciones acompañadas de un shock devaluatorio, tal como proponen los principales referentes de la oposición política, serían un caos inflacionario de dramáticas consecuencias económicas y sociales”.
Así y todo, si el pequeño productor persistiera en sembrar su campo por cuenta propia, la diferencia de rendimientos entre aquellos tendencialmente más grandes, como los que explotan los grandes grupos económicos, y los más chicos, es muy importante. Vamos a otro ejemplo, aplicable a cualquiera de los tres cultivos principales. Si entendiéramos que dicha diferencia alcanza un 40%, asumiendo como tendencia general que la renta fuera el 50% del valor del producto final, esto significa que, con un costo de $50, la media de los productores obtiene $100 de producto. Así, la renta de cada uno es de $50. Pero el mayor rendimiento que obtienen los propietarios más concentrados indica que éstos reciben un 40% adicional de producto, es decir, un producto que pueden vender en $140. Por lo tanto, para las grandes comercializadoras la renta pasaría a ser $90 ($140 - $50), es decir, 80% superior a la que obtienen los productores. En suma, la suba de los costos y la mayor rentabilidad de los pooles de siembra han convertido a muchos productores en arrendatarios. En la actualidad se calcula que más de un 50% de la superficie cultivable corresponde a tierras alquiladas. Esto ha encarecido notablemente el valor de la tierra, privilegiando al terrateniente en desmedro del pequeño productor.
Conclusiones. Actualmente el sector agropecuario es fundamental como proveedor de divisas para el país. Así lo entiende el Gobierno, dispuesto a continuar mejorando los estándares de productividad del agro con políticas pensadas a largo plazo. El anuncio del Plan Estratégico Agroindustrial y Agroalimentario 2020 en septiembre último es fiel reflejo de ese propósito, en el intento por fijar metas de producción que optimicen cultivos como el maíz, el trigo, la soja y el sorgo. En ese contexto, la discusión por cómo se distribuye la renta agraria continuará siendo clave. El precio que los exportadores les pagan a los productores es un gran nudo de conflicto actual. Aunque el Ministerio de Agricultura fija diariamente una especie de precio testigo o sostén, que es conocido como FAS teórico (en proporción al precio internacional), lo que abonan los molineros o los exportadores suele estar por debajo de aquel valor de referencia. Esto obedece esencialmente al monopolio que ejerce el exportador, la concentración de la producción como consecuencia de su integración vertical y la escasa capacidad de control del Estado con los instrumentos vigentes.
Agricultores Federados Argentinos (AFA) impulsa un cambio en el sistema de comercialización que el Gobierno sigue atentamente, y que podría resolver gran parte de estos problemas a favor del productor. En lugar de cupos, como sucede hoy con el trigo y el maíz, establece un régimen de certificados de venta, uno para mercado interno y otro de libre disponibilidad. El precio sería defendido por un fideicomiso financiero de control público, que también actuaría comprando y vendiendo como un operador más, reemplazando al valor “oficial” y fijando así un precio testigo. En los casos de cultivos no tan rentables como la soja, en lugar de subsidios se vendería a un precio diferenciado para reemplazar al cuestionado sistema de compensaciones actual.
Éstas son algunas de las propuestas orientadas a desmantelar los oligopolios del negocio agrario transnacionalizado, que requiere de un Estado activo con capacidad de control para proteger a los pequeños productores, asegurar la soberanía alimentaria nacional y evitar el incremento en los precios de los alimentos.
Quiénes disputan la renta. Tal como se mencionó al principio, la cadena comercial de cada cultivo involucra a diferentes agentes económicos. Desde que se siembra hasta que se exporta o vende localmente, quienes intervienen en la generación de la renta buscan captar la mayor parte posible de ella. Cada uno opera en la fase de la cadena que lo involucra. Así, del dueño de la tierra se pasa al comercializador, que siembra y cosecha (siempre y cuando el propietario no disponga de la maquinaria necesaria para realizarlo). También intervienen los fletes “cortos” (de la chacra al pueblo) y los acopiadores, que pueden ser cooperativas o privados, encargados de almacenar y acondicionar el grano. Allí participan, a su vez, los corredores de bolsa, que venden la producción a los exportadores en el caso que el cultivo sea destinado al exterior. Los fletes “largos” conducen luego la producción a los puertos, y la cadena comercial concluye con la venta externa. Aquí interviene el Estado aplicando las retenciones que se descuentan al exportador pero que éste descuenta del precio que paga por el producto, con lo cual el peso final de la carga impositiva termina recayendo sobre el productor/vendedor.
Los grandes grupos económicos del agronegocio ejercen lo que se denomina “integración vertical de la producción”, es decir, empresas que concentran casi toda la cadena comercial que acabamos de resumir esquemáticamente. Esto es: comercializan, almacenan, transportan y exportan la producción, pues algunas de ellas hasta son dueñas de los ferrocarriles que conducen la carga y están en sociedad con los puertos que las venden. “Estados Unidos, primer productor mundial de soja, tiene prohibidas este tipo de prácticas, intentando que no haya fusiones en la cadena comercial, de manera que no se desplace a los pequeños productores y se los proteja de estos grandes pulpos comerciales”, recuerda Peretti. Pero en el negocio agrario argentino hay apenas 7 empresas que manipulan el comercio de granos: Cargill, Bunge, Dreyfus, Nidera, Noble Argentina, ADM Argentina- todas extranjeras- y Aceitera General Deheza, que concentra el comercio de aceites y se beneficia del menor porcentaje de retenciones. Muchas de ellas son proveedoras de insumos y constituyen oligopolios apropiándose de la mayor parte de la renta agraria diferencial, no sólo como intermediario entre país productor y consumidores sino, tal como dijimos anteriormente, haciendo recaer el peso de las retenciones sobre los productores más pequeños. Las cinco grandes compañías exportadoras manejan el 90% de las ventas, con beneficios corrientes que superan ampliamente los u$s 1500 millones.
Esto se ve agravado por el fenomenal proceso de concentración de tierras que encuentra a un puñado de familias como propietarias de grandes extensiones de tierra fértil, apropiándose de un gran porcentaje de lo consechado. Es decir, sólo por poseer un título de propiedad son grandes beneficiarios del negocio agrario, junto a las exportadoras. Y como elemento adicional de las transformaciones del campo argentino al calor de las tendencias del capitalismo agrario globalizado, en los últimos años se han consolidado los denominados “pooles de siembra”, que son las empresas que arriendan decenas de miles de hectáreas contratando a productores que no pueden adquirir campos o se encuentran en desventaja frente a los pooles para el arriendo. Grobocopatel, por ejemplo, es sólo propietario del 10% de las 150 mil hectáreas que explota. Así, exportadores, terratenientes y pooles terminan siendo los grandes beneficiarios de las bondades del “campo”. Y con rentabilidades diferentes de acuerdo al cultivo, donde la soja aparece como la más atractiva por su mayor cotización y menor costo de producción.
Cómo se calcula la renta. El cálculo de la renta agraria se realiza en base a costos directos e indirectos. Entre los primeros deben contabilizarse los gastos en insumos (semillas, agroquímicos, fertilizantes, labranza, fumigaciones y cosecha, etc.), y entre los segundos aparecen el transporte, el acondicionamiento del grano y su comercialización. También deben considerarse cuestiones de política económica, como el tipo de cambio y las retenciones.
Hay dos precios para los productos. Uno es el valor Free On Board (FOB), que es el de exportación del producto sin incluir el flete naviero o los seguros que pagan después. Otro es el valor Free Along Shipping (FAS), que incluye el traslado al puerto pero sin considerar los costos que implica exportarlo. La cotización internacional de los cultivos se mide en precios FOB, y las retenciones se aplican sobre estos valores. Pero una práctica habitual de las grandes cerealeras es descontar al productor/vendedor la alícuota correspondiente de retenciones aplicada sobre el precio FOB, cuando el Código Aduanero indica que debe aplicarse sobre el precio neto que recibe el productor. Se calcula que esto reporta una ganancia extra de u$s 1000 a u$s 1500 millones para las grandes cerealeras, que ya fue denunciado pero que en los hechos continúa vigente, como consecuencia de tomar como base imponible para la liquidación de la producción y la rendición de los derechos de exportación un valor inferior al FOB de exportación. Esta práctica, no solo característica en el negocio granario, esconde una forma de apropiación de la renta agraria por parte de las grandes empresas en desmedro del productor, al trasladársele como un descuento en el precio que se le paga por su producción.
Hay otros ejemplos para ilustrar la manera en que se distribuye la renta. Tomando el caso de un campo de soja de 100 hectáreas con un rendimiento de 3 toneladas por hectárea sembrada, a una cotización internacional de u$s 430 la tonelada, con retenciones del 35% y un tipo de cambio fijado en $ 4,40, el productor recibirá $ 662,2 por tonelada.
El problema es que si los costos directos e indirectos están cercanos a ese monto, el rendimiento del capital resulta muy bajo y el productor es tentado a arrendar su campo a los pooles de siembra, que pueden asumir los costos de campos de menor rentabilidad o más alejados de los puertos por concentrar la producción y, consecuentemente, operar a menores costos que el productor independiente, compensando con otros campos de rentabilidad diferencial mayor. Por lo tanto, la estructura de costos es fundamental a la hora de determinar la renta. De acuerdo al índice de costos agrícolas publicado a enero por Márgenes Agropecuarios, calculado en promedio de acuerdo al valor actual de cada insumo, el costo por tonelada para el productor de trigo ronda los u$s 172, para la soja u$s 169 y para el maíz u$s 179. Según las últimas cotizaciones de cada cultivo, con una soja en u$s 433 por tonelada, el maíz a u$s 240 y el trigo a u$s 222, resulta evidente la mayor tendencia a priorizar soja y sus derivados frente a otros granos. Aquí en donde las retenciones cumplen un papel que no es solamente fiscal, además de ser la manera en que el Estado participa de la renta agraria. La alícuota aplicada a la soja poroto (35%) es mayor a la de los otros dos cultivos, de 28% para el caso del trigo y 25% para el maíz, lo que constituye una manera de resguardar aquellos que son menos competitivos y asegurar la soberanía alimentaria, al tiempo que también suponen una manera de disciplinar los precios internos frente al impacto de la “inflación importada”. “El voto no positivo de Cobos por la Resolución 125 fue determinante en los índices de inflación que se sucedieron desde el 2008”, explica a Tiempo Argentino Andrés Asiain, economista del CEMOP e integrante de la Cátedra Nacional de Economía Arturo Jauretche. Asiain no duda en afirmar que “las consecuencias de una rebaja en las retenciones acompañadas de un shock devaluatorio, tal como proponen los principales referentes de la oposición política, serían un caos inflacionario de dramáticas consecuencias económicas y sociales”.
Así y todo, si el pequeño productor persistiera en sembrar su campo por cuenta propia, la diferencia de rendimientos entre aquellos tendencialmente más grandes, como los que explotan los grandes grupos económicos, y los más chicos, es muy importante. Vamos a otro ejemplo, aplicable a cualquiera de los tres cultivos principales. Si entendiéramos que dicha diferencia alcanza un 40%, asumiendo como tendencia general que la renta fuera el 50% del valor del producto final, esto significa que, con un costo de $50, la media de los productores obtiene $100 de producto. Así, la renta de cada uno es de $50. Pero el mayor rendimiento que obtienen los propietarios más concentrados indica que éstos reciben un 40% adicional de producto, es decir, un producto que pueden vender en $140. Por lo tanto, para las grandes comercializadoras la renta pasaría a ser $90 ($140 - $50), es decir, 80% superior a la que obtienen los productores. En suma, la suba de los costos y la mayor rentabilidad de los pooles de siembra han convertido a muchos productores en arrendatarios. En la actualidad se calcula que más de un 50% de la superficie cultivable corresponde a tierras alquiladas. Esto ha encarecido notablemente el valor de la tierra, privilegiando al terrateniente en desmedro del pequeño productor.
Conclusiones. Actualmente el sector agropecuario es fundamental como proveedor de divisas para el país. Así lo entiende el Gobierno, dispuesto a continuar mejorando los estándares de productividad del agro con políticas pensadas a largo plazo. El anuncio del Plan Estratégico Agroindustrial y Agroalimentario 2020 en septiembre último es fiel reflejo de ese propósito, en el intento por fijar metas de producción que optimicen cultivos como el maíz, el trigo, la soja y el sorgo. En ese contexto, la discusión por cómo se distribuye la renta agraria continuará siendo clave. El precio que los exportadores les pagan a los productores es un gran nudo de conflicto actual. Aunque el Ministerio de Agricultura fija diariamente una especie de precio testigo o sostén, que es conocido como FAS teórico (en proporción al precio internacional), lo que abonan los molineros o los exportadores suele estar por debajo de aquel valor de referencia. Esto obedece esencialmente al monopolio que ejerce el exportador, la concentración de la producción como consecuencia de su integración vertical y la escasa capacidad de control del Estado con los instrumentos vigentes.
Agricultores Federados Argentinos (AFA) impulsa un cambio en el sistema de comercialización que el Gobierno sigue atentamente, y que podría resolver gran parte de estos problemas a favor del productor. En lugar de cupos, como sucede hoy con el trigo y el maíz, establece un régimen de certificados de venta, uno para mercado interno y otro de libre disponibilidad. El precio sería defendido por un fideicomiso financiero de control público, que también actuaría comprando y vendiendo como un operador más, reemplazando al valor “oficial” y fijando así un precio testigo. En los casos de cultivos no tan rentables como la soja, en lugar de subsidios se vendería a un precio diferenciado para reemplazar al cuestionado sistema de compensaciones actual.
Éstas son algunas de las propuestas orientadas a desmantelar los oligopolios del negocio agrario transnacionalizado, que requiere de un Estado activo con capacidad de control para proteger a los pequeños productores, asegurar la soberanía alimentaria nacional y evitar el incremento en los precios de los alimentos.
*Publicado en Tiempo Argentino
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