Por Vicent Boix Bornay*
El caso del Dibromo Cloropropano (DBCP) es un
ejemplo –un triste, a la vez que nítido, ejemplo– del poco valor que adquiere
la salud pública cuando los intereses económicos aparecen en escena. Este
menosprecio por la vida se incrementa en los países empobrecidos, a la vez que
se ignora y se frena cualquier intento de la justicia por indemnizar el daño
causado. Pocos casos reúnen tantas pruebas, documentación y testimonios como el
que a continuación se relata.
El DBCP fue un producto químico aplicado en
numerosos cultivos de varias naciones de mundo como Estados Unidos (EEUU),
Israel o España, aunque destacó su uso en las grandes plantaciones bananeras de
varios países del sur (Costa Rica, Filipinas, Honduras, Nicaragua, Burkina
Faso, Guatemala, Costa de Marfil y Panamá, entre otros).
Se sintetizó por primera vez a mediados del siglo
pasado, gracias al trabajo realizado por el Dr. Karl T. Schmidt, miembro en
aquellos años del Instituto de Investigaciones de la Piña en Hawaii. Sin
embargo, sería otro científico de esta institución, el Dr. Earl J. Anderson,
quién casualmente descubriría en 1953 el poder esterilizante del producto en
ciertas plagas de las piñas.
Dos años después empezó a utilizarse como
nematicida en EEUU, combatiendo a una especie de gusanos parásitos que se
alimentan generalmente de las raíces de las plantas. Se denominan nemátodos y
dentro del mundo de la agricultura industrial se hizo urgente la fabricación de
un compuesto que pudiera frenarlos, ya que ocasionaban innumerables mermas en
la producción. El DBCP no eliminaba la plaga, sino que esterilizaba a sus
miembros y evitaba así su reproducción y propagación.
En aquellas épocas, este tipo de productos no
necesitaron registros especiales en EEUU y, por tanto, durante los primeros
años el DBCP se comercializó sin valorar, estudiar y determinar su posible
toxicidad. Conforme explica Susanna Bohme, historiadora y editora adjunta de la
International Journal of Occupational and Environmental Health «Los nematicidas
como el DBCP no fueron incluidos en la legislación para el control de
plaguicidas cuando se aprobó en 1947. Entonces era legal venderlo sin registro
alguno. En 1959 la cosa cambió y una nueva ley obligó a dicho registro».
Los efectos
tóxicos y la aprobación del DBCP
Ya en 1955, Shell Oil Company había iniciado su
fabricación y lo vendía con el nombre de Nemagon. Meses después lo hizo Dow
Chemical que lo bautizó como Fumazone. En los primeros años ambas empresas
produjeron y vendieron DBCP sin la obligación de tenerlo registrado y sólo
proporcionando una ligera información sobre su uso. Pero con los cambios
legislativos que se avecinaron, tuvieron que enfrentar conjuntamente el
registro y el estudio de los impactos en la salud humana.
Fue así como sus efectos negativos empezaron a
vislumbrarse en las primeras pruebas en animales de laboratorio. El Dr. Charles
Hine –científico de la Escuela de Medicina de la Universidad de California,
contratado por Shell para realizar los estudios sobre este producto– en una
carta fechada en marzo de 1957 y dirigida al científico de Dow, el Dr. Ted
Torkelson, ya advertía de «…lecturas incidentales de daño y atrofia
testicular…».
Un escrito interno de Shell redactado un año
después incidía en los efectos tóxicos del DBCP, ratificaba el contacto entre
las dos multinacionales y desvelaba que ambas conocían las primeras
conclusiones. Esta carta decía: «Le adjunto copia del informe confidencial del
Dr. Hine y otros, de la Universidad de California, sobre la toxicidad del vapor
de Nemagon. Me he enterado por conversaciones con el doctor Hine que
información de este tipo es conocida también por Dow Chemical Company. Dow ha
estado particularmente afligida por los efectos causados en los testículos».
Durante los siguientes años los dos científicos
mantendrían correspondencia sobre sus avances. De hecho, en marzo de 1961, un
equipo de especialistas encabezado por ambos publicaría en la revista
Toxicology and Applied Pharmacology lo que sería el primer estudio científico
con información abundante sobre los efectos del DBCP. Dicho trabajo fue
parcialmente financiado por Shell Development Company como se especificaba en
la misma publicación. El estudio desveló diversos efectos adversos a
concentraciones elevadas y confirmaba al DBCP como un tóxico capaz de inducir
infertilidad masculina a concentraciones bajas. También se proponían medidas de
diversa índole para frenar sus efectos, y finalmente, se sugería una
concentración en el aire menor a una parte por millón (ppm).
A pesar del riesgo evidente fruto de
investigaciones científicas, el producto siguió expandiéndose. En EEUU, una
tercera compañía, Occidental Chemical Company, lo empezó a distribuir al
adquirirlo primero de Shell y luego de Dow. Por su parte, éstas iniciaron los
trámites legales para registrar el DBCP. En aquella época era el Departamento
de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) quien
estaba encargado de registrar y ponderar la seguridad de un determinado
producto. Inicialmente, dicho organismo se comunicó con Shell para solicitarle
información médica de los operarios que trabajaban en la elaboración del DBCP
en varias factorías diseminadas por Estados Unidos. También indicaron algunos
comentarios que debían estar incluidos en las futuras etiquetas del producto.
Ante estas peticiones los responsables de la
compañía se quejaron por la posición tomada por la USDA, alegando textualmente
que «La División de Control de Pesticidas del Departamento de Agricultura de
los Estados Unidos se mostró preocupada por los peligros asociados con los usos
del fumigante de tierra Nemagon y han propuesto etiquetados para las diversas
fórmulas ahora en venta. Existe consenso entre nosotros de que las autoridades
son demasiado cautas y que la advertencia de las etiquetas que propugnan
tendría un efecto adverso en la venta de este producto».
Las presiones de Shell surgieron efecto y la USDA
suavizó su postura inicial a cambio de la realización de nuevas pruebas médicas
a operarios que manipulaban el DBCP. Los controles se realizaron en la planta
de Shell en Denver (Colorado), con la salvedad, según la documentación
recabada, de que el médico encargado de las mismas no fue informado de que se
buscaban probables daños en los testículos.
Paralelamente el Dr. Hine fue designado por ambas
empresas para apoyar la aprobación del DBCP. Para ello elaboró un informe
similar al publicado en la revista Toxicology and Applied Pharmacology. En él
aconsejaba concentraciones menores a un ppm y advertía sobre la utilización de
equipos de protección individual para evitar la inhalación y el contacto
cutáneo con la sustancia. Pero en marzo de 1962 un encargado de Shell devolvió
dicho informe con una serie de anotaciones, entre ellas la de eliminar cierta
información comprometida.
Con este documento retocado y con unos exámenes
médicos de los operarios de Denver que, como era de esperar, mostraron
resultados positivos, los fabricantes informaron que el Nemagon y el Fumazone
podían ser utilizados sin «riesgo excesivo». El gobierno rebajó su posición
inicial registrando el producto y permitiendo unas etiquetas con advertencias
suaves. Era ya 1964.
Los campos
bañados
En EEUU el DBCP fue utilizado mayoritariamente por
agricultores autónomos desde la década de los cincuenta. En las Islas Canarias
(España) también fue aplicado por campesinos locales y en 1963 el Nemagon y el
Fumazone eran publicitados ampliamente en periódicos canarios. Una Orden del
gobierno español fechada en 1962 autorizaba a una empresa barcelonesa a
importar el ingrediente activo para la fabricación del DBCP. Además, la
información encontrada abre la posibilidad de que ambas marcas pudieron ser
comercializadas en Canarias en 1960, es decir, cuatro años antes de su
aprobación en EEUU.
En los países empobrecidos de Asia, África y,
fundamentalmente, Centroamérica, el DBCP no fue utilizado, al menos de forma
notoria, por agricultores locales independientes. En estas naciones el
nematicida empezó a diseminarse entre finales de los años sesenta e inicios de
los setenta, mayoritariamente en plantaciones bananeras pertenecientes o que
vendían su producción, a compañías englobadas en las multinacionales
agroexportadoras Chiquita Brands, Del Monte y, sobre todo, Dole Food Company.
En estas grandes fincas laboraron decenas de miles
de peones realizando funciones variadas. Diversos testimonios de ex
trabajadores bananeros de diferentes países han coincidido al afirmar que no
fueron informados sobre los riesgos del DBCP, ni tampoco recibieron formación,
ni equipos adecuados de protección y algunos han declarado que las etiquetas no
se entendían porque venían en inglés.
En las bananeras fueron tres las posibles vías de
exposición con el ser humano. Primero, por contacto dérmico cuando se aplicaba
el agroquímico. Segundo, vía oral, ya que el DBCP, tras sus aplicaciones, pudo
filtrarse hasta alcanzar los pozos de agua y los acuíferos y en aquellos años
los obreros bananeros vivían dentro de las fincas y bebían, cocinaban y se
lavaban con las aguas de dichos pozos. La tercera vía pudo ser la respiratoria
mediante la inhalación en los campos. Sobre este aspecto las transnacionales se
han defendido aduciendo que el DBCP se aplicaba entre una y tres veces al año.
Sin embargo, el éxito del producto una vez dispersado dependía de su
transformación en un vapor que actuaba sobre los nemátodos y que podía
alargarse por días y semanas, periodos en los que también pudo ser aspirado por
las personas que realizaban sus labores en las fincas.
La
prohibición
Con el uso en los países empobrecidos el DBCP
alcanzó su mayor volumen de venta en la década de los setenta. En ese mismo
periodo, las investigaciones científicas siguieron avanzando. Nuevos estudios
certificaron los riesgos de infertilidad masculina y uno del National Cancer
Institute determinó que el agrotóxico era cancerígeno en animales de
laboratorio. Se cree que este estudio vio luz en 1978, pero pudo ser conocido
por Dow dos años antes.
A pesar de todas las nuevas evidencias en los
laboratorios y a pesar del opaco proceso de aprobación y registro, el DBCP
siguió vendiéndose sin que aparentemente se tomaran medidas para limitar sus
posibles daños en los humanos. Sólo una triste casualidad encendió
definitivamente las alarmas.
En 1976, Wesley Jones, trabajador de la planta de
Occidental en Lathrop (California), acudió a un hospital aquejado de problemas
en los testículos. Le realizaron pruebas, detectaron anomalías en el esperma y
le aconsejaron que abandonara su puesto de trabajo. Jones accedió y reclamó una
compensación por los daños, pero Occidental examinó el caso y lo transfirió a
un médico: el Dr. Charles Hine.
En una entrevista el trabajador reconoció al
especialista que los problemas testiculares evitaron que pudiera tener hijos y
que sospechaba de los compuestos que se elaboraban en la empresa, por eso el
operario facilitó un listado de productos con los que tenía contacto. No
obstante, Hine descartó la relación entre la infertilidad de Jones y su puesto
en Occidental. Añadió que no estaba incapacitado para seguir trabajando en la
planta y omitió cualquier comentario acerca del DBCP, a pesar de sus claros
conocimientos. Finalmente el médico manifestó que no había encontrado nada en
la literatura científica y en sus archivos, que permitiera concluir que los
problemas de Jones tenían como origen algún producto químico.
Ante los hechos, un segundo obrero con síntomas
idénticos a los de Jones, contactó con el sindicato Oil, Chemical & Atomic
Workers Union (OCAW), que logró convencer a un grupo de siete trabajadores para
que se realizaran pruebas médicas. OCAW solicitó a Occidental información
toxicológica sobre ciertas sustancias y también que financiara los siete
exámenes. Pero la compañía se negó a todo y sólo la casualidad dio esperanzas a
los trabajadores cuando unos cineastas que estaban trabajando en un documental
sobre salud laboral decidieron financiar dichas pruebas médicas.
Los análisis estuvieron listos en julio de 1977 y
las conclusiones resultaron conmovedoras: los siete trabajadores sufrían
diversos grados de esterilidad. La noticia se hizo pública rápidamente y los
problemas testiculares se detectaron también en varias factorías de Shell y
Dow, que en agosto anunciaron que interrumpirían la elaboración de DBCP.
Semanas después, la Agencia de Protección Ambiental
(EPA, por sus siglas en inglés), expresó su intención de suspender este
producto químico. De esta forma se iniciaba un procedimiento que duraría dos
años, que arrancó con la prohibición temporal del DBCP para ciertos usos. Para
justificar dicha decisión, la propia EPA reconoció los efectos adversos en el
aparato reproductor masculino y la posibilidad de que el DBCP fuera
cancerígeno. Sin embargo, determinó que el riesgo lo corrían los operarios de
las factorías que lo fabricaban, y no los trabajadores del campo que lo aplicaban.
De esta forma, en octubre de 1977, en EEUU se prohibió el uso del DBCP en la
mitad de los cultivos en los que se utilizaba, de tal manera que continuó
aplicándose en otros sembríos aunque de una forma supuestamente más controlada,
restringida y segura.
Que la suspensión sólo fuera parcial y sobre todo
la segmentación entre operarios de factorías y de campos, dio alas a varias
empresas para seguir utilizando el agrotóxico en los países empobrecidos.
Occidental dio muestras de querer seguir fabricándolo. Una cuarta empresa,
AMVAC Chemical, lo continuó vendiendo pero adquiriéndolo de dos factorías
situadas en México. El DBCP se siguió empleando en las fincas propiedad o que
vendían su producción a Dole, en al menos Nicaragua y Honduras. A principios de
1978, Dow y Standard Fruit Company (Dole) firmaron un contrato por el cual la
primera le vendía a la segunda parte del inventario existente de DBCP, pero
para ser utilizado fuera de EEUU. Documentación encontrada sitúan al Nemagon y
al Fumazone en Nicaragua hasta por lo menos finales de 1978.
La gravedad del caso no sólo estriba en que el
agroquímico se siguió utilizando en aquellas naciones donde no había sido
prohibido o limitado. Lo más preocupante de todo es que, a pesar del aviso de
Lathrop, no se tiene constancia de que los obreros en los países del sur fueran
informados y provistos de equipos de protección.
En 1978 se estableció la concentración definitiva
en 0,001 ppm (mil veces menor a la aconsejada por el Dr. Hine años atrás). Y en
octubre de 1979, la EPA prohibió prácticamente todos los usos de DBCP en EEUU.
Al parecer, nuevas investigaciones realizadas en los dos años anteriores
situaron al DBCP como un importante riesgo para la salud pública. Los nuevos
estudios determinaron que el DBCP ocasiona cáncer en animales y es posible que
en humanos; que es capaz de afectar adversamente la función testicular en
hombres y que es mutagénico6 en animales y humanos. Además la EPA se desdecía
respecto a 1977 al concluir que la exposición y el riesgo también podía tener
lugar en el campo de cultivo, incluso días después de la aplicación, y en zonas
aledañas a la finca tratada.
6 Propiedad de algunos agentes físicos o químicos
para inducir mutaciones. Una mutación es un cambio heredable en el material
genético de una célula. En la naturaleza las mutaciones se originan al azar y,
aunque las causas siguen siendo inciertas, se conocen bastantes agentes
externos mutágenos que pueden producir mutaciones como las radiaciones
ambientales y sustancias químicas.
¿Prohibido?
En 1979 también se suspendió el DBCP en Costa Rica
al descubrirse sus riesgos y Dole trasladó el remanente a Honduras ya que allí
no existían restricciones. Testimonios de un ejecutivo de AMVAC en el libro
Circle of poison, desvelarían que la frutera, para evitar problemas legales,
inició la adquisición de forma indirecta a través de importadores locales.
Informes internos de Standard presentados en juicios probarían que en 1980 lo
regaba en Nicaragua, y en 1986 lo empleaba en Filipinas según datos citados por
el Toxics Use Reduction Institute de la Universidad de Massachusetts.
En EEUU dejó de fabricarse supuestamente en 1977,
pero dos plantas mexicanas siguieron suministrando DBCP a AMVAC. En ambas
existieron damnificados, pero en 1978 se aplicaron estrictas medidas de
seguridad. El encargado de recomendarlas fue el Dr. Enrique Márquez –en esos
años director de Higiene y Saneamiento Ocupacional de la Subsecretaría del
Mejoramiento del Ambiente en México– que manifestó: «De hecho toda la planta se
reacondicionó de modo que el trabajador llegaba a una sala donde se quitaba
toda su ropa y entraba a otra donde tenía su equipo de protección que constaba
de traje tipo astronauta con escafandra conectada a una manguera que del
exterior les proporcionaba aire filtrado. Se les restringía el tiempo de
exposición en la sala cerrada donde se producía el DBCP. Al terminar su turno,
pasaban a otra sala donde se quitaban todo el equipo y luego entraban al cuarto
de baño a ducharse profusamente y salían a la sala donde habían dejado sus
ropas. Además todos eran sujetos a examen clínico periódico…».
Es interesante esta descripción porque permite
vislumbrar la peligrosidad del DBCP y las rigurosas medidas que se implantaron,
con lo cual surge un interrogante sumamente importante: ¿Informaría y aplicaría
Dole protocolos de seguridad similares en las bananeras? Decenas de testimonios
de bananeros dicen que no. Además documentos internos de la empresa corroboran
que se eludieron ciertas pautas y nunca en un juicio presentaron evidencias
sobre normas de protección adecuadas. El documental Bananeras, producido en
1982 por los cineastas nicaragüenses Ramiro Lacayo y Frank Pineda, es un
estremecedor documento gráfico sobre las infrahumanas condiciones en las que
vivían y trabajaban los bananeros de la Standard Fruit de Nicaragua. En la
película se pueden ver grandes aspersores rociando agua y químicos sobre las
matas de banano a los peones desprotegidos caminando descalzos sobre el barro
formado y a estas personas y a sus familias viviendo en chabolas dentro de las
fincas.
Ya en los años ochenta y sobre todo en los noventa,
el DBCP se fue prohibiendo y su uso se extinguió, aunque noticias periodísticas
lo han ubicado en Filipinas y Panamá en 1991 y 2000 respectivamente.
Las noticias del caso que acaecieron en los campos
hasta mediados de los ochenta, se han trasladado en la actualidad a juzgados de
varios países del mundo, donde miles de ex trabajadores bananeros infértiles
por el DBCP, provenientes de naciones empobrecidas, siguen buscando hoy en día
una gota de justicia. La actual lucha legal de los obreros afectados es más
interesante, enrevesada y esperanzadora. Se resumiría en la siguiente idea: el
entramado que dio vida al DBCP y que lo toleró permitiendo el enriquecimiento
de ciertas transnacionales en detrimento de la salud, es el mismo que ahora
elude responsabilidades y obstaculiza cualquier conato de justicia. Las multinacionales,
lógicamente, han evitado y torpedeado los procesos legales, gracias a unos
sistemas jurídicos que las protegen. Por motivos de espacio no se ha mencionado
en el presente artículo este interesante capítulo en la vida del DBCP.
Conclusión:
Irresponsabilidad por triplicado
Durante la aprobación del producto las autoridades
norteamericanas fueron muy permisivas, hasta el extremo de aceptar las
sugerencias interesadas de unas multinacionales que ansiaban un registro rápido
y un etiquetado débil que no dificultara unas prometedoras ventas.
Cuando estalló el escándalo en la factoría de
Lathrop no se aplicó el principio de precaución y por dos años más se siguió
utilizando parcialmente en EEUU. La segmentación inicial entre los obreros de
las factorías que lo fabricaban y los del campo que lo aplicaban significó el
recoveco por donde se colaron las transnacionales que quisieron seguir
elaborándolo y aplicándolo en las naciones empobrecidas.
En 1989, el Congreso de EEUU determinó que la EPA
no tenía ningún procedimiento normalizado que permitiera dar a conocer y avisar
a otros países, sobre las características y riesgos de un determinado químico.
Esto, junto a las débiles legislaciones y los casi inexistentes sistemas de
control en los estados del sur, facilitó que el DBCP se siguiera empleando en
estas naciones después de 1977.
Por otra parte dos compañías fabricantes conocían
desde finales de los años cincuenta la toxicología del agroquímico y por eso
han sido acusadas de ocultar información. Socorro Toruño, juez nicaragüense
encargada de dirimir uno de los pleitos emprendidos por los afectados del DBCP,
declaró en una sentencia que «la empresa Shell no dijo la verdad al Gobierno de
EEUU omitiendo comunicarle la información que éste requería y que la empresa Shell
claramente poseía. Esto hubiera demostrado la peligrosidad del Nemagon, puesto
que las advertencias sugeridas por las autoridades estadounidenses finalmente
no fueron impuestas (…). Queda claro que la empresa Shell pasó de la retención
pasiva de información (…) a la distorsión activa de los hechos, lo que es
peor».
Algunas empresas siguieron interesadas en vender y
aplicar el producto tras la primera suspensión en 1977 y otras incluso tras la
definitiva en 1979. Los testimonios existentes permiten concluir que en las
bananeras no se aplicaron las medidas de protección recomendadas, que ya
existían desde hacía años pero que en EEUU se endurecieron a partir de 1977.
Para defenderse de estas graves acusaciones, Dole siempre alegó que desconocía
los efectos del DBCP porque no había sido informada por las empresas
fabricantes. Sin embargo, hoy en día existen pruebas que demostrarían que esta
frutera debió conocer los efectos adversos del DBCP incluso en el año 1963,
fecha en la cual el Dr. Earl J. Anderson resumía los riesgos de este producto
en una publicación del Instituto de Investigaciones de la Piña en Hawaii al
cual pertenecía Dole.
En 1991, el senador Patrick Leahy presidió unas
audiencias del Senado estadounidense sobre los problemas en trabajadores del
tercer mundo ocasionados por pesticidas fabricados por empresas
estadounidenses. El senador Leahy reconoció que cuando la EPA prohibió el DBCP
en EEUU para casi todos sus usos, las multinacionales lo siguieron aplicando en
otros países. Advirtió que la búsqueda de beneficios por parte de las empresas
químicas que fabricaron el DBCP, las llevó a eludir la opinión de sus propios
científicos, mientras ocultaban información de estudios secretos, volcaban sus
venenos a otros países y devastaban la vida de miles de personas.
El tercer ángulo comprometido de esta historia es
la actuación que tuvo el Dr. Charles Hine y posiblemente otros científicos de
menor rango. Primero por su actitud con el obrero Wesley Jones, pero ante todo,
por haber seguido los dictados de los fabricantes y porque la concentración de
un ppm que sugirió en el trabajo científico de 1961 fue insuficiente, como se
demostraría años después. Además, hay sospechas de que fue determinada irresponsablemente
en base a que no se hicieron pruebas a dicha concentración y la mínima
estudiada fue de cinco ppm. Sobre este pasaje, el Dr. Luc Multigner, toxicólogo
del Instituto Nacional de Investigaciones Médicas de Francia, señaló que «en
este caso, lo que deberían haber hecho los investigadores es realizar un nuevo
protocolo toxicológico con concentraciones inferiores a 5 ppm (…) En los años
sesenta estas reglas internacionales no estaban establecidas. Sin embargo, el
concluir que a la dosis de 1 ppm no había efecto era evidentemente arbitrario
dada la ausencia de datos experimentales y supone cierta negligencia o ausencia
de juicio científico».
El Dr. Joseph Ladou, ex director del Centro
Internacional de Medicina Ocupacional de la Universidad de California–San
Francisco y ex editor jefe de la revista International Journal Occupational
Environment Health, en un artículo publicado en 1999 en dicha revista destacó
que algunos miembros de la comunidad científica criticaron el comportamiento
del Dr. Charles Hine en sus investigaciones sobre el DBCP, y animó a los
especialistas en salud de las empresas multinacionales a que no fueran
funcionarios pasivos de las corporaciones.
Por tanto, la actitud tolerante o incluso
negligente de autoridades, compañías y científicos involucrados, permitió que
el DBCP pudiera ser fabricado y vendido a gran escala sin advertir claramente
de sus peligros intrínsecos. Las
consecuencias ya las saben.
*Investigador asociado de la
Cátedra Tierra Ciudadana – Fondation Charles Leopold Mayer, de la Universitat
Politècnica de València
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