Hace pocas semanas, afirmé muy convencido que “yo no soy la presidenta de las corporaciones, soy la presidenta de los 40 millones de argentinos” fue la frase elegida por la jefa de Estado para definir en forma sintética y condensada cuál sería el eje de su accionar político e institucional a lo largo de los intensos cuatro años de gobierno que le quedan por delante.
A menos de un mes del 10 de diciembre, sigue siendo destacable aquella caracterización del discurso presidencial, preocupado porque fueron ellas, las corporaciones, las que más rápido y mejor leyeron las palabras de Cristina; y, lo que es peor, porque ciertos peligros acechan. Uno muy doméstico, como lo es el cerco con el que amenazan algunos de los sindicatos sostén de Hugo Moyano al frente de la CGT; y otro a escala medible sólo desde lo global, desde lo estructural del bloque de poder hegemónico, con apoyatura en el sistema financiero internacional. Este último capítulo nos abre un interrogante: ¿era necesaria la sanción de la llamada Ley Antiterrorista?
Empecemos por lo más cercano, aunque ambos tópicos nos hablan de domesticidades y cercanías. ¿Está acaso el país viviendo una ola de reivindicaciones salariales y protestas sociales? ¿Nos encontramos ante un frente de incertidumbres políticas, sin mandatos claros o inmersos en debates electorales? Menos que menos. Pues entonces, ¿a qué viene un llamado al paro de los judiciales una horas antes de la Nochebuena y a días de que sus trabajadores entren en vacaciones por feria? ¿Por qué los empleados de la AFIP convocan a una huelga más extensa de lo que les permiten los días hábiles de la presente semana, particularmente corta por los asuetos anunciados para las fiestas del 31 y del primero de año, sobre todo que es cierto aquello de que se trata de un sector beneficiado con algunos de los índices salariales más holgados del país? ¿Y a santo de qué Moyano hijo (Pablo) comunicó anoche, en medio aun de los festejos del 24 y el 25, que los camioneros están en estado de alerta y asambleario?
No nos hagamos los distraídos. Nadie que sinceramente acompañe el proceso de transformaciones políticas y sociales iniciado el 25 de mayo de 2003, ahora conducido en forma indudable por Cristina, porque así lo dispusieron las urnas, puede oponerse a la creciente participación en las riquezas socialmente producidas por parte de la clase trabajadora; entre otras cosas porque la distributiva es una de las matrices nodales de este proceso; pero nadie que siga en forma más o menos detenida los avatares de las pujas políticas, incluso los que se registran al interior del amplio espacio del oficialismo, desconoce que la ofensiva que lleva el sello de Moyano obedece más a su enojo por no haber participado en las listas electorales con la enjundia que él y otros sindicalistas pretendían, que a su firme convicción de que este es tiempo de luchas gremiales en pos de los derechos del pueblo trabajador; son los propios dirigentes gremiales quienes reconocen esto cuando hablan en voz baja, aunque también lo hacen para que otros los oigan.
Escribí la semana pasada que tanto la Rosada como la CGT tienen varios y buenos negociadores. Sería recomendable que se sentaran a conversar, pero cuidado con ellas, con las corporaciones, que nunca perdonan; y menos lo harán en un país presidido por una mujer que se encarga de decir, con todas las letras y ante millones de argentinos que la votaron y que no la votaron, que ella no les reconocerá privilegios.
Y pensando en corporaciones, observen qué fuertes son, sobre todo las que manejan el poder central de la economía y las finanzas, pese a la crisis (o debido a ella, atención) en sus principales capitales y territorios metropolitanos, que sin duda llevaron a nuestro gobierno a impulsar una ley, la llamada Antiterrorista, que poco necesita el país en términos de autodeterminación. Pudieron existir razones delicadas que le den explicación a semejante decisión gubernamental, y como (siempre enuncio desde dónde escribo) formo parte del colectivo multitudinario que acompaña a la presidenta, no me cuesta reconocer que en este trago amargo también la banco, como dicen los pibes.
Sin embargo, el proyecto nacional, popular y democrático todavía no pudo desplegarse con toda su potencia: en muchos de los jueces, por ejemplo, no se puede confiar aunque la misma ley diga que no es aplicable para reprimir la protesta social y ningún otro reclamo constitucional y de Derechos Humanos; menos aun en algunos de los políticos de la derecha impiadosa que aún gozan de buena salud; ¿cómo estamos por la Ciudad de Buenos Aires?
Con certezas acaba de opinar el juez de la Corte Eugenio Raúl Zaffaroni, para quien, según informara Tiempo Argentino ayer, (el GAFI) “es un organismo que se toma atribuciones que no tiene”, y que “extorsiona a nuestro país. Su objetivo no es evitar el lavado ni prevenir el terrorismo, sino controlar todo el movimiento financiero (…) Es una extorsión que nos hace el GAFI, de segunda categoría, que se atribuye más derechos que las Naciones Unidas (…) El GAFI recomendó que esa ley se transforme en obligatoria, pero en algún momento puede ser utilizada por alguien contra la protesta social o contra los sindicatos. En el país no necesitamos esta Ley Antiterrorismo.”
Elijo un tramo de las declaraciones de Zaffaroni –el objetivo del GAFI “no es evitar el lavado ni prevenir el terrorismo, sino controlar todo el movimiento financiero”– porque el mismo da en el mismo clavo que me llevó a investigar, hace algunos años, la lógica y la operatoria de las agencias económicas del gobierno de los Estados Unidos y de su propios servicios de inteligencia en torno a los circuitos del llamado dinero negro, ilegal o asistémico.
Aquella investigación culminó con un libro –El color del dinero; Norma; Buenos Aires; 1999–, desde el cual quedó en claro, porque así lo reconocieron, oportunamente y en Washington, altos funcionarios de la secretaría del Tesoro y varios de sus jefes espías (¿se acuerdan de Los Intocables? No eran del FBI ni de la CIA sino de aquella secretaría): el objetivo es que no dejen de existir las masas de dinero “negro”, pues sin ellas no hubiese sido posible el desarrollo capitalista desde los tiempos de las patentes de corso y del invento de la banca offshore, entre los siglos XVI y XVII. El objetivo es que esos dineros siempre engrosen las arcas del sistema bancario y parabancario estadounidense.
Cuando el libro citado salió a la venta, en la Argentina se estaba discutiendo el tema en el Congreso. Una diputada, Elisa Carrió, “compraba” todo lo que le vendían Los Intocables, con cuyos materiales elaboró su informe; mientras que otra representante del pueblo se negó a estampar su firma en semejante mamotreto, para bien del país, al cuestionar el “manejo personalizado y poco institucional” que, a su juicio, había desplegado Carrió en las pesquisas. Aquella diputada se llamaba Cristina Fernández de Kirchner.
A menos de un mes del 10 de diciembre, sigue siendo destacable aquella caracterización del discurso presidencial, preocupado porque fueron ellas, las corporaciones, las que más rápido y mejor leyeron las palabras de Cristina; y, lo que es peor, porque ciertos peligros acechan. Uno muy doméstico, como lo es el cerco con el que amenazan algunos de los sindicatos sostén de Hugo Moyano al frente de la CGT; y otro a escala medible sólo desde lo global, desde lo estructural del bloque de poder hegemónico, con apoyatura en el sistema financiero internacional. Este último capítulo nos abre un interrogante: ¿era necesaria la sanción de la llamada Ley Antiterrorista?
Empecemos por lo más cercano, aunque ambos tópicos nos hablan de domesticidades y cercanías. ¿Está acaso el país viviendo una ola de reivindicaciones salariales y protestas sociales? ¿Nos encontramos ante un frente de incertidumbres políticas, sin mandatos claros o inmersos en debates electorales? Menos que menos. Pues entonces, ¿a qué viene un llamado al paro de los judiciales una horas antes de la Nochebuena y a días de que sus trabajadores entren en vacaciones por feria? ¿Por qué los empleados de la AFIP convocan a una huelga más extensa de lo que les permiten los días hábiles de la presente semana, particularmente corta por los asuetos anunciados para las fiestas del 31 y del primero de año, sobre todo que es cierto aquello de que se trata de un sector beneficiado con algunos de los índices salariales más holgados del país? ¿Y a santo de qué Moyano hijo (Pablo) comunicó anoche, en medio aun de los festejos del 24 y el 25, que los camioneros están en estado de alerta y asambleario?
No nos hagamos los distraídos. Nadie que sinceramente acompañe el proceso de transformaciones políticas y sociales iniciado el 25 de mayo de 2003, ahora conducido en forma indudable por Cristina, porque así lo dispusieron las urnas, puede oponerse a la creciente participación en las riquezas socialmente producidas por parte de la clase trabajadora; entre otras cosas porque la distributiva es una de las matrices nodales de este proceso; pero nadie que siga en forma más o menos detenida los avatares de las pujas políticas, incluso los que se registran al interior del amplio espacio del oficialismo, desconoce que la ofensiva que lleva el sello de Moyano obedece más a su enojo por no haber participado en las listas electorales con la enjundia que él y otros sindicalistas pretendían, que a su firme convicción de que este es tiempo de luchas gremiales en pos de los derechos del pueblo trabajador; son los propios dirigentes gremiales quienes reconocen esto cuando hablan en voz baja, aunque también lo hacen para que otros los oigan.
Escribí la semana pasada que tanto la Rosada como la CGT tienen varios y buenos negociadores. Sería recomendable que se sentaran a conversar, pero cuidado con ellas, con las corporaciones, que nunca perdonan; y menos lo harán en un país presidido por una mujer que se encarga de decir, con todas las letras y ante millones de argentinos que la votaron y que no la votaron, que ella no les reconocerá privilegios.
Y pensando en corporaciones, observen qué fuertes son, sobre todo las que manejan el poder central de la economía y las finanzas, pese a la crisis (o debido a ella, atención) en sus principales capitales y territorios metropolitanos, que sin duda llevaron a nuestro gobierno a impulsar una ley, la llamada Antiterrorista, que poco necesita el país en términos de autodeterminación. Pudieron existir razones delicadas que le den explicación a semejante decisión gubernamental, y como (siempre enuncio desde dónde escribo) formo parte del colectivo multitudinario que acompaña a la presidenta, no me cuesta reconocer que en este trago amargo también la banco, como dicen los pibes.
Sin embargo, el proyecto nacional, popular y democrático todavía no pudo desplegarse con toda su potencia: en muchos de los jueces, por ejemplo, no se puede confiar aunque la misma ley diga que no es aplicable para reprimir la protesta social y ningún otro reclamo constitucional y de Derechos Humanos; menos aun en algunos de los políticos de la derecha impiadosa que aún gozan de buena salud; ¿cómo estamos por la Ciudad de Buenos Aires?
Con certezas acaba de opinar el juez de la Corte Eugenio Raúl Zaffaroni, para quien, según informara Tiempo Argentino ayer, (el GAFI) “es un organismo que se toma atribuciones que no tiene”, y que “extorsiona a nuestro país. Su objetivo no es evitar el lavado ni prevenir el terrorismo, sino controlar todo el movimiento financiero (…) Es una extorsión que nos hace el GAFI, de segunda categoría, que se atribuye más derechos que las Naciones Unidas (…) El GAFI recomendó que esa ley se transforme en obligatoria, pero en algún momento puede ser utilizada por alguien contra la protesta social o contra los sindicatos. En el país no necesitamos esta Ley Antiterrorismo.”
Elijo un tramo de las declaraciones de Zaffaroni –el objetivo del GAFI “no es evitar el lavado ni prevenir el terrorismo, sino controlar todo el movimiento financiero”– porque el mismo da en el mismo clavo que me llevó a investigar, hace algunos años, la lógica y la operatoria de las agencias económicas del gobierno de los Estados Unidos y de su propios servicios de inteligencia en torno a los circuitos del llamado dinero negro, ilegal o asistémico.
Aquella investigación culminó con un libro –El color del dinero; Norma; Buenos Aires; 1999–, desde el cual quedó en claro, porque así lo reconocieron, oportunamente y en Washington, altos funcionarios de la secretaría del Tesoro y varios de sus jefes espías (¿se acuerdan de Los Intocables? No eran del FBI ni de la CIA sino de aquella secretaría): el objetivo es que no dejen de existir las masas de dinero “negro”, pues sin ellas no hubiese sido posible el desarrollo capitalista desde los tiempos de las patentes de corso y del invento de la banca offshore, entre los siglos XVI y XVII. El objetivo es que esos dineros siempre engrosen las arcas del sistema bancario y parabancario estadounidense.
Cuando el libro citado salió a la venta, en la Argentina se estaba discutiendo el tema en el Congreso. Una diputada, Elisa Carrió, “compraba” todo lo que le vendían Los Intocables, con cuyos materiales elaboró su informe; mientras que otra representante del pueblo se negó a estampar su firma en semejante mamotreto, para bien del país, al cuestionar el “manejo personalizado y poco institucional” que, a su juicio, había desplegado Carrió en las pesquisas. Aquella diputada se llamaba Cristina Fernández de Kirchner.
*Periodista y escritor y profesor universitario.
Publicado en Tiempo Argentino
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