¡CON LA CONSTITUCIÓN NO, CLARÍN!

Por Cynthia Ottaviano*     
              

En los propios argumentos falaces de Clarín y La Nación se descubre que ellos son y fueron lo que ahora critican. En la democracia que proponen desde sus páginas, la palabra monopolio es diversidad y lo que asfixia es el aire puro, cuando la realidad es exactamente opuesta.   

Que se trata de “un ataque oficial”, de “controlar”, de “un embate” o “una embestida contra los diarios”; para “asfixiarlos”, “apoderarse” y “cooptar”; que es para concretar una “revancha”, un “despojo”, “sibilino”, “grave e inadmisible”; “una arremetida”, “un proyecto viciado de inconstitucionalidad”, “una injerencia peligrosa”, “polémica”, “inquietante”, “discriminatoria”, “con reglas espurias”, “tan difamatoria y obsesiva como en las peores dictaduras”. Podrían ser calificativos usados en 1976 cuando la Junta Militar, integrada por Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti, decidió asociarse a Clarín, La Nación y La Razón para apropiarse de Papel Prensa. Porque en sus planes no figuraba hacer negocios con un grupo judío y representante de la burguesía nacional como el Graiver. Por eso despojaron a sus integrantes, familiares y allegados de sus bienes, los secuestraron, los torturaron y hasta le quitaron la vida a uno de ellos, Jorge Rubinstein, mano derecha de David. Pero no, durante la última dictadura militar, los tres diarios ocultaron un genocidio para concretar un negocio. El mismo que hoy defienden con esas calificaciones que hace 35 años callaron. Entonces aseguran que el proyecto que ya tiene media sanción de Diputados y que se espera que se trate ahora en el Senado para declarar de interés público la producción, distribución y venta del papel para diarios “afecta directamente a uno de los principales basales de la democracia y el Estado de derecho”, es “una concepción autoritaria e incluso totalitaria”, “revanchista”, porque “Cristina Kirchner se siente dueña del poder” –que le dio el 54,11% de los votos–, y así busca “acometer contra los medios”, “confiscar Papel Prensa” o “la apropiación”. Eso considera el cártel mediático Clarín-La Nación, a juzgar por las publicaciones de las últimas semanas (Clarín 9-11-11, 13-12-11, 14-12-11,17-12-11, 20-12-11; La Nación 7-11-11, 8-11-11, 9-11-11, 14-12-11, 15-12-11, 16-12-11, 20-12-11). Lo consideran sus dueños, pero también sus periodistas, que visten el traje de fiesta a la que no están invitados. “Es un proyecto asombrosamente veloz”, “relámpago”, “exprés”, sostienen cuando saben que es un reclamo que lleva tantos años como tiene Papel Prensa, si no basta con leer La Voz del Interior del 11 de diciembre de 1978, la declaración de ADEPA del 19 de marzo de 1979, La semana de 4 de abril de 1979, la comunicación interna de la Embajada de los Estados Unidos en la Argentina del 17 de enero de 1980, el libro de Julio Ramos Los cerrojos a la prensa de 1993 o tantas otras publicaciones que denuncian el monopolio y la restricción a la libertad de expresión que ocasiona.
En un caso de memoria selectiva evidente olvidan incluso que el proyecto fue promovido desde el Poder Ejecutivo en agosto del año pasado y encuentra sus raíces en otros proyectos que tienen más antigüedad todavía. Que apenas hoy cuente con media sanción y busque la otra media en senadores se lo debemos al Grupo A, que funcionó como perfecto dique de contención a los intereses económicos de las corporaciones mediáticas.

La única asfixia certera es la que denunció Ramos en 1993, en la página 6 de su libro, al asegurar que “desde la instalación del monopolio del papel, hace 15 años, murieron en la Argentina 46 medios gráficos de prensa”. Pero esa realidad no ocupa ni un milímetro del papel prensa de Clarín y La Nación. Ni los apoyos actuales de Ámbito Financiero, Crónica, este diario y tantos otros perjudicados, que son recortados con prolijidad calculada. Tanto como el Pacto de San José de Costa Rica. En su artículo 13, punto 3, asegura que “no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos”. Sin embargo, cada vez que es citado por los defensores económicos de la única fábrica de papel del mundo manejada por dueños de diarios se cita por la mitad. Como lo hizo con malicia Silvana Giudici al explicar que “el artículo 32 y el Pacto de San José de Costa Rica imponen prohibición de legislar en materia de imprenta y restringir por vías indirectas los insumos”. Le faltó extenderse un poco más para recordar que esa restricción puede ser por parte de “controles oficiales (como el Estado) o particulares (como una empresa)”.

Además de recortarlo, también lo descontextualizaron, como ocurrió en el editorial del 18 de diciembre pasado de Clarín, el día que se atrevió a recortar la Constitución (y dieron ganas de decir a lo Sarlo: “Con la Constitución no, Clarín”) y sólo publicó el artículo 32. Al día siguiente este diario le recordó que el artículo 42 y el 13 del Pacto de San José de Costa Rica también forman parte de la Ley de leyes.

En Cerrojos a la prensa, Ramos dejó su “indignación” por escrito, hoy ocultada por quienes se oponen a la democratización del papel, por ende de la palabra. “Durante casi diez años se le cobra un impuesto a todos los diarios argentinos para montar una fábrica de papel y los militares, finalmente, se la regalan a sólo tres –escribió el fundador de Ámbito Financiero–. ¿Con qué derecho si la habíamos pagado todos? Peor aun: la pagamos todos los diarios argentinos, se la regala a sólo tres y luego nos eleva el arancel 44-48% para que no haya otra escapatoria que comprarle a la fábrica de esos tres a un precio exorbitante. Cuando cesó el arancel –con los radicales aunque la rebaja la inició Roberto Alemann en 1982– y el precio baja, entonces Papel Prensa no le vende a nadie. A precio bajo se benefician sólo los diarios dueños. ¿Puede sorprender entonces por qué Ambito Financiero enfrenta desde 1981 al monopolio Clarín?”

Pero claro, si leemos los diarios de los dueños imputados como sospechosos de ser partícipes necesarios de delitos de lesa humanidad, el proyecto que se impulsa desde el kirchnerismo es “para generar un pensamiento único”, “para disminuir la pluralidad”, “una hegemonía comunicacional”, ¿cómo se llama lo que ocurría en la Argentina hasta que diarios como Crónica, Ámbito Financiero, Tiempo Argentino; programas como 6,7,8 o tantos otros pudieron mostrar un punto de vista diferente, oculto por quienes detentaban la hegemonía discursiva, al comprar canales y diarios locales, después de acorralarlos económica o extorsivamente? ¿Cómo se llama el multiplicar licencias y acumularlas a centenas, haciendo firmar a sus periodistas cláusulas de censura previa? ¿Cómo al estructurarse verticalmente hasta convertirse en un monopolio o en un pulpo con posición dominante? ¿Cómo el querer acomodar la realidad a la propia necesidad y llegar al punto de reescribir la Constitución?

En los propios argumentos falaces de Clarín y La Nación se descubre que ellos son y fueron lo que ahora critican. En la democracia que proponen desde sus páginas, la palabra monopolio es diversidad y lo que asfixia es el aire puro, cuando la realidad es exactamente opuesta. El rey está desnudo y lo vemos. El engaño terminó.

*Jefa del Equipo de Investigación de Tiempo Argentino.