1 ¿Por qué el Gobierno vetó la ley?
La medida que impulsó la oposición no contemplaba fuentes de financiamiento para los aumentos y recálculos en los haberes. El director ejecutivo de Anses, Diego Bossio, reiteró ayer que el sistema previsional no cuenta con los recursos necesarios para asegurar la sustentabilidad de la medida en el tiempo.
El decreto presidencial que vetó la medida sostiene que su promulgación hubiera implicado la quiebra del sistema, algo que también habían sostenido los especialistas del Plan Fénix.
2 ¿Qué fuentes de financiamiento se plantearon para pagar los aumentos?
Desde algunos de los sectores que apoyaron la ley, como Proyecto Sur, se propuso como fuente de financiamiento restituir el nivel de las alícuotas de contribuciones patronales rebajadas por Domingo Cavallo. Otros, sin apoyar la ley del 82 por ciento, como Nuevo Encuentro, propusieron crear un impuesto a la renta financiera. Ninguna de esas posibilidades fue analizada con rigor por los legisladores opositores que, en cambio, plantearon postergar el tema del financiamiento a “una discusión posterior”, tal cual expusieron al menos cuatro senadores (incluso Julio Cobos, al desempatar) durante el debate en el recinto. La respuesta oficial fue que los recursos que así se obtendrían serían insuficientes para afrontar las mayores erogaciones, además de desfasados en el tiempo. Mientras que la ley ordenaba empezar a pagar las nuevas jubilaciones en 30 días, los impuestos a crear podían demorar un año antes de empezar a ingresar y las mayores contribuciones patronales tendrían un resultado incierto, dada la posibilidad de que aumentara el pago de salarios en negro (dejando de declarar una parte de las remuneraciones) como respuesta patronal.
3 ¿A partir de la ley, los jubilados pasaban a cobrar el 82 por ciento móvil de qué?
Del salario mínimo vital y móvil que fija el Consejo del Salario anualmente. Pero sólo como piso de remuneraciones a los pasivos. No era un aumento para todos. La prestación que percibe la mayoría de los beneficiarios hubiera pasado de 1042 a 1427 pesos, un aumento del 37 por ciento. Pero, además, a los jubilados con más años en calidad de pasivos les hubieran correspondido diferentes fórmulas de ajuste de sus haberes según el caso, de acuerdo con los artículos 5º, 6º y 7º. La divergencia de beneficios que esto hubiera provocado llevaba, por ejemplo, a que iban a producirse casos de jubilados que pasaran a cobrar más de 30 mil pesos mensuales y les correspondiera percibir retroactivos por un millón de pesos o más. El sistema propuesto por la ley que el Ejecutivo vetó establecía un piso móvil a las jubilaciones pero no un techo. Es decir, con un máximo ilimitado.
4 ¿Cuál era el costo de la ley votada en el Congreso?
Los aumentos en las jubilaciones costaban entre 40 y 50 mil millones de pesos. El incremento sobre la mínima contemplado en el artículo 1º de la vetada legislación implicaba una erogación inicial entre 18 y 25 mil millones de pesos anuales, dependiendo de quién realice el cálculo. El impacto de los tres artículos (5º, 6º y 7º) que establecen el recálculo de los haberes más altos no fue mencionado, en general, por ninguno de los participantes en el debate político. Esa parte de la ley referida a los fallos Badaro, Sánchez y Eliff de la Corte Suprema significaba un gasto probable de hasta 30 mil millones de pesos. Las resoluciones de la Justicia modifican el monto del haber inicial de los jubilados (art. 5º) y realizan distintos ajustes retroactivos en las prestaciones para distintos períodos (arts. 6º y 7º). El nuevo cálculo del mínimo debía aplicarse a los 30 días de la promulgación de la frustrada ley y los haberes recompuestos por los tres artículos citados se fijaban un plazo más amplio: 120 días corridos desde la promulgación.
5 ¿Cuál era el impacto distributivo de la ley?
Los aumentos en el monto de las jubilaciones reducían 1,5 punto porcentual la pobreza pero incrementaba 15 por ciento la desigualdad entre los ancianos. La medida ampliaba entre los jubilados los profundos contrastes distributivos que arrastra la población activa desde el fragmentado mercado de trabajo local, donde el 37 por ciento de la población se desempeña en empleos informales y precarios. El informe elaborado por los especialistas del Ceil-Piette del Conicet advertía que el impacto regresivo de la medida hubiera golpeado con más fuerza sobre las mujeres mayores de 60 años, empeorando la ine-quidad de género y desandando así parte de los avances logrados en los últimos años. Esto se debe a que los principales beneficiarios del recálculo en los haberes más altos son hombres, mientras que para el grueso de las jubiladas el incremento será el correspondiente a la mínima, ya que muchas ingresaron al sistema con la moratoria previsional.
6 ¿Qué pasaba con el Fondo de Garantías de Sustentabilidad?
El FGS está constituido por los recursos que se tomaron de las AFJP tras su desaparición. La espalda financiera de la seguridad social ascendió en julio pasado a 156 mil millones de pesos y está compuesta fundamentalmente por títulos públicos y acciones de empresas. La ley estipulaba que debía usarse la rentabilidad de las inversiones del fondo para pagar los aumentos. En Anses estiman que este año el fondo arrojará ganancias por hasta 8500 millones de pesos. Al mismo tiempo la legislación obligaba al Estado a vender cerca de 70 mil millones del FGS, ya que el último artículo de la ley sostenía que “los valores acumulados en el FGS no podrán superar el importe equivalente a las erogaciones por prestaciones anuales de Anses”. La venta compulsiva de esos activos en el corto plazo hubiera resultado en una fuerte pérdida de capital (estimada en 15 mil millones de pesos), permitiendo que las empresas recompren a muy bajo costo sus propias acciones. Para Anses era inviable sostener en el tiempo el pago de los aumentos con la renta financiera de un Fondo que debería ser más pequeño.
7 ¿Por qué el 82 por ciento y no el 90 o 100 por ciento del salario mínimo?
Aunque la iniciativa que impulsó la oposición se limitaba a elevar las jubilaciones mínimas hasta el 82 por ciento del SMVM, la propuesta es una remake del histórico reclamo que, en origen, estaba referido a todas las jubilaciones y como proporción de un salario activo similar al que tenía el beneficiario al jubilarse. El guarismo proviene de una ley de 1958 en los primeros años del sistema previsional argentino y tuvo plena vigencia pocos años.
8 ¿Cómo se financia hoy el sistema previsional?
Las jubilaciones de los más de 5,5 millones de mujeres mayores de 60 y los hombres mayores de 65 se cubren con ingresos provenientes de los aportes y contribuciones, y fuentes impositivas. Los recursos del sistema provenientes de ingresos tributarios (una parte del Impuesto a las Ganancias, el IVA y aquellos impuestos que se coparticipan con las provincias) representan hoy el 42 por ciento de los ingresos de Anses. En los noventa la capacidad de autofinanciamiento del sistema fue decayendo y el financiamiento impositivo fue ganando terreno. Esto fue consecuencia del creciente nivel de desempleo, que reducía aportes, pero, a la vez, iba incubando futuros viejos sin cobertura previsional. Es decir, cada vez más gente quedaba afuera del sistema. Esta situación comenzó a subsanarse en los últimos años mediante la inclusión de 2,5 millones de jubilados a través de las moratorias.
*Publicado en Página12 - 17/10/2010
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